Señor director:
En un mercado competitivo, los casinos tienden a invertir más y diversificar sus servicios, lo que fomenta la recaudación fiscal a través de una mayor actividad económica. Bajo esta premisa, cuando se detecta colusión, la fiscalización tributaria se intensifica, ya que estas prácticas pueden estar acompañadas de irregularidades fiscales. Las empresas coludidas no solo enfrentan las sanciones del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, sino que también deben lidiar con un mayor escrutinio del Servicio de Impuestos Internos.
La colusión limita la dinámica del mercado al reducir la competencia, lo que puede influir en la recaudación de impuestos al generar menos incentivos para la expansión y mejora de los servicios en la industria. Esto también implica una disminución en la cantidad de inversiones y en la creación de empleos, ambos factores que afectan indirectamente los ingresos fiscales, como el Impuesto a la Renta y el IVA, que dependen de una economía activa y competitiva.
En Chile, la colusión es perseguida tanto por la fiscalía Nacional Económica (FNE) como por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), institución que tiene por objeto promover y defender la libre competencia en los mercados. Es bueno recordar que el mercado de los casinos en Chile está altamente regulado por la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) y las multas a las que se ven expuestos por colusión pueden ser significativas.
La confabulación en los casinos no solo afecta a los consumidores, sino que también erosiona la capacidad del Estado para recaudar impuestos de manera eficiente. Esta práctica genera distorsiones en el mercado que limitan el crecimiento económico y afectan negativamente la recaudación, comprometiendo los recursos destinados a financiar los servicios públicos esenciales, dado que, pues limita los recursos que dependen de una economía competitiva y en crecimiento.
La defensa de la libre competencia es clave no solo para el buen funcionamiento del mercado, sino también para la estabilidad fiscal del país.
Claudia Meza S.
Académica FEN UNAB
