Señor Director:
Todo decía que el año de pandemia mundial y nacional vivido con dolor, temor y sacrificio, provocaría cambios en nuestro comportamiento y también en el de las organizaciones. El habernos mantenido en situación de alerta sanitaria, ser observadores de graves enfermedades y numerosas pérdidas de vidas, permitía pronosticar que haríamos un análisis profundo del sentido de nuestra existencia, como también el de las relaciones interpersonales e interinstitucionales.
Pareciera que es bastante difícil derribar los supuestos que subyacen a la competencia ilimitada que caracteriza nuestra cultura. Me refiero al individualismo, donde lo social se concibe como una yuxtaposición de intereses individuales, los que a su vez se cubren de bondadosas intenciones para la búsqueda de los mejores estados y beneficios posibles para la comunidad. También, hago referencia al comportamiento racional, aquel que cumple con dos condiciones: el perseguir fines consecuentes entre sí y que los medios empleados para alcanzar los fines son los más adecuados. A esto se suma la conducta egoísta, cuando los agentes adoptan sólo las decisiones que les reporten mayor utilidad individual sin considerar las que tomen los demás, ni las consecuencias que éstas puedan provocar. Por último, sigo observando el uso de estrategias maximizadoras, es decir aquellas que buscan logros cuantitativos, por sobre los cualitativos.
Todas estas reflexiones surgen desde mi rol ciudadano, pero en especial como rector de la Universidad de Magallanes, única institución estatal ubicada en esta región aislada y extrema, como también íntimamente ligada a su historia y desarrollo, la que como todos los años soporta la competencia de instituciones tanto privadas como públicas, quienes buscan pequeños grupos de estudiantes. Ahora, con mayor razón, pues la educación virtual fortalecida en pandemia, les permite permear fácilmente los hogares magallánicos.
El tener un sistema de Educación Superior estatal fortalecido, me inspiró post ley, pues entendí que buscaríamos metas comunes en beneficio de los territorios a que cada institución pertenecía, que compartiríamos mecanismos de selección, proyectos de innovación docente y de investigación, entre otras acciones comunes, como las realizadas con la Red de Laboratorios COVID. No puedo negar que algo de esto ha sucedido, pero la experiencia no ha sido tan profunda y significativa, como para dejar de competir por la captación de estudiantes.
Lo anterior me confirma que los profundos cambios que se están proponiendo realizar en una nueva Constitución son cada vez más necesarios, pues no sólo requerimos un Estado garante de los derechos sociales, entre ellos el de la Educación, sino también una distribución del poder regional y comunal que también permita regular algunos aspectos formativos como el que he declarado en los párrafos iniciales. No se trata de lograr mayor autonomía administrativa, sino también política y judicial, que posicione a la Universidades Estatales en un lugar especial y relevante para el desarrollo del territorio.
Juan Oyarzo Pérez
Rector Universidad de Magallanes
