Señor director:
No bastó que el presidente Boric lo anunciara en la cuenta pública de este año: la última actualización de la Ley Ricarte Soto aún no está publicada y, como pacientes, seguimos esperando.
Esta ley, conquistada tras la histórica “Marcha de los Enfermos” en 2013, brindó esperanza a miles de pacientes que requerían tratamientos de alto costo. Sin embargo, hoy esa esperanza se ve amenazada por preocupantes retrasos.
El último decreto se dictó en 2019, y uno nuevo debió entrar en vigencia en 2022. No obstante, el Ministerio de Salud aún no ha cumplido con el compromiso presidencial, dejándonos sin la posibilidad de acceder a nuevas opciones terapéuticas o coberturas que podrían mejorar significativamente su salud y calidad de vida. Incluso, la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados ya ha enviado dos oficios a la Dirección de Presupuestos, para obtener alguna respuesta, evidenciando así su preocupación por un tema país.
La demora de casi dos años en la publicación del último decreto es injustificable, dada la urgencia de incorporar nuevos tratamientos y el compromiso presidencial. Es crucial que las autoridades atiendan esta necesidad sanitaria apremiante. Preocupa además la escasa periodicidad e inclusión de nuevas tecnologías, limitándose a sólo tres en este, por lo que esperamos que en el próximo decreto sean más. No podemos permitir que el avance logrado hace una década y reafirmado por el presidente se diluya debido a la inercia administrativa.
No bastó que el presidente Boric lo anunciara en la cuenta pública de este año: la última actualización de la Ley Ricarte Soto aún no está publicada y, como pacientes, seguimos esperando.
Esta ley, conquistada tras la histórica “Marcha de los Enfermos” en 2013, brindó esperanza a miles de pacientes que requerían tratamientos de alto costo. Sin embargo, hoy esa esperanza se ve amenazada por preocupantes retrasos.
El último decreto se dictó en 2019, y uno nuevo debió entrar en vigencia en 2022. No obstante, el Ministerio de Salud aún no ha cumplido con el compromiso presidencial, dejándonos sin la posibilidad de acceder a nuevas opciones terapéuticas o coberturas que podrían mejorar significativamente su salud y calidad de vida. Incluso, la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados ya ha enviado dos oficios a la Dirección de Presupuestos, para obtener alguna respuesta, evidenciando así su preocupación por un tema país.
La demora de casi dos años en la publicación del último decreto es injustificable, dada la urgencia de incorporar nuevos tratamientos y el compromiso presidencial. Es crucial que las autoridades atiendan esta necesidad sanitaria apremiante. Preocupa además la escasa periodicidad e inclusión de nuevas tecnologías, limitándose a sólo tres en este, por lo que esperamos que en el próximo decreto sean más. No podemos permitir que el avance logrado hace una década y reafirmado por el presidente se diluya debido a la inercia administrativa.
Gonzalo Tobar
Presidente Alianza Chilena de Agrupaciones de Pacientes
