Opinión
Según cifras de la ex Delegación Presidencial de Recursos Hídricos, el agua representa al menos el 60% del producto interno bruto del país –ya que es necesaria para la minería, el sector forestal, la agricultura, la industria, el turismo, etc.– y, lo que es más importante, para permitir la vida de las personas que generan y son responsables del consumo, la inversión, las exportaciones, etc. Asimismo, si el aporte de Chile en todo su I+D es de un 0,38%, según cifras del Comité Chileno para el Programa Hidrológico Internacional de la Unesco, la inversión en I+D relativa al agua es de solo un 0,0025%, es decir, 150 veces del total. Por tanto, al recurso natural que aporta el 60% del PIB, se le dan recursos por un mínimo valor.
Hace poco nos enteramos de que el país ya cuenta con un Ministerio de Ciencia y Tecnología, anhelo de larga data por parte del mundo científico de Chile y en el que están depositadas las esperanzas de avanzar en el crecimiento científico nacional, como base para un proceso vigoroso y sustentable de desarrollo.
Chile destina a la investigación científica y tecnológica –Investigación, Desarrollo e Innovación, (I+D+I)– aproximadamente un 0,38% de su Producto Interno Bruto (PIB), cifra que está muy por debajo de la media de los países de la OCDE. Alemania invierte cerca de un 2,8 % y Finlandia un 3,9%.
Cuando se observan estas cifras, se argumenta que los países ricos aportan más recursos a I+D+I, precisamente por ser ricos. Pero la ecuación es distinta. Los países llegan a ser ricos y sustentables en el tiempo porque invierten más en I+D+I. De ahí la relevancia de hacer una opción preferencial por la investigación científica y tecnológica, sumando a eso la capacidad de innovación y transferencia de conocimientos hacia áreas productivas y aspectos de gestión del país.
Por tanto, la creación del Ministerio abre esperanzas a un aporte mayor en estas materias, con los beneficios que de una inversión de esta naturaleza se derivan. ¿Cuáles son estos? Al tener conocimiento acerca de cómo funcionan o se comportan ciertos sistemas físicos, económicos, sociales, ambientales, etc., se es capaz de generar adecuadas políticas públicas que respondan a un conocimiento calificado acerca de lo que ocurre en esos escenarios, evitando aproximaciones que en muchos casos cuestan muy caro al erario público, con bajo retorno.
También se puede innovar y conseguir respuestas científicas y tecnológicas a diversas interrogantes que son aplicables al mundo de la salud, de la vivienda, de las obras públicas, a la agricultura, a la minería, al sector forestal y otros, lo que produciría bienes y servicios que se podrán comercializar, generando riqueza al país. Ese conocimiento también da pistas acerca de cómo funcionan o han funcionado los ecosistemas, de tal forma de obtener de ellos marcos productivos que den cuenta de su real capacidad de producir riqueza.
[cita tipo=»destaque»]Son demasiadas las interrogantes en torno a nuestro principal recurso natural, el que es responsable de al menos un 60% del PIB y que nos permite la vida en todas sus expresiones. No hay que olvidar que el agua de Chile se sitúa en una loca geografía, lo que es muy relevante, porque no existe otro país cuyas cuencas transiten desde los 6 mil metros hasta el nivel del mar, en menos de 180 km, pasando por una altísima variabilidad de climas. Y todo esto habla de la necesidad de conocer a cabalidad el funcionamiento de nuestros ecosistemas en torno al agua, porque de este recurso dependemos para nuestro progreso económico, social y ambiental.[/cita]
Ahora bien, si esto es obvio, ¿por qué es necesaria la creación de un Ministerio de Ciencia y Tecnología? La respuesta se relaciona con la capacidad de articular esfuerzos, catalizarlos y orientarlos en un contexto que dé cuenta de las necesidades reales del país, sin descuidar lo que significan las potenciales áreas de inversión científica que, por de pronto, podrían no parecer rentables por los tiempos que insumen los procesos.
Una de las áreas que lleva la delantera en su necesidad de inversiones es la de los recursos hídricos. Quien lea esta columna puede pensar que su autor “trata de llevar aguas a su molino”. Lo que no es así si se miran fríamente las cifras. Chile posee una disponibilidad de agua que supera los 54 mil m3/habitante/año, lo que nos sitúa en el lugar 24 de disponibilidad de agua en el mundo, es decir, somos un país sin problemas hídricos si creemos en esa cifra. El problema pasa por la alta variabilidad de la oferta.
