Señor director:
En la prensa se ha destacado el prolongado periodo de vacancia en el cargo de Contralor General de la República, el más largo desde el retorno a la democracia. Esta situación refleja las dificultades que han tenido las fuerzas políticas para acordar el nombramiento de una nueva autoridad. Sin embargo, la Contraloría sigue funcionando plenamente, cumpliendo su mandato constitucional.
Dado el actual diseño de la Contraloría General, donde su titular concentra un poder casi absoluto, con escasos contrapesos internos, es indispensable que el nombramiento del sucesor de Jorge Bermúdez se haga sobre la base de un amplio consenso. En la práctica, el contralor imprime un sello personal en la jurisprudencia administrativa que se desarrolla día a día, lo que refuerza la necesidad de contar con un acuerdo mayoritario y extendido para su designación.
La exigencia de una supramayoría en el Senado para la elección del Contralor General, contemplada en la actual Constitución, es una medida prudente y necesaria para asegurar un equilibrio institucional. Esto garantiza, entre otras cosas, una adecuada fiscalización de los actos de la Administración, y obliga a las fuerzas políticas a llegar a un consenso que permita elegir a una persona capaz de ponderar, de manera oportuna, el ejercicio del poder en dicho cargo. Esto es fundamental para el correcto funcionamiento de la democracia y para mantener la credibilidad en nuestras instituciones.
Más allá del sentido de urgencia que se ha manifestado en los últimos días, en un contexto en el que nuestras instituciones democráticas están nuevamente bajo escrutinio, esta elección cobra especial relevancia. Defender a las instituciones es parte esencial del rol de la política y de quienes tienen el honor de ejercerla.
Daniel Burgos Bravo
