El Programa del Gobierno de Piñera en materia ambiental fue un esfuerzo interesante, que cumplido implicaba avances relevantes para Chile. Sin embargo los resultados han sido muy pobres.
Apuntaba a la reestructuración y agilización del Sistema de Evaluación Ambiental, con altos estándares de calidad ambiental, asegurando certezas jurídicas para sus actores, aspecto largamente anhelado, faltando eso sí en la propuesta la ordenación ambiental del territorio, la existencia de términos de referencia entre titulares y el Servicio de Evaluación Ambiental, y la evaluación ambiental de alternativas. Sin embargo en estos temas los intentos han sido en esencia errados, y hasta la fecha sin nada concreto.
En materia de permisos se requería su simplificación, eliminar duplicidades, y reducir la discrecionalidad política, con un procedimiento reglado, vinculante y vigoroso para consultas de pertinencia ambiental. Debiendo además haberse agregado los seguros ambientales, cuya finalidad es garantizar los condicionados de las Resoluciones de Calificación Ambiental. La pregunta es ¿qué cambios jurídicos concretos se han logrado?
Se hacía cargo del sector forestal con la creación del Servicio Forestal, impulsando un proyecto de ley para pequeños y medianos propietarios en la creación de bosques para fines ambientales y madereros, mitigar el cambio climático y dar cumplimiento a los compromisos de reducción de emisiones, pero hasta la fecha no hemos verificado logros, como tampoco la entrada en vigencia del Servicio Nacional de Biodiversidad y Áreas Protegidas.
Promovía una minería sustentable e inclusiva en lo social, reduciendo la incertidumbre mediante reglas claras y estables, y hacer una revisión de las normas de cierre de faenas. Apoyaba la creación de mecanismos de diálogo y solución temprana de conflictos mediante la asociatividad, asi como la remediación de pasivos mineros. Pero ¿y qué pasó con la iniciativa “Valor Minero”?, esfuerzo valioso y útil que quedo en su primera etapa. Del mismo modo la oposición de este sector productivo al proyecto de ley de glaciares se contradice con las pretensiones de una nueva minería.
Para la pesca, reconocía su omisión en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), incorporando en las recomendaciones de cuota global de captura el enfoque ecosistémico / multiespecies y los efectos de los cambios ambientales. Este tema sigue ausente del SEIA al igual que las grandes plantaciones forestales, las que a pesar de sus enormes impactos ambientales, no se someten al SEIA.
Incorporaba en la Ley de Concesiones mecanismos para el desarrollo de obras de desalinización, trasvases y sistema de infiltración de agua, iniciativa de asociación pública-privada en la que han existido opiniones dispares dentro del mismo gobierno, por lo tanto nada se ha hecho.
Finalmente se prometía crear una cartera de planes de cuencas abordando la escasez y los requerimientos de infraestructura, así como planes estratégicos considerando la recarga e interacción de aguas superficiales y subterráneas, y la gestión integrada, avanzando además en la generación de nuevas normas de calidad del agua, atrasadas en varias décadas. Cabe sólo decir que el atraso todavía existe.
Es posible concluir de estos compromisos incumplidos, que se trataba de promesas que implicaban promesas que finalmente conspiraban contra un modelo basado en intereses económicos cortoplacistas, y que corresponde a la misma causa de las legítimas movilizaciones que se verifican hoy en Chile.
Eduardo Astorga
Abogado
