Los niños de nadie: cuando la ley no los nombra
Señor director:
Ya es de conocimiento público el desgarrador caso de una niña boliviana de ocho años, vendida por su abuela y esclavizada en un campamento en Rengo, Chile. Un hecho que, en pleno siglo XXI, desnuda una realidad que muchos prefieren ignorar: la vulneración sistemática de los derechos de niñas y niños más vulnerables. Su rescate no fue obra del Estado, sino de la compasión de una vecina. Esa niña —sin nombre, sin nacionalidad, sin registros oficiales— pudo haber desaparecido sin dejar rastro. Nadie la veía. Porque para el Estado y para muchos, no era “alguien”. Era “nadie”.
Este caso —ocurrido en 2023 y denunciado en 2024— motivó que el INDH presentara una querella por trata de personas con fines de servidumbre. Hay tres imputados en prisión preventiva. La Fiscalía pide hasta 10 años de cárcel. Pero, ¿quién se hace cargo del daño causado? ¿Quién repara lo irrecuperable?
Hoy la niña está “a salvo”, dicen. Alejada de su captora, vive ahora en un hogar de menores. ¿Pero cuán segura está allí? Según la Corte Suprema, casi la mitad de las residencias en Chile están sobrepobladas. Solo un 7% de los niños allí están en proceso de adopción. Y según CIPER, hasta 2022, 115 niños y adolescentes bajo protección estatal fueron víctimas de explotación sexual comercial.
Desde 2021, con la reforma al SENAME y la Ley de Garantías de 2022, se prometió un Chile más justo con su infancia. Pero la distancia entre las políticas públicas y su implementación efectiva es abismal. La retórica de derechos no basta si las instituciones no detectan, previenen ni actúan.
Como docente universitaria, me cuesta explicar a mis estudiantes que tenemos una Defensoría de la Niñez y una ley integral de protección, cuando enfrentamos casos como este. ¿Qué valor tiene adherir a la Convención sobre los Derechos del Niño si permite que ciertos cuerpos infantiles —los migrantes, los pobres, los racializados, gazatíes— sigan siendo invisibles, incluso esclavizados?
La Convención, ¿protege a todos por igual? ¿O es también ciega ante una infancia “otra”, la no hegemónica, la olvidada?
¿Cuántos más seguirán en la sombra mientras nos felicitamos por leyes y tratados que en la práctica no alcanzan a quienes más los necesitan?
La protección de la infancia no puede ser un discurso. Tiene que ser una acción concreta. Hoy, seguimos fallando.
Catalina Castillo Alegría
Académica Facultad de Educación
Universidad Alberto Hurtado
