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La coproducción de Seguridad: desafíos para la Seguridad Privada y Ciudadana en su rol coadyuvante Opinión

La coproducción de Seguridad: desafíos para la Seguridad Privada y Ciudadana en su rol coadyuvante

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Se debe forjar una cultura en que los esfuerzos de toda una sociedad que clama por seguridad, logre contener esta escalada de crimen y violencia para que las chilenas y chilenos puedan volver a tener tranquilidad y estabilidad para desarrollarse individual y colectivamente.


Desde hace un tiempo se ha ido desarrollando el concepto de “coproducción de seguridad” como un elemento orientador del desarrollo de políticas públicas y normativa, en el esfuerzo que hace el Estado para enfrentar la grave crisis de seguridad que nos afecta. El citado concepto propone que, si bien es deber del Estado proteger a sus conciudadanos (Art 1° CPR), se requiere trabajar de forma mancomunada entre el sector público y el privado, para mejorar las condiciones de seguridad y garantizar el derecho de las chilenas y chilenos a vivir en paz. De esta forma tanto el ámbito privado como el municipal se constituyen en coadyuvantes de la Seguridad Pública. Esta columna abordará los desafíos que se deducen de esta estrategia, considerando que la coordinación y la sinergia son esenciales para enfrentar al crimen organizado y a la delincuencia.

Dos normas recientes, se sustentan en este concepto, una, la Ley 21.659 “Sobre Seguridad Privada”, que entraría en efecto este año luego de ser aprobado el último de sus reglamentos; y la otra, el Proyecto de Ley que “Modifica la LOC de Municipalidades fortaleciendo su Institucionalidad en materias de seguridad y prevención del delito”, la que está avanzando en su trámite legislativo.

La Ley “Sobre Seguridad Privada”, consagra el rol preventivo, complementario y coadyuvante de la seguridad privada, unifica la regulación vigente y los criterios de su aplicación, tanto para las empresas que prestan servicios de seguridad privada como de aquellas que los contratan, siendo novedoso con respecto a esto último que se sistematizará la designación de aquellas entidades obligadas a implementar medidas de seguridad privada, clasificándolas de acuerdo a su nivel de riesgo. También se elevan considerablemente las multas por incumplimiento tanto a los proveedores como a las contratantes. Dedica un capítulo a la seguridad de los eventos masivos y asigna el rol fiscalizador a la Subsecretaria de Prevención del Delito con el apoyo de las autoridades fiscalizadoras (OS – 10, DIRECTEMAR y DGAC).

Por su parte, el mencionado proyecto de Ley dedicado a la Seguridad Municipal  se centra fundamentalmente en el recurso humano y su capacitación, reforzando la figura del “Director de Seguridad Publica”, estableciendo requisitos más técnicos que políticos para su designación. Pero lo más significativo es que se crea el rol de Inspector o Inspectora de Seguridad Municipal, estableciendo el perfil y requisitos para dicho cargo, así como una clara especificación de sus funciones y no menos importante, exigencias legales respecto de su capacitación.

Veamos cuales son los desafíos a superar para que estas normas hagan realidad la coproducción de seguridad.

El dilema del uso de la fuerza para la defensa propia y para la protección de otros

Diversas autoridades, han enfatizado en que tanto la Seguridad Privada como los Inspectores Municipales NO son policías, ni deben actuar como tales, y por tanto ejercen un rol de apoyo acotado pero muy poco definido. Lo anterior genera un dilema, cuando alguien o una actividad está siendo atacado por un grupo de delincuentes armados dispuestos a matar, ¿Cómo debe proceder al agente de seguridad, además de llamar a la fuerza pública?, ¿Cómo protege a los civiles afectados y a si mismo mientras llegan esas fuerzas? Es necesario recordar que tanto policías como guardias de seguridad e inspectores municipales han resultado muertos o lesionados cumpliendo su deber.

Es cierto que, los citados peligros se han minimizado con elementos de protección personal (EPP), como chalecos anti cortes y antibalas, cascos, entre otros, los cuales ya están normados y en uso, sin embargo, tanto para la autoprotección, como para la defensa de otros, se requiere avanzar en la utilización de otros elementos no letales que disuadan al delincuente y si ello no es posible coarten su acción.

