Señor Director:
El reciente caso de un niño de 10 años que sufrió una grave lesión en un colegio de la Región Metropolitana nos pone frente a una realidad dolorosa: el bullying sigue siendo una herida abierta en nuestras instituciones educativas.
Las cifras no mienten y reflejan una situación alarmante. En 2023, la Superintendencia de Educación recibió 4.502 denuncias por maltrato entre estudiantes, un leve descenso del 12% respecto a 2022, pero aún el segundo registro más alto de la última década. Este problema no se limita al aula física.
El impacto del bullying trasciende el aula: afecta el rendimiento académico, desestabiliza la salud mental y, en los casos más extremos, cobra vidas. Según un estudio de la Universidad de Chile, uno de cada cinco estudiantes en el país ha sido víctima de hostigamiento. La exposición al acoso genera ansiedad, depresión e incluso pensamientos suicidas. Esto no es un dato más, es una urgencia social.
A pesar de los esfuerzos institucionales y las campañas de sensibilización, el bullying persiste. ¿Por qué? Porque no basta con buenas intenciones. Las escuelas necesitan programas de prevención efectivos que incluyan educación emocional y promuevan el respeto mutuo. Los padres deben asumir un rol activo, inculcando valores de empatía y tolerancia, y estando atentos a señales de alerta. La indiferencia nunca puede ser una opción.
Cada caso de bullying que conocemos debe impulsarnos a actuar con más fuerza. Es hora de asumir este desafío con seriedad. Porque ninguna campaña está de más, y ningún esfuerzo es pequeño cuando se trata de proteger la vida y el bienestar de nuestros jóvenes.
Juan Pablo Venegas
Gerente de Incidencia Pública
World Vision Chile
