Opinión
La conclusión política es que el ministro Santelices, olvidando que la despenalización del aborto estaba pensada para quienes decidirán o deberán abortar, decidió avanzar en la reconstrucción de un mundo que aparentemente desaparece, en el que el Estado y sus leyes existen sobre todo para tranquilizar las conciencias conservadoras de la clase dominante y solo después, para proteger los derechos de las personas. Sin embargo, no contaba con la sagacidad de quienes solicitaron el pronunciamiento de la Contraloría , que finalmente ha objetado su afán neoconservador.
El Dr. Emilio Santelices había cambiado el protocolo para la objeción de conciencia en los casos de aborto, de manera de permitir la objeción institucional. Pero la Contraloría General de la República ha señalado la ilegalidad del protocolo de aborto del ministro.
Solo le había tomado 11 días el hacerlo, está fechado el 22 de marzo de 2018. En el apuro, olvidó consultar con el Presidente y tampoco consultó con su jefe jurídico, creyó que su sola voluntad le permitiría restaurar la atmósfera conservadora que estaba acariciando.
La normativa declarada ilegal sostiene que los establecimientos de salud objetores deberían asegurar la continuidad de la atención, proveyendo información a la paciente y trasladándola a algún establecimiento que sí ofrezca la prestación. Además, quienes se declaren objetores en el sistema público, deberían proceder de similar forma en el área privada.
Quizás la Contraloría se fijó aquí en un problema: ¿hacia dónde se trasladarán las mujeres que se encuentren en ciudades donde se declaren objetores todos los ginecólogos? ¿Habrá que trasladarlas a otra ciudad? Sí y no. La norma proponía que cuando se trate de la causal 1 (riesgo vital de la madre) el médico objetor no podría evitar su participación en el aborto. Quizás el problema está en las causales 2 y 3, mujeres, que –según la rechazada propuesta del ministro– deberían ser trasladadas a la ciudad más cercana. ¿Quién financiaría un traslado debido a la objeción de un médico?
[cita tipo=»destaque»]Tal vez el órgano contralor ha observado que, desde el punto de vista ético, el protocolo distingue a personas de instituciones, pero somete la voluntad del ser humano a la de la institución, estableciendo que este últimas tendrían la capacidad de «exigir a su personal de salud que respete la decisión institucional de no ofrecer prestaciones de interrupción legal del embarazo…” (Título IV, N°4 del protocolo). Aquí habría un problema entre la voluntad del profesional y la de los controladores de la institución, que favorece a estos últimos, invisibilizando la figura humana, retomando espacios de control normativo del ojo que todo lo ve.[/cita]
Tal vez el órgano contralor ha observado que, desde el punto de vista ético, el protocolo distingue a personas de instituciones, pero somete la voluntad del ser humano a la de la institución, estableciendo que este últimas tendrían la capacidad de «exigir a su personal de salud que respete la decisión institucional de no ofrecer prestaciones de interrupción legal del embarazo…” (Título IV, N°4 del protocolo). Aquí habría un problema entre la voluntad del profesional y la de los controladores de la institución, que favorece a estos últimos, invisibilizando la figura humana, retomando espacios de control normativo del ojo que todo lo ve.
Esta preponderancia de la institución por sobre los individuos es, además, atentatoria contra la libertad de trabajo de aquellos profesionales que no objeten a nivel personal, pero que deberán acatar la prohibición por el solo imperio que las ideas del Dr. Santelices habrían impuesto.
El peso del nuevo protocolo aplastaría también la libertad de la mujer que desea abortar, pues finalmente solo era una enmarañada forma de prohibir la práctica sancionada por la mayoría de las personas.
La prueba definitiva viene con la fuerza de los Derechos Sexuales y Reproductivos (DD.SS.RR.). Ya en 1994, en la Conferencia de El Cairo, al alero de las Naciones Unidas, se reconocieron los DD.SS.RR. como privativos de la mujer y entre ellos estaban los de contar con el control de su propio cuerpo (aborto); el de llevar una sexualidad placentera y el de control de la natalidad, entre otros
Chile suscribió ese convenio Internacional, bajo el gobierno de Patricio Aylwin, aunque nunca se implementó completamente, de ahí surgió el programa de salud de la mujer. Tal protocolo debe ser respetado como ley de la república.
La conclusión política es que el ministro Santelices, olvidando que la despenalización del aborto estaba pensada para quienes decidirán o deberán abortar, decidió avanzar en la reconstrucción de un mundo que aparentemente desaparece, en el que el Estado y sus leyes existen sobre todo para tranquilizar las conciencias conservadoras de la clase dominante y solo después, para proteger los derechos de las personas. Sin embargo, no contaba con la sagacidad de quienes solicitaron el pronunciamiento de la Contraloría , que finalmente ha objetado su afán neoconservador.
Presidente de la Comisión de Salud Partido del Socialista Chile
