Opinión
Con elecciones de diputados cada cuatro años, el sistema electoral chileno tenderá a dos o tres partidos grandes (entre el 17 y 20 por ciento aproximadamente con financiamiento en torno a los mil millones cada uno), otros pocos en torno al 9 o 10 por ciento, y un grupo más grande cercano al 5 por ciento. En otras palabras, tendremos de ocho a diez partidos sin relevancia, pero con muy buenos salarios para sus administradores y en muchos casos distribución de recursos por “lote” o tendencia amiga, para asegurar que nada cambie. Un subdesarrollo institucional perfecto.
Una subclase política está naciendo al alero del financiamiento público a los partidos: la de los administradores y operadores rentados por estos. Segmento político reciclado de la burocracia, orientado a la gestión, asignación y distribución de los recursos públicos originalmente destinados al fortalecimiento institucional, ahora con un fuerte sesgo en la mantención del poder a como dé lugar, pues el partido se transformó en una fuente laboral permanente y, en algunos casos, muy rentable.
Pocos atisbos de dudas caben al pensar que el refichaje realizado el año 2017, en forma casi dramáticamente por los partidos políticos históricos, ha sido una de las iniciativas menos relevantes, e incluso regresivas, generadas en el contexto de la modernización del sistema de partidos y del financiamiento público.
La razón es muy simple, si antes teníamos padrones completamente inflados dentro de los partidos (con todo tipo de situaciones de militantes dentro), ahora tenemos padrones muchos más pequeños, pero absolutamente controlados por sus “captadores”, los cuales no tienen ningún incentivo para promover una participación activa de la vida política de sus militantes. Hablamos del predominio del militante-ficha, aquellos que prestaron el nombre clientelarmente para cumplir con la ley que permitía allegar recursos públicos a esos partidos, test que, políticamente hablando, aprobaron todos a un costo enorme para la ciudadanía.
[cita tipo=»destaque»]El partido-pyme es una forma de ganarse la vida por parte de un grupo directivo controlador, burocrático y sin mayores antecedentes profesionales, hermético, el cual administra el nuevo y más pequeño padrón de militantes (muchos de ellos son solo fichas) a su antojo, con el fin de disponer sin contrapesos de los recursos públicos que transfiere el Estado a esos partidos. Con este capital se pagan sueldos a administradores (algunos escandalosamente altos) y a operadores, con el fin de tener bien “atendidas” a las escasas bases, dentro de un sistema clientelar de relaciones pseudopolíticas.[/cita]
En promedio, el 2017, sobre el millón de antiguos militantes inscritos, es decir, el 95,9%, no volvieron a sus partidos de origen. Cifra bastante alta y que evidencia no solo la desactualización que tenían esos registros internos, sino la distancia y desaprobación tácita de estos miles de militantes a su histórica adhesión política, mostrando nítidamente la crisis institucional que viven los partidos en términos de participación y generación de ideas.
Otras causas para no volver a militar no solo fueron logísticas (vivir en el extranjero, por ejemplo), junto a lo anterior rondaba la esperada actualización de fallecidos que el Servel o el Registro Civil no alcanzó a plasmar. Esencialmente las razones para no volver fueron más bien políticas, y apuntaban a la incapacidad crónica de los dirigentes a abrir espacios verdaderos de participación y la incomodad de estos ante nuevas ideas y las distintas formas de participación que se exigen hoy en día desde las bases.
El partido-pyme es una forma de ganarse la vida por parte de un grupo directivo controlador, burocrático y sin mayores antecedentes profesionales, hermético, el cual administra el nuevo y más pequeño padrón de militantes (muchos de ellos son solo fichas) a su antojo, con el fin de disponer sin contrapesos de los recursos públicos que transfiere el Estado a esos partidos. Con este capital se pagan sueldos a administradores (algunos escandalosamente altos) y a operadores, con el fin de tener bien “atendidas” a las escasas bases, dentro de un sistema clientelar de relaciones pseudopolíticas.
Los últimos cambios realizados al sistema electoral, que puso fin al binominal, permiten la existencia de varios partidos-pymes, donde el único requisito es mantenerse en el sistema, es decir, obtener un número de electos suficientes y un porcentaje de votos tal, que haga viable y atractiva la mantención del partido en los términos deseados por los controladores.
Este año 2018 son 6.500 millones de pesos el pozo a repartir destinado a los partidos por parte del Estado, de los cuales un 20% (1.300 millones) va a prorrata, es decir, en términos de las regiones en que esté inscrita cada colectividad (art. 40 de la Ley 18.603), el otro 80% se distribuye sobre la base de la votación obtenida por los partidos en la última elección parlamentaria, según el escrutinio validado por el Tricel, de aproximadamente 5.200 millones.
En otras palabras, cada punto porcentual obtenido por un partido en la elección parlamentaria, equivale a 52 millones de pesos en números gruesos. De esta forma, si hay una colectividad con al menos un 5% de los votos, más el aporte basal (del 20%), ya hablamos de administrar 300 millones anuales, cifra nada despreciable en relación con los costos asociados a la existencia de cada institución, y sobre todo si añadimos las eventuales cotizaciones que hacen sus militantes y otras donaciones. De esta forma, el monto final de una colectividad se puede elevar significativamente.
Evidentemente el controlador tendrá o tiene una ventaja enorme sobre cualquier tipo de oposición o disidencia en este contexto. Las elecciones estarán marcadas por la baja participación (hay más fichas que militantes reales) y por la continuidad por sobre los cambios. La despolitización de la discusión también será parte de este cuadro poco alentador del sistema, pues todo se va disponiendo para el statu quo.
Con elecciones de diputados cada cuatro años, el sistema electoral chileno tenderá a dos o tres partidos grandes (entre el 17% al 20% aproximadamente, con financiamiento en torno a los mil millones cada uno), otros pocos en torno al 9% o 10%, y un grupo más grande cercano al 5%. En otras palabras, tendremos de ocho a diez partidos sin relevancia, pero con muy buenos salarios para sus administradores y en muchos casos distribución de recursos por “lote” o tendencia amiga, para asegurar que nada cambie. Un subdesarrollo institucional perfecto.
Padrón acotado y controlado de militantes con financiamiento público garantizado, es la mezcla perfecta para que el estancamiento político se convierta en la norma, atrayendo especialmente a aquellos que el sistema electoral descartó (perdedores) y poco motivados por la discusión política. Es decir, la antítesis del perfil que debería impulsar una colectividad que intenta influir con ideas y propuestas ante la ciudadanía.