Si se considera que, según la Unesco, la disponibilidad límite para la adecuada sustentabilidad humana es de 1.700 m3/habitante/año, entonces la cifra global país entregada, está más que adecuada a nuestras necesidades. De Santiago al norte la disponibilidad de Chile es de 1000 m3/habitante/año, zona en la cual se ubica la mayor proporción de población en el país y ello habla de una necesidad imperiosa, máxime cuando existe una presión creciente por establecer actividades productivas que demandan agua y por ampliar diversos asentamientos humanos en esas zonas.
De lo anterior surgiría otra conclusión y es que de Santiago al sur no deberíamos preocuparnos, dado que las ofertas superan con creces a las demandas. Esto plantea otra contradicción, pues cada vez se advierten más problemas en torno al agua y es así como localidades situadas en Los Ríos o Los Lagos, están presentando carencias y conflictos que se requiere abordar. Conclusión obvia: las cifras globales no parecen dar cuenta de las realidades locales, por una parte, mientras que, por otra, no son un adecuado instrumento de planificación.
Según cifras de la ex Delegación Presidencial de Recursos Hídricos, el agua representa al menos el 60% del producto interno bruto del país –ya que es necesaria para la minería, el sector forestal, la agricultura, la industria, el turismo, etc.– y, lo que es más importante, para permitir la vida de las personas que generan y son responsables del consumo, la inversión, las exportaciones, etc. Asimismo, si el aporte de Chile en todo su I+D es de un 0,38%, según cifras del Comité Chileno para el Programa Hidrológico Internacional de la Unesco, la inversión en I+D relativa al agua es de solo un 0,0025%, es decir, 150 veces del total. Por tanto, al recurso natural que aporta el 60% del PIB, se le dan recursos por un mínimo valor, aunque en el mismo se expresen las consecuencias de la variabilidad y el cambio climático, y toda nuestra estructura productiva dependa de contar o no con este recurso para propender a alcanzar metas de crecimiento económico y desarrollo del país. Si a ello se le suma el rol ambiental del agua, para la mantención y preservación de nuestros ecosistemas, entonces la situación es aún más acuciante.
Pero esto no es todo. Según la misma ex Delegación Presidencial de Recursos Hídricos, el crecimiento del país, desde el año 90 a la fecha, ha definido un incremento aproximado de tres veces el PIB. Pero en el mismo periodo y, de acuerdo a cifras de la Dirección General de Aguas, el incremento de los consumos en el país (en lo que mide la DGA y descontando las extracciones ilegales), alcanzó a tres veces. Es decir, se tiene acoplado el crecimiento económico con el consumo de agua, lo que no es de extrañar dada la estructura productiva del país. Y esto es una ecuación no sustentable, porque un crecimiento futuro de proporciones estará basado en la disponibilidad de nuevos recursos de agua dulce, los cuales en diversas regiones no se poseen o están muy agotados.
De lo anterior surge la necesidad imperiosa del estudio de nuestros recursos hídricos en aspectos tales como su variabilidad en tiempo y espacio; cómo lo afectan la variabilidad y el cambio climático; la influencia del complejo suelo-vegetación en la recarga de acuíferos; el comportamiento de las aguas subterráneas en cantidad y calidad, y su relación con los diferentes ecosistemas; la relación de los caudales de estiaje con el derretimiento glaciar; el comportamiento de las líneas de nieve y su relación con la isoterma cero en términos de producción de agua; los tiempos de residencia de las aguas precipitadas en nuestras cuencas, hasta su aparición en forma superficial; cómo funciona la hidrobiología de nuestros ecosistemas; los desastres provocados por el agua, como las inundaciones; el impacto de la emisión de sedimentos aguas abajo en términos económicos y sociales; las dimensiones ambientales del uso excesivo del agua; el impacto social de las políticas públicas en torno al agua, etc.
Son demasiadas las interrogantes en torno a nuestro principal recurso natural, el que es responsable de al menos un 60% del PIB y que nos permite la vida en todas sus expresiones. No hay que olvidar que el agua de Chile se sitúa en una loca geografía, lo que es muy relevante, porque no existe otro país cuyas cuencas transiten desde los 6 mil metros hasta el nivel del mar, en menos de 180 km, pasando por una altísima variabilidad de climas. Y todo esto habla de la necesidad de conocer a cabalidad el funcionamiento de nuestros ecosistemas en torno al agua, porque de este recurso dependemos para nuestro progreso económico, social y ambiental.
La apuesta entonces debe ser fuerte, rápida y efectiva, involucrando al sector público, a la empresa privada y a los actores sociales. Todos ellos esperan un accionar diferente de un nuevo ministerio y en donde el agua debe tener una especial atención, porque, si no resolvemos este problema, la supervivencia de nuestros ecosistemas y la productividad de nuestros sectores económicos se verán seriamente amenazadas, incluyendo nuestro potencial de desarrollo futuro como país.