Un buen ejemplo de como ese inventario podría ampliarse para diversos tipos de situaciones y actores, son las pistolas “Taser” o el “Bola Wrap” . De igual forma, elementos como el bastón de electroschock  resultaría de gran utilidad al enfrentar agresiones con armas blancas o cuando se es atacado por más de una persona. Algunos de estos medios están autorizados en la ley de control de armas, en otros debe ampliarse la disposición legal.

Un profesional idóneo, capacitado y competente

Las personas que se dedican a la seguridad deben poseer conocimientos y acabadas competencias, así como aptitudes para cumplir con este trabajo ya que de ello depende, no solo su vida, sino que la de otras personas, y por ello la profesionalización representa un imperativo. En la normativa, que se ha analizado se establecen exigencias para estos profesionales, sin embargo aún existe espacio para mejorar.

Una primera iniciativa tiene que ver con las estructuras organizacionales. La Ley “Sobre Seguridad Privada” es clara respecto a los diversos roles que deben existir en un sistema de seguridad, no obstante, el proyecto de Ley del ámbito municipal no crea cargos intermedios, lo que limita la delegación y supervisión en la estructura. El proyecto en trámite podría definir esos roles y establecer sus requisitos, su formación y capacitaciones.

La segunda dice relación con la capacitación, que si bien ya está definida, hay mucho que perfeccionar en cuanto a materias y metodologías. Se aprecia que falta más “entrenamiento”, especialmente en técnicas de defensa propia y reducción, uso de armas letales y no letales y  poner énfasis en las materias de ética y derechos humanos, toda vez que se han visto excesos en el accionar del personal de seguridad que solo desprestigian dicha labor.

La tercera iniciativa tiene que ver con implementar un “seguro de vida y de lesiones” que sea coherente con los riesgos que se asumen. Lamentablemente los montos asignados son demasiado bajos e insuficientes para la persona afectada y sus familias, y en el caso del proyecto de Seguridad Municipal la propuesta es discrecional.

Otro desafío es que los ámbitos público, privado y ciudadano, competirán por el mejor recurso humano. Aquí surge otra probable iniciativa relacionada con ofrecer a jóvenes voluntarios que cumplen con su Servicio Militar Obligatorio, capacitación y futuro empleo en el área, lo que se podría implementar capacitándolos como futuros agentes de seguridad a través de los cursos SENCE que se ofrecen durante la conscripción. Para ellos y a otros que se dediquen a la seguridad, representa una carrera de atractiva proyección.

Visión Sistémica, integración e Interoperabilidad

Como ya hemos mencionado, un sistema de seguridad tiene diversos componentes todos los que deben integrarse en un accionar adecuadamente sincronizado. Es por ello que una adecuada planificación, la que debe ser precedida de una apreciación o estudio de seguridad, permite generar respuestas oportunas y eficaces.

El Estado y otros actores

Sin perjuicio de que en el ámbito público solo se ha hecho referencia a las policías que operan en la dimensión de la disuasión y coerción, otros poderes del Estado y organizaciones del ejecutivo son también corresponsables de la producción de seguridad en diversos ámbitos como la prevención social, la persecución penal, la sanción y su cumplimiento, la reinserción y el apoyo a las víctimas.

Estos ámbitos de acción, también deben ser articulados, y si bien la creación del Ministerio de Seguridad Pública constituye un avance, se requiere en forma urgente una actualización de la Política Nacional de Seguridad Pública, cuya última versión data del año 2004, lo que resulta imperativo para orientar e integrar los esfuerzos del Estado en su Conjunto. Esta debería ser la primera prioridad de ese ministerio.

Corresponsabilidad y cultura de autocuidado

Finalmente, los ciudadanos también tienen responsabilidades, una primordial es el  ejercicio de la denuncia cuando se ven afectados por una situación de seguridad; y otra no menos importante, el autocuidado que cada uno debe practicar en su diario quehacer, evitando generar oportunidades al delincuente para que cometa un delito, “la oportunidad hace al ladrón” dice un viejo adagio.

En definitiva, se debe forjar una cultura en que los esfuerzos de toda una sociedad que clama por seguridad, logre contener esta escalada de crimen y violencia para que las chilenas y chilenos puedan volver a tener tranquilidad y estabilidad para desarrollarse individual y colectivamente, “la seguridad requiere del compromiso de todos”.

  • El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.
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