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Cablerío en Santiago

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Por: Mladen Yopo


Señor director:

El término “basura o chatarra aérea” describe los cables eléctricos y de telecomunicaciones que están colgados en postes sin cumplir función alguna. Esos grandes chorizos de cables en desuso y/o de uso no optimizado, colgados y tensando los postes eléctricos, no sólo contaminan visualmente, sino que amenazan la seguridad pública (de las personas) frente a eventos como terremotos, lluvias fuertes (recordemos el temporal de 01/08/2024) y otros, como el propio peso de estos cables.  

Para subsanar ésto, se promulgó la “Ley Chao Cables” (2019), la que establece que las empresas de telecomunicaciones son responsables de la instalación, identificación, modificación, mantenimiento, ordenación, traslado y retiro de cables, ya sean aéreos o subterráneos. Sin embargo, el reglamento que la pone en práctica (en Contraloría aún) todavía no se publica al tener observaciones, por lo que algunos la llaman “ley muerta”.

Las empresas, responsable de generar esta chatarra, cuestionan que el reglamento podría generar situaciones que afecten la red, como que no establece como una obligación el retiro de elementos de red no identificados, sino sólo de aquellos que hayan dejado de ser utilizados para los fines del servicio autorizado y que ello no es “condición que no puedan ser utilizados para los fines del o de los servicios autorizados”. También, dicen que podría suceder que el operador (por motivos diversos) no pueda identificar a tiempo dicho elemento y que el efecto de ello, conforme al reglamento, transforma a un cable en uso en uno en desuso, lo que habilita su retiro afectando a usuario de esa red.

La presión política y ciudadana llevó a la SUBTEL a presentar un nuevo reglamento ante la Contraloría. Sin embargo, éste aún evidencia problemas como la asignación de facultades a los municipios para retirar cables desechados, una potestad que fue eliminada por falta de acuciosidad legislativa mediante la ley N° 21.678, que reconoce el acceso a Internet como un servicio público de telecos. Si la potestad municipal está hoy derogada por ley y solo lo pueden ejercerla en base a acuerdo voluntarios con las empresas, sería ilegal revivir esa atribución a través de un reglamento. También la obligación de relocalización de cables debería estar regulada por ley, no por un reglamento. Por último, el reglamento para la solución de disputas generar ciertas controversias, entre otros.

Más allá de estas discusiones, lo cierto es que llevamos más de 5 años sin la normativa de ejecución de la “Ley Chao Cables” con graves efectos de contaminación visual y de una real amenaza a la seguridad pública. La pelota está en manos de la SUBTEL, la Contraloría, los municipios y en la presión ciudadana al ser un tema/amenaza que no puede esperar.

 Mladen Yopo Herrera,

investigador Universidad SEK-Chile

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