Señor Director:
En una sociedad donde la incomunicación y el individualismo parecen ser la norma, resulta inquietante que estas dinámicas estén permeando también nuestras instituciones políticas. Hoy más que nunca, la independencia judicial, uno de los pilares fundamentales de cualquier democracia, enfrenta un peligro latente.
Hace apenas dos meses, desde el Congreso se anunciaba con entusiasmo un proyecto de reforma judicial destinado a fortalecer la transparencia, basando el proceso de selección de miembros del Escalafón Primario del Poder Judicial en el mérito y la integridad, y eliminando las influencias políticas en este Poder del Estado. Sin embargo, ese discurso parece quedar en el olvido cuando el mismo Congreso solicita al Presidente de la República que, en uso de sus facultades constitucionales, pida a la Corte Suprema evaluar el comportamiento de una jueza por aplicar el artículo 146 del Código Procesal Penal.
¿Es este el camino hacia una justicia transparente e independiente? Difícilmente. Lo que vemos es una preocupante contradicción: se prometen reformas para fortalecer la independencia judicial, pero se actúa en sentido contrario al intentar politizar una decisión judicial bajo el pretexto de sancionar un “mal comportamiento”. ¿Desde cuándo una decisión judicial, revisable por instancias superiores, debe ser objeto de escrutinio político?
El artículo 6 de la Constitución es claro: cada poder del Estado debe limitarse a sus funciones, sin intervenir en las de otros. La separación de poderes es esencial para evitar que las decisiones judiciales se vean sometidas a intereses externos. Cuando el Congreso utiliza el artículo 80 para cuestionar una resolución basada en la normativa vigente, no solo se pone en duda la actuación de la jueza, sino también la autonomía de todo el sistema judicial.
Si permitimos que decisiones judiciales se revisen bajo presiones políticas, nos encaminamos hacia un peligroso absolutismo, en el que las garantías constitucionales se convierten en papel mojado. Es hora de abandonar la búsqueda del aplauso fácil y asumir con responsabilidad las funciones que nos corresponden, respetando las bases de nuestra institucionalidad.
Garantizar el orden institucional, como lo exige el artículo 6 de nuestra Constitución, no significa interferir en el Poder Judicial, sino proteger su independencia. Solo así podremos aspirar a una justicia imparcial y a un sistema democrático verdaderamente sólido.
Mariela Hernández Acevedo.
Presidenta
Héctor Benavides Silva
Integrante Comisión de Gobierno Judicial
Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados.
