Señor director:
Si bien veníamos desde hace algún tiempo con un serio problema para el combate al crimen organizado, que ha puesto graves dificultades en su persecución y juzgamiento, el crimen de tres carabineros -hace un par de semanas- fue un hito que aceleró todo por la conmoción nacional que generó.
Los Diputados suspendieron su semana distrital para legislar con urgencia cuestiones pendientes desde hace algún tiempo. Por ejemplo, todo lo ligado con las RUF (Reglas de uso de la fuerza), y el proyecto de Ley sobre delitos terroristas.
Más allá de las buenas intenciones (no tengo porque ponerlas en duda) y descartando aprovechamiento político (no podría afirmarlo, estando en juego algo tan serio y delicado), ha habido un sector que ha intentado la tramitación de las RUF para volver al estadio anterior en materia de Justicia Militar. Otros han planteado la necesidad de reponer la pena de muerte cuando se trata del homicidio de un carabinero. Otros han pedido que se disponga el estado de sitio.
Insisto en que no quiero asignar intencionalidades a estas propuestas, pero es un hecho que más que facilitar la discusión, la han contaminado con elementos que no tenían porque mezclarse.
Como sea, cabe recordar que la tarea de legislar es una labor muy seria y trascendente, y significa que todos la asuman con total compromiso y estudio. Con todo, la ley no tiene poder taumatúrgico. No basta solamente con leyes. Sin duda que éstas sirven, especialmente cuando están bien diseñadas y no son fruto de fórmulas de compromiso que terminan desfigurándolas, y complicando su real eficacia.
Probablemente se requerirá también cambios en el Código Procesal Penal, de cara al crimen organizado. Pero más allá de las leyes, se necesita inversión en jueces, fiscales y policías, que operan hoy bajo una recarga que les impide cumplir adecuadamente. Se requiere inversión en cárceles especiales para condenados por crimen organizado. Este flagelo debemos detenerlo antes que penetre nuestras instituciones, y para ello el reloj está corriendo. Y desde luego, no hay espacio para cálculos políticos, sino que debe primar una mirada de bien común, que busque establecer la seguridad y tranquilidad de todos y todas.
Diego Palomo,
U. de Talca
