Señor Director:
En tiempos en que la desinformación está a la orden del día, es urgente elevar los estándares y el rigor de los contenidos periodísticos en los medios tradicionales —prensa escrita, radio y televisión—, especialmente en la cobertura de temas jurídicos o judiciales, y en particular aquellos que se refieren a asuntos penales. Las palabras y expresiones técnicas importan en estos temas, pues inciden en la percepción que la ciudadanía tiene respecto de su desarrollo. Así, por ejemplo, es un error que se continúe transmitiendo la idea de que la calidad de “imputado” es sinónimo de “condenado”; o que existe la figura de “formalizado”: la formalización es un acto procesal en el cual el fiscal comunica al imputado, en presencia de éste y del juez de garantías, los hechos que están bajo investigación. Lo que se formaliza es la investigación, no a la persona. La prisión preventiva, por su parte, es una medida cautelar de carácter temporal, no una pena privativa de libertad anticipada. En ninguna de estas situaciones se pierde o afecta la presunción de inocencia, que sigue vigente hasta que existe una sentencia condenatoria firme.
Tampoco es correcto equiparar una querella a una demanda o a una denuncia, ni confundir la admisión a trámite de un recurso con la aceptación de su contenido. No es lo mismo que se “declare admisible” a que se “acoja” una determinada presentación. La honra y privacidad de las víctimas, especialmente de menores de edad o en casos de delitos sexuales, no debe verse menoscabada por el afán de exponer detalles de una carpeta investigativa obtenida irregularmente, con el único fin de dar un “golpe noticioso” y captar a las audiencias en desmedro de sus derechos fundamentales.
Es urgente y necesario que las Escuelas de Periodismo refuercen la educación de sus estudiantes en estos aspectos normativos en sus mallas curriculares, y que los periodistas asuman el compromiso de autoformarse, comprendiendo a fondo las implicancias éticas y legales de su ejercicio profesional, para comunicar de mejor forma a la ciudadanía y fortalecer la descuidada dimensión social de la libertad de expresión: el derecho de todos y todas a recibir información veraz, oportuna y objetiva.
Javier Gallegos Gambino
Abogado Universidad de Chile
Magíster USACH
Docente universitario
