Señor Director:
Harta épica, foto y matinal ha traído el proceso de distribución de cajas de mercadería para «familias más vulnerables y de clase media» que anunció la semana pasada el gobierno. Como no había nada listo, han improvisado y han puesto en riesgo la salud de funcionarios/as municipales.
Desde el gobierno central no hay instrucción clara de quiénes serán beneficiarios de la caja. Se planificó confundiendo terminología básica: en reunión con alcaldes y alcaldesas se habló de una caja por predio, pensando que es lo mismo que vivienda. Y ni pensar que en una vivienda haya más de un hogar. En un predio puede haber más de una vivienda, y en una vivienda puede haber más de una familia.
El despliegue territorial quedó a cargo de los municipios. Tienen que sacar a funcionarios/as de sus cuarentenas, que se encuentran realizando su trabajo habitual, pero a distancia, a desarrollar y organizar la logística y repartir las cajas. Solo por mencionar una estimación rápida, hay comunas donde se repartirán 30.000 cajas. La capacidad de distribución de las cajas fluctúa dependiendo de varios factores, pero digamos que es del orden de mil cajas diarias. Si pretenden repartir 30 mil, demorarían 30 días. Entonces, en el contexto actual de emergencia sanitaria y económica más básica, esas últimas familias deberán esperar al menos 30 días para recibir la ayuda, muy alejado de las expectativas generadas por el gobierno.
El protocolo de entrega de las cajas contempla llenar una planilla de recepción donde se solicitan algunos datos básicos como nombre completo de quien recibe, RUN, fecha y hora de entrega y firma. Esto obliga a una interacción directa entre el funcionario o funcionaria municipal y quien recibe la caja. El papel de la planilla (con varias direcciones en una misma hoja) y el plástico del lápiz son vectores de contagio. En papel puede durar 4 días y en plástico 5, según especialistas. La misma planilla pasa por las manos de varios beneficiarios en cada ruta de distribución.
Si bien es un derecho de los pacientes que se resguarde su privacidad, en la práctica esto choca con la seguridad de los funcionarios que se encuentran en las labores de distribución, pues no saben en qué hogares hay contagios sintomáticos o asintomáticos, sin tener conocimiento de ello. No hubo indicaciones desde el gobierno central para prevenir contagios entre funcionarios o entre beneficiarios.
Los funcionarios salen a distribuir las cajas sin apoyo de Carabineros o militares. Hemos sabido que han reprimido en El Bosque, Cerro Navia, Puente Alto y San Bernardo al menos. Los militares quedan de punto fijo donde se acopian las cajas. Hago el punto del “orden público” en función de que no es extraño que haya agresiones o amenazas a funcionarios municipales en el marco de una emergencia donde queda al descubierto lo más profundo de las desigualdades históricas del país.
Finalmente, no hay claridad de cuántas cajas podrá disponer cada municipio. De un día para otro se avisan cantidades y con eso cada municipio gestiona el despliegue, sacrificando la eficiencia de los recursos públicos, entre ellos, el tiempo que los equipos dedican a esta labor.
Por todo lo anterior, ¿no era más fácil realizar una transferencia directa? Los funcionarios y funcionarias municipales se encuentran en una situación de sacrificio frente a un gobierno tozudo, que con una acción increíblemente insuficiente y paternalista en torno a las necesidades de la población, no contribuirá a contener la propagación del virus, y solo hará que una buena parte del funcionariado se contagie, y a su vez, sus familias. Todo esto pudo evitarse.
Priscila González Badilla
Administradora Pública
Grupo de Estudios sobre Políticas Públicas, Interseccionalidad y Desastres
Universidad Alberto Hurtado
