Sr. Director
En la edición de “El Mostrador” de 23 de diciembre de 2024 se publicó un artículo titulado “Ravanales, Simpertigue y Matus: el triángulo de la incertidumbre por Dominga”, y el 24 de diciembre, le siguió otra publicación del newsletter Juego limpio, suscritos por el periodista Héctor Cossio López.
En dichos artículos se hace una serie de interpretaciones del periodista, sobre una especie de concierto con el ministro Matus para favorecer al proyecto Dominga con “movidas de última hora” o “maniobras”.
En los artículos en cuestión se afirma que “la participación de Matus en la causa de Dominga se aprecia insostenible […] por su vinculación de amistad con el abogado Marcelo Castillo, quien aparece individualizado por Matus como uno de los abogados sobre los cuales le pesa inhabilidad por su cercanía”. En efecto, a la fecha de los artículos no existía ningún recurso de casación en tramitación en la Corte Suprema respecto del cual hacer valer una eventual inhabilidad del ministro Matus o de cualquier otro de los ministros, lo que es un derecho para las partes, y previo a ello renuncié al patrocinio en la causa. Por tanto, no existe ninguna inhabilidad que alguien pueda reclamar respecto de mí persona.
Las inhabilidades del Art. 196 se refieren sólo “a las partes”, en este caso, el sindicato de pescadores de La Higuera, más no a sus abogados o apoderados. Es decir, legalmente mi condición de abogado del sindicato de pescadores no era suficiente para fundar ninguna causal de inhabilidad. No obstante ello, me consta que el Ministro Matus en todas las causas que conoce pone en conocimiento de las partes la causal que eventualmente le afecta, para que, si lo estiman pertinente, la hagan valer los interesados.
Además no existe ninguna “movida de última hora” o “maniobra” en mi renuncia al patrocinio y poder, sino que tengo otros compromisos profesionales que atender, como la pronta publicación de un libro.
En todo caso, mi renuncia me parece perfectamente coherente con la exigencia de los pescadores de apego a la ley, objetividad e imparcialidad en el caso “Dominga”, principios en que el Estado y la institucionalidad ambiental, incluyendo a la Ministra de Medio Ambiente, han sido extraordinariamente deficitarios.
Marcelo Castillo
Abogado
