Señor Director:
En relación con el artículo publicado destacadamente en su medio “El autoritarismo del rector de la U. de Talca, el mejor pagado de las estatales con 25 años en el cargo”, la semana pasada, me permito compartir algunas consideraciones, para intentar traer una mayor claridad a la nota publicada.
En primer lugar, quisiera manifestarle el malestar de nuestra comunidad universitaria por el carácter del texto que adolece de inconsistencias, ambigüedades, omisiones y uso abusivo de adjetivos.
Es expresión de una operación iniciada años atrás en contra de la Universidad y de mi persona, consistente en anónimos internos y otros dirigidos a personas relevantes del mundo de la política y de la educación superior, denuncias también anónimas a la Contraloría General de la República, blogs, videos, seguimientos y otros. Una campaña de persecución, desprestigio, hostigamiento y cyberbullying cuyo objetivo apunta a afectar la sana convivencia de nuestra comunidad, hoy día enfrentada a trascendentales desafíos.
En segundo lugar, parece conveniente destacar que se trata de un proceder que en absoluto reviste un carácter universitario y que ha transcurrido al margen de los amplios procesos de discusión democrática de estos últimos años, como por ejemplo el plan de desarrollo estratégico, la adecuación estatutaria y el informe de autoevaluación en el marco del proceso de acreditación. Estas son solo algunas de las múltiples instancias internas que han tenido lugar al interior de las distintas unidades académicas donde ha primado el carácter participativo y democrático a la altura de un proyecto universitario de excelencia reconocido tanto nacional e internacionalmente.
La opinión pública debe tener claridad de que todos los actos de una Universidad del Estado están afectos al control legal y administrativo de la Contraloría General de la República. También a la fiscalización de la Ley de Transparencia y por cierto a la mirada de los medios de comunicación y de la opinión pública; eso no está en duda.
En tercer lugar deseo subrayar, que si bien el medio que usted dirige nos contactó, solo preguntó por el problema administrativo asociado a la denuncia de una funcionaria en Contraloría y sobre las investigaciones administrativas que se abrieron por denuncias realizadas contra un profesor, de acuerdo con los procedimientos institucionales existentes sobre la materia.
Me proponía responder punto por punto las imprecisiones y pequeñeces de la nota periodística, explicando por ejemplo: a) el principio, que tal vez “autoritariamente” he tratado de hacer prevalecer, en orden a investigar administrativamente todas las denuncias que se reciben, bandera de lucha que el diario que Ud. dirige ha enarbolado tantas veces y que algunos, paradojalmente estiman como persecución, pretendiendo gozar de una condición de impunidad que por cierto no estoy disponible de aceptar o, b) la vigencia de un estatuto “que data de 1981, en plena dictadura”, sin explicar que rige para prácticamente todas las universidades públicas y, aún más, destacar que gran parte de nuestro ordenamiento jurídico, incluida la Constitución Política, data de esa fecha o, c) explicar que cambiar un automóvil que completó 400.000 kms, después de 11 años de uso por otro de la misma marca y del mismo modelo, no es un tema de interés periodístico.
Por cierto que ese camino me parecía indigno, como representante de una comunidad universitaria que ha hecho en las últimas décadas un esfuerzo notable por señalar un camino de excelencia en uno de los territorios más postergados del país y que acostumbra a discutir temas relevantes y de mayor trascendencia.
Estimado Señor Director, comparto con Ud. la tristeza que ha generado en nuestra comunidad la nota publicada en su medio, apelando a la imperiosa necesidad que tiene el periodismo en la era digital de profundizar en una adecuada y equilibrada consulta a las fuentes, contrastar las informaciones cuando los antecedentes vienen de un solo sector, verificar los datos y sobre todo, asumir la responsabilidad que se tiene frente a la opinión pública.
Alvaro Rojas Marín
Rector
Universidad de Talca
