Abusos en la Iglesia católica: ¿por qué necesitamos una Comisión de Verdad?

Desde el Vaticano se han dado importantes pasos orientados a resolver las numerosas denuncias que se han conocido en los últimos meses. Hace un par de días, el enviado del Papa, el arzobispo Charles Scicluna, anunció una nueva estrategia. Se abrirá en las Obras Misionales Pontificias una Oficina que recibirá denuncias de víctimas o testigos de abusos de poder, conciencia y sexuales. Esta oficina sería de un carácter transitorio y tendría el objetivo de completar la labor que los enviados papales Scicluna y Bertomeu estaban realizando, de recibir los testimonios de las víctimas. La oficina funcionará con miembros del ya existente organismo Consejo Nacional de Prevención de Abusos de la Conferencia Episcopal (Cech).

La visita de los enviados papales, las entrevistas en Roma, la implementación de la Oficina, es sin duda un reconocimiento de las dimensiones del problema que tenemos al frente. Sin embargo, se pueden identificar varias aristas del problema que parecen quedar sin respuesta.

¿Cómo se abordarán los casos ya prescritos? ¿Cómo la Oficina colaborará con las leyes civiles, especialmente, denunciando posibles delitos al Ministerio Público chileno? ¿Cómo se compatibilizará la intención de investigar con el apoyo emocional a las víctimas, especialmente en aquellas situaciones que no cuentan con suficiente evidencia jurídica para constituir un caso? ¿Cómo se discutirá e integrará a la discusión la dimensión de poder y género en el contexto de la institucionalidad católica? ¿Cómo se indemnizará a las víctimas, especialmente si los responsables no cuentan con recursos porque tienen voto de pobreza? Y, finalmente, ¿cómo la Iglesia dará cuenta del componente estructural que otorga contexto a los abusos de poder y sexuales que se han desarrollado bajo su alero?

La buena (y mala) noticia es que Chile no es el primer país que vive una crisis de esta naturaleza y, por lo tanto, hay experiencia extranjera de la que podemos aprender. Podemos, por ejemplo, mirar la experiencia de la Comisión Deetman en Holanda (2011), la Comisión Adriaenssens en Bélgica (2010); y las comisiones Ryan (2009), Murphy (2009) y Magdalene (2013), en Irlanda. Todas las cuales se crearon para afrontar numerosas denuncias de abusos sexuales en el contexto de la Iglesia católica. Estas tuvieron un elemento común: funcionar como comisiones de verdad y abordar principalmente casos históricos que no pudieron ser procesados por la justicia ordinaria, ya sea por estar prescritos o por estar sus ofensores fallecidos.

Las comisiones de verdad en respuesta a violaciones de los derechos humanos también nos pueden aportar aprendizajes relevantes. Un ejemplo de ello es la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú. Su informe fue el primero en la historia en incorporar la perspectiva de género, además de contar con un capítulo dedicado exclusivamente a la violencia sexual contra las mujeres. ¿Por qué no incorporar la dimensión de género en el análisis de un fenómeno que se da en una institución liderada y conformada por hombres y donde las voces que más se han levantado son también las de víctimas hombres?

[cita tipo=»destaque»]¿Qué podría ofrecer una comisión de verdad que no podría ofrecer una oficina con las características de la que está funcionando en este momento, temporalmente? Primero, el objetivo principal no es perseguir responsabilidades individuales sino dimensionar el problema. Segundo, al tener este objetivo, los testimonios no son tratados como prueba y los afectados no son tratados como “testigos” sino como víctimas. Las víctimas son acogidas y escuchadas, sin importar la antigüedad del delito, y la posibilidad de investigar al ofensor. Tercero, las comisiones pueden generar un informe con sugerencias, que permita abordar la relación de los afectados con la comunidad, ofreciendo la posibilidad a las víctimas de recibir reconocimiento y validación institucional, tanto por parte de la Iglesia como del Estado. Estas comisiones también pueden sugerir mecanismos institucionales de responsabilización, prevención a través de cambios estructurales y culturales, y de reparación del daño, complementando la labor de la justicia en la persecución de responsabilidades individuales.[/cita]

¿Qué podría ofrecer una comisión de verdad que no podría ofrecer una oficina con las características de la que está funcionando en este momento, temporalmente? Primero, el objetivo principal no es perseguir responsabilidades individuales sino dimensionar el problema. Segundo, al tener este objetivo, los testimonios no son tratados como prueba y los afectados no son tratados como “testigos” sino como víctimas. Las víctimas son acogidas y escuchadas, sin importar la antigüedad del delito, y la posibilidad de investigar al ofensor. Tercero, las comisiones pueden generar un informe con sugerencias, que permita abordar la relación de los afectados con la comunidad, ofreciendo la posibilidad a las víctimas de recibir reconocimiento y validación institucional, tanto por parte de la Iglesia como del Estado. Estas comisiones también pueden sugerir mecanismos institucionales de responsabilización, prevención a través de cambios estructurales y culturales, y de reparación del daño, complementando la labor de la justicia en la persecución de responsabilidades individuales.

¿Qué requisitos deben cumplir estas comisiones? Deben ser independientes. Esto significa que no deben tener dependencia alguna de la Iglesia católica, de alguna postura política o interés económico. Deben, sin embargo, contar con el respaldo de la Iglesia, para asegurar que sus recomendaciones tengan eco y sean recibidas. En el caso de la recién inaugurada Oficina, e independientemente del reconocido profesionalismo de quienes fueron asignados a cumplir su labor, la vinculación de estos al ya conocido organismo de Prevención de Abusos generará justificadas dudas sobre su total autonomía en el actuar.

Las comisiones deben ser pluralistas e interdisciplinarias. Esto significa que en la Comisión se deben integrar diferentes saberes y visiones, y asegurar la mirada de miembros que no pertenecen o se vinculen cercanamente a la Iglesia. Deben ser transparentes a la comunidad, en el sentido de reconocer públicamente sus objetivos, su mandato y los miembros que la componen, además de su vinculación con las instituciones de justicia y las autoridades de la Iglesia. En el caso de la Oficina, los medios de comunicación no han transmitido con claridad cuál será su objetivo. ¿Será una mera oficina de escucha o cursarán denuncias eclesiásticas?

Deben trabajar confidencialmente y respetar el derecho al anonimato de las víctimas, si estas así lo desean. Sin perjuicio de esto, la Comisión debe resolver asimismo cómo se vinculará con la justicia ordinaria, elemento también incierto en la Oficina propuesta.

La Comisión debe ser un espacio de escucha y recibimiento para las víctimas, pero el acto de escuchar no es suficiente: debe reunir los testimonios y analizarlos en un informe que sea de conocimiento público, donde queden plasmados los abusos y las falencias estructurales y sistemáticas que podrían haber facilitado la ocurrencia o el encubrimiento. La Comisión y el documento que puede generar tienen, por lo tanto, un alto contenido simbólico de reconocimiento del daño individual y social causado, así como de las responsabilidades individuales e institucionales.

No cabe duda, por lo tanto, que necesitamos una Comisión que brinde a la ciudadanía garantías de independencia de la Iglesia católica, promueva el conocimiento de la verdad, la responsabilización individual e institucional y la reparación y reconocimiento de las víctimas.