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8M y su deuda con niñas y adolescentes víctimas de Explotación Sexual

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Por: Rafael Rodríguez, Juan Pablo Venegas, Nicole Salazar, Carla Ljubetic y Emilia Rivera


Señor director: 

En el marco del Día Internacional de la Mujer, consideramos imprescindible visibilizar una realidad de la que son víctimas niñas y adolescentes mujeres en Chile: la explotación sexual comercial. La evidencia muestra que, precisamente, se trata del grupo de la sociedad que sufre de manera más grave este delito, especialmente, cuando se encuentran bajo protección del Estado o en situación de vulnerabilidad social. De hecho, la plataforma Actuar es Urgente reveló que el 89% de las víctimas son niñas y jóvenes mujeres, mientras que, respecto de quienes se encuentran bajo cuidados alternativos residenciales, 1 de cada 3 jóvenes entre 16 y 17 años ha levantado al menos una denuncia por este delito.

A partir del seguimiento y evaluación del cumplimiento de las recomendaciones que realizamos desde la plataforma, constatamos que – en este ámbito – el Estado chileno ha “reprobado”, logrando un precario avance de solo 34% de cumplimiento y una nota promedio de 2.8 sobre 7, en el 2024.

Esta deuda se traduce en que las víctimas de explotación son ingresadas tardíamente a los programas de protección, ya sea por problemas de detección, mala derivación y de largas listas de espera. Además, la oferta programática actual es limitada, poco especializada y no da cuenta de las nuevas formas que usa el crimen organizado para la “captación digital”. 

Las niñas, niños y adolescentes que han sido víctimas de este delito  permanecen por largos periodos a la espera de atención y/o participan en programas poco especializados, sin integralidad ni coordinación intersectorial, por consiguiente, no se logra detener la explotación, manteniendo y normalizando situaciones de vulneración de derechos dentro del sistema de protección. 

Si bien han habido avances en algunas instituciones y en instancias regionales, la estrategia del Ejecutivo de luchar contra la Explotación Sexual en Niños, Niñas y Adolescentes (ESNNA) a partir del Cuarto Marco de Acción ha sido insuficiente. Estamos ante un problema grave de incumplimientos de la política pública: la niñez tiene actualmente un conjunto de derechos que el Estado, de manera prioritaria, debe garantizar y restituir cuando han sido vulnerados. Esta no es tarea de un Servicio o de una Subsecretaría.

Por lo que, es urgente que:

  1. El Ministerio de Desarrollo Social y Familia lidere la implementación de una estrategia contra la ESNNA, con un mandato y gobernanza clara, considerando mecanismos vinculantes de coordinación y seguimiento de compromisos que están en la Ley de Garantías de la Niñez.
  2. El Ministerio Público implemente sistemas de acción y persecución penal de este delito que resulten efectivos.
  3. Que el Poder Judicial cuente con mecanismos de sanción y castigo eficaces y ejemplares.
  4. Que el Poder Legislativo incremente las penas y actualice la legislación vigente.

 

Este 8M, la lucha por los derechos de las mujeres debe incluir con urgencia la protección de las niñas y adolescentes, que enfrentan múltiples formas de violencia que vulneran sus derechos fundamentales. ACTUAR ES URGENTE.

 

Rafael Rodríguez, gerente de desarrollo de Fundación San Carlos de Maipo.

Juan Pablo Venegas, gerente de Incidencia Pública World Vision Internacional Chile.

Nicole Salazar Díaz, Coordinadora de proyectos REDAN Chile.

Carla Ljubetic, Directora Ejecutiva Fundación Niñas Valientes.

Emilia Rivera, Directora de Comunicaciones de Fundación Tremendas.

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