Señor director:
Las recientes cifras del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) sobre el empleo en la población extranjera en Chile revelan una realidad compleja que merece nuestra atención. Si bien, la tasa de desocupación extranjera ha disminuido al 6,4%, lo que podría interpretarse como una buena noticia, no podemos ignorar el preocupante aumento de la informalidad laboral en este sector.
Es alarmante que la tasa de ocupación informal haya crecido un 2% en doce meses, alcanzando un 32,2%. Esto significa que uno de cada tres trabajadores extranjeros se encuentra en condiciones laborales precarias, sin acceso a beneficios sociales ni protección legal adecuada. La situación es particularmente crítica entre las mujeres, con una tasa de informalidad del 34,5%.
La informalidad no solo afecta a los trabajadores extranjeros, sino que también impacta negativamente en la economía nacional, reduciendo la recaudación fiscal y perpetuando ciclos de pobreza.
Este escenario plantea desafíos significativos a nivel país, y es imperioso que tanto el sector público como el privado tomen medidas concretas para fomentar la formalización del empleo. Esto implica simplificar trámites burocráticos, ofrecer incentivos a empresas que contraten formalmente, y fortalecer la fiscalización laboral.
Asimismo, hay que implementar programas de capacitación y orientación laboral específicos para la población extranjera, con miras a su ingreso al mercado laboral formal.
El progreso de Chile depende de nuestra capacidad para construir una economía inclusiva y sostenible. Abordar la informalidad laboral no es solo una cuestión social, sino una necesidad económica para asegurar el desarrollo a largo plazo de nuestro país.
Kerim Rumie
