Triple homicidio en Cañete: ¿estuvo a la altura la reacción de la clase política?

No caben palabras para calificar la brutalidad, el ensañamiento y crueldad. Lo que ocurrió en Cañete el sábado 27 de abril –una señal desafiante, por lo demás– provocó un dolor nacional, que no pertenece a ningún sector político, pese a que varios parlamentarios de derecha intentaron “adueñarse” del drama de la institución policial. Hasta ahora se manejan distintas líneas investigativas con carácter de secretas, pese a que nos hemos enterado de algunas de ellas por la prensa. Por la brutalidad del crimen y el modus operandi, la tesis del involucramiento de organizaciones narcoterroristas vinculadas al tráfico de drogas y robo de madera pareciera tomar fuerza.

Sin embargo, aún no existe claridad sobre los autores y el móvil de este triple asesinato –que me hizo recordar al de Parada, Guerrero y Nattino en dictadura–. Pese a ello, varios líderes políticos se aventuraron a especular, a las pocas horas de ocurrido el hecho, acerca de la autoría, sus cómplices, además de asignar responsabilidades. De inmediato, la derecha se encargó de pedir la cabeza del gobierno –casi completo–, de asociar antiguas declaraciones de quienes hoy son autoridades con el crimen y sembrar un manto de dudas y sospechas, incluso de otros poderes del Estado. ¿Se darán cuenta, nuestros políticos, del daño que causan a las instituciones cuando difunden noticias a medias o incluso se hacen cargo de fake news en directo por TV? Patético fue el episodio del diputado Alessandri que difundió una supuesta amenaza de bomba en la casa del general director. Aunque la información fuera cierta –no lo era–, la denuncia solo contribuía a sembrar el miedo y pánico de los televidentes, pero principalmente debilitaba más a la policía.

Tengo una buena impresión de Evelyn Matthei como alcaldesa, sin embargo, su declaración de que los fiscales “inventaban delitos” para sacar al general Yáñez, es francamente preocupante viniendo de una candidata presidencial. No solo estaba dando cuenta de un delito, sin entregar pruebas ni nombres, sino que, además, podía provocar una caza de brujas. En momentos de crisis, la gente no distingue realidad de “interpretaciones” y eso es muy peligroso. Su temeraria frase no hace más que ahondar la desconfianza en una institución que necesita más que nunca contar con la credibilidad de la población, ya que es la encargada de perseguir a los delincuentes. Pero lo más grave es que representa un claro menoscabo –porque es una acusación grave al voleo– para otro poder del Estado, algo que quien aspira a llegar a La Moneda no debe ni puede realizar nunca. Distinto es la crítica.  

En un sector de la izquierda las especulaciones tampoco han estado a la altura. Si revisamos las RRSS, van desde culpar a agrupaciones gremiales de la región hasta sembrar la duda sobre un diario que publicó una fotografía en que la camioneta blindada de Carabineros se estaba incendiando. Por supuesto que llama la atención la foto –NO circulan otras evidencias fotográficas–, aunque de ahí a las conjeturas que circularon, la distancia es enorme.

Pero, sin duda, lo que constituye un precedente de consecuencias insospechadas en nuestro ordenamiento jurídico es lo que ha rodeado a la formalización y permanencia del general Yáñez. Partamos por el hecho de que el sentido común indicó de inmediato que remover a la cabeza de la institución no era lo más adecuado. No hay nada más torpe que debilitar la jefatura en una crisis. Aunque curiosa fue la reacción de algunos políticos para pedir la renuncia de todo el mundo –en efecto, la derecha exigió que salieran Tohá, Monsalve y otros–, pero fueron bastante selectivos porque dejaron fuera de la responsabilidad a la Armada –que está a cargo de la vigilancia en el territorio– e, incluso, a la jefatura de Carabineros que tiene una unidad importante de COP en la macrozona sur. 

Y aunque se politizó el debate, al menos fue el único punto de acuerdo en las horas siguientes a la emboscada fatal: Yáñez tenía que seguir al mando. De paso, La Moneda borró de un plumazo el llamado “criterio Tohá”, antes de comenzar a aplicarse. Aunque lo realmente peligroso es lo que ocurrió con la formalización que se llevaría a cabo el 7 de mayo. El Fiscal Nacional informó que habían tomado en cuenta la petición de postergación de la audiencia, argumentando que la defensa podría aportar más pruebas –pese a que el proceso lleva cuatro años en desarrollo– y, por tanto, se postergaba la formalización para octubre, es decir, cuando el general terminé su mandato. Por supuesto que el argumento entregado no tiene que ver con la realidad. Simplemente fue una decisión política de la Fiscalía Nacional. 

Con este cambio de criterio judicial, el Fiscal Nacional dio un paso peligroso. ¿Por qué no podría repetir esta conducta política para “manejar” los tiempos de un proceso, dependiendo de la sensibilidad pública? Creo que la nueva “doctrina Valencia” estableció un precedente que será exigido cada vez que haya un caso que impacte a la sociedad.

El Parlamento, por su parte, mostró una vez más que trabaja con la mirada puesta en las cámaras y los flashes. Haciendo gala de su populismo –creen que la gente no se da cuenta–, acordaron suspender las sesiones distritales y cambiarlas por reuniones en Sala, con el objetivo de “sacar” proyectos vinculados a seguridad. ¿Por qué no lo hicieron antes?

También les faltó altura a algunos en el PC y Frente Amplio. Primero optaron por fondearse, para luego salir a criticar la decisión de La Moneda de no remover al general Yáñez. Mezquindad política en tiempos de crisis. Maite Orsini señaló que no daría su voto en la discusión de los proyectos de seguridad y la DC se restó del homenaje a Carabineros en el Congreso. 

Sin embargo, de todos lo actores involucrados, el Gobierno pudo pasar bien la prueba, en particular el Presidente, Carolina Tohá y Manuel Monsalve. Reaccionó rápido esa noche, convocando a los tres poderes del Estado a viajar a la zona del asesinato para dar una señal de unidad país. Fue capaz de modificar el criterio definido unas semanas antes y estableció una complicidad muy cercana con la institución golpeada. Mención aparte para Gabriel Boric. El Mandatario se mostró empático pero firme, repitiendo un libreto muy similar al de la muerte de Piñera. 

Creo que Boric y muchos políticos del FA y el PC aprendieron la lección. Más allá de la coyuntura, las instituciones estables de una sociedad deben ser cuidadas. Criticadas, pero cuidadas. Lo mismo deberíamos esperar de Evelyn Matthei. Cuando vuelva de EE.UU. ojalá sea capaz de decir me equivoqué al afirmar que había fiscales que inventaban delitos para perjudicar a Carabineros o, de lo contrario, entregar los antecedentes a la justicia. 

Me respondo a mí mismo la pregunta con que empecé esta columna. Definitivamente no.