Señor director:
El 2024 cerró con una cifra devastadora: 51 niños, niñas y adolescentes (NNA) fueron asesinados en el país en contextos de violencia delictual. Este dato, proporcionado por la Defensoría de la Niñez, marca un hito sombrío: el número más alto en dos décadas. Es decir, un menor perdió la vida cada siete días.
Este trágico registro no solo es un indicador del profundo quiebre de nuestro tejido social, sino también una llamada de atención urgente para todos los actores responsables de la protección de la infancia.
Diversos factores convergen en esta crisis. La violencia derivada del crimen organizado ha extendido sus tentáculos hasta los sectores más vulnerables, donde los menores de edad se convierten en víctimas colaterales de balaceras y ajustes de cuentas.
A esto se suma una alarmante escalada de violencia intrafamiliar. Según la Fundación Amparo y Justicia, los homicidios en contextos domésticos aumentaron un 600% entre 2022 y 2023. Estos casos reflejan un círculo de desprotección que comienza en los propios hogares, el primer espacio que debería ser seguro para cualquier niño, niña y adolescente.
La magnitud del problema demanda una respuesta integral, inmediata y comprometida. Es necesario implementar cabalmente el Sistema de Protección Integral para la Niñez, promulgada en 2022. Su ejecución ha sido lenta y fragmentada. Este mecanismo debe activarse plenamente para garantizar los derechos de los menores en áreas como salud, educación y seguridad.
Por otro lado, es urgente reforzar las políticas de control de armas en el país y promover operativos para desmantelar redes criminales que no solo generan violencia, sino que también reclutan a NNA para actividades ilícitas. Esto debe ir acompañado de campañas de sensibilización sobre los riesgos de la tenencia de armas en los hogares.
Asimismo, los programas de intervención temprana en contextos de riesgo son cruciales para prevenir la violencia intrafamiliar. Esto implica no solo apoyar a las víctimas, sino también trabajar con los agresores para romper ciclos de violencia que muchas veces se perpetúan por generaciones.
La propuesta de la Fundación Amparo y Justicia de crear paneles interdisciplinarios para investigar cada muerte de un NNA es un paso fundamental. Comprender las causas de estos homicidios permitirá diseñar políticas más efectivas y ajustadas a la realidad.
No podemos aceptar que en Chile un niño sea asesinado cada semana sin que esto provoque un cambio radical en nuestra manera de abordar la violencia. Proteger a la niñez debe ser un compromiso ineludible para el Estado, la sociedad civil y las familias. Más allá de leyes o programas, se trata de recuperar el valor intrínseco de la infancia como el núcleo de cualquier proyecto de desarrollo.
Juan Pablo Venegas
Director de Incidencia Pública
World Vision Chile
