Crisis en la Salud Pública
Señor director:
El estado ha abandonado de forma sistemática los centros de salud de la red pública, lo cual se ha manifestado en una asfixia presupuestaria que ha tenido inmovilizados a sus directivos por la falta de recursos disponibles para gestionar las instituciones que dirigen.
Si bien en 2025 el gobierno anunció con mucha estridencia un aumento del 4,2% en el presupuesto del Ministerio de Salud, este crecimiento no supera la deuda hospitalaria acumulada a fines de 2024 ni el incremento de cerca de 1,5 millones de beneficiarios de FONASA (producto de la migración desde las ISAPRES).
Es decir, el sector salud debe responder a una mayor población, con mayor número de personas en lista de espera y con un mayor número de pacientes con garantías GES vencidas, con un presupuesto que no logra asegurar el funcionamiento de los centros de salud más allá del primer semestre del 2025, en pleno peak de enfermedades respiratorias, donde se espera que exista una mayor demanda asistencial, dejando a la población en un escenario de riesgo. A eso se suma el ajuste fiscal decretado en enero, que recortó partidas claves para la operación de FONASA, CENABAST, el Instituto de Salud Pública y varios servicios de Salud. En nuestra región, estamos viviendo las consecuencias de este diseño presupuestario deficiente. La crisis del Hospital Van Buren ha sido socializada por los médicos que ahí se desempeñan y por los pacientes que ahí se atienden, la deuda estimada es de 23 mil millones de pesos. Esto ha generado un déficit de reactivos para exámenes de laboratorio, insumos para cirugías traumatológicas (placas, tornillos, clavos, catéteres de quimioterapia, y medicamentos lo cual deteriora la atención de pacientes.
Se han debido suspender cirugías programadas y varios proveedores han bloqueado el suministro por falta de pago oportuno. En medio de esta crisis los equipos de salud trabajan sin certezas mínimas para responder a las necesidades de la población que resiente la falta de medicamentos o el aumento de tiempos de espera para cirugías urgentes; a la fecha hay más de 40 pacientes con fracturas que siguen hospitalizadas con promedios sobre los 30 días de espera. Estas situaciones no son hechos aislados de este hospital. En un recorrido por la región se observan los mismos problemas de pagos a proveedores con el retraso de atención para los pacientes, en Hospital Fricke, Quillota-Petorca, Quilpué, por nombrar algunos de la región.
Esta es probablemente la peor catástrofe sanitaria desde la pandemia, y es el resultado de un presupuesto que se recorta desde el Ministerio de Hacienda, que luego se entrega de forma parcial desde los servicios de salud a los hospitales y que no permite la continuidad del funcionamiento hospitalario para el 2025 impactando negativamente en la salud de las personas.
Desde el Colegio Médico de Valparaíso hacemos un llamado urgente a las autoridades de Salud y Hacienda a corregir esta ruta, aprobando reasignaciones de recursos suficientes para dar continuidad a la atención y sobre todo para establecer un liderazgo desde el MInsal que contribuya a resolver estos problemas y no los amplifique. Es necesario contar con directores de servicios de Salud que logren mejorar el funcionamiento de la red, y no como ha ocurrido en Valparaíso-San Antonio donde los indicadores reflejan una pésima gestión y con múltiples desaciertos, sin embargo el director Sr. Gálvez persiste en su cargo,
La salud pública debe ser prioritaria pues en ella se atiende más del 85% de la población. Para poder otorgar una atención oportuna, digna y de calidad se requiere un compromiso serio, con planificación, recursos suficientes y liderazgos inspiracionales.
Atte.
Luis Ignacio de la Torre Chamy
Presidente Colegio Médico Valparaíso
