Señor director:
En la reciente discusión del presupuesto 2025, hemos observado con preocupación la reducción de los fondos a $1000 para sitios de memoria, el Plan Nacional de Búsqueda y el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). Los compromisos internacionales obligan al Estado a respetar y proteger los derechos humanos, por lo que estas iniciativas no pueden ser moneda de cambio en negociaciones políticas.
Estas medidas de justicia transicional responden a necesidades generadas por los crímenes de la dictadura. El INDH, además, está mandatado para enfrentar violaciones de derechos humanos actuales, demostrando su relevancia en el presente y futuro. La adecuada implementación de estas iniciativas dignifica a las víctimas y contribuye a fortalecer la democracia y la confianza en las instituciones. Su precariedad, por el contrario, refleja el desinterés político por asumir las deudas históricas del país.
Reducir estos presupuestos a una cifra simbólica como herramienta de transacción política no solo profundiza el daño hacia las víctimas, sino que también perpetúa una cultura que deshumaniza nuestra convivencia social. Además, envía un mensaje pésimo para las nuevas generaciones sobre la importancia de los derechos humanos y la memoria como pilares de una democracia plena.
Tamara Jorquera
Directora del Magíster en Investigación en Psicología UAH
