La monstruosidad de la diferencia

Estos títulos de corte amarillista que han transformado un complejo caso de convivencia escolar en un hecho criminal a la luz de un espectáculo de la monstruosidad y anormalidad, dan algunas claves sobre la importancia de la regulación y autorregulación de los medios de comunicación para la convivencia democrática y basada en el reconocimiento de la diferencia psíquica, de género y corporal, entre otras, al que hay que agregar, no como unas características de algunos grupos considerados “otros” y “distintos”, sino como un rasgo esencial de lo humano con tal. 

Esto nos obliga a pensar que convivir en la diferencia es un desafío que no está libre de dificultades, conflictos y de violencias, algunas más espectaculares, como la ocurrida en este caso –que sin lugar a dudas debe ser investigado, aclarado y reparado–, pero también otras más sutiles y cotidianas, como son las violencias simbólicas en la base de la criminalización o psiquiatrización de condiciones como el autismo, o el humor homofóbico, el clasismo, la gordofobia o los discursos de odio hacia los extranjeros, y un largo etcétera.

Particularmente en este caso lo infame de su tratamiento por parte de los medios hegemónicos y al alero del rating es que se ha generado un escenario de opinión pública en que pareciera que el problema es la “inclusión” o es la “falta de capacidad” de las escuelas para acoger a personas con autismo o incluso otras condiciones, tal como me lo indicó recientemente una periodista. 

Este tipo de aseveraciones sin mediar una reflexión generan eco en una sociedad que está constantemente bombardeada de mensajes de inseguridad y miedo al otro que no es idéntico y  ponen en riesgo  los avances de las políticas de convivencia escolar, pues dejan entrever que la solución es el regreso de las escuelas especiales, es decir, lugares o más bien reductos  en donde los “diferentes” o los “otros” sean ubicados lo más lejos posible del resto de los(as) niños(as) y jóvenes catalogados como normales. 

Los medios de comunicación no solo se deben a las demandas del mercado, sino que tienen una función social, especialmente en lo que refiere a eliminar los estigmas hacia las personas autistas tal como lo indican los sistemas de derechos humanos, así como la legislación nacional. 

Situar las violencias escolares en que se ven envueltas personas con condición de neurodivergencia  como un caso de monstruosidad o criminalidad en que la sociedad debe tomar partido por la profesora o el adolescente, es sembrar las condiciones para el avance de posturas conservadoras y antisociales ya instaladas en otros países muy cercanos al nuestro (basta cruzar la frontera), que ven en la inclusión, en los derechos humanos y la diferencia, al nuevo “enemigo poderoso” contra el cual hay que luchar, cuestión que como sociedad no debemos ni podemos aceptar.