Opinión
De concretarse la explotación de la minera «Los Domos», hoy en fase de exploración, podría llegar a una inversión de U$ 1.400 millones, para lo cual la empresa ha hecho un intenso lobby para restringir los límites del futuro Parque Patagonia, con el fin de dejar fuera de la nueva área silvestre protegida lo que hoy es terreno fiscal. Cuando termine esa fase, deberá someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) donde será el propio gobierno el que resolverá su futuro a través de autoridades designadas en la Comisión de Evaluación Ambiental.
En el lanzamiento de la Oficina de “Gestión de Proyectos Sustentables” (GPS), en mayo de este año, el gobierno difundió un listado de 212 iniciativas que impulsará durante el presente período presidencial. Un total de U$ 62 mil millones de inversión para el lapso 2018-2021, de los cuales la mitad corresponde a minería.
Aunque la extracción es una actividad por definición agotable, en el discurso público se alude a ella recurrentemente para hablar de sustentabilidad. Combinación imposible, cual oxímoron que se hace realidad en la figura de “minería sustentable” obviando una cuestión básica: ¿puede ser sustentable lo que necesariamente debe terminar?
Es en este marco que se inserta esta nueva unidad de impulso a la inversión privada, donde el único proyecto priorizado en Aysén es la posible futura operación “Los Domos” adyacente a la reserva nacional Jeinimeni, en Chile Chico, en una zona de alto interés turístico con el Valle Lunar y el Monumento Nacional Cueva de las Manos en sus cercanías. Los terrenos donde hoy se realizan los sondajes pasarían a formar parte del Parque Patagonia, lo cual ha activado un intenso lobby de la empresa para evitar tal posibilidad.
Las exploraciones son impulsadas por la sociedad Southern Gold, controlada por la minera australiana Equus Mining y en cuya constitución participó Sergio Romero, hijo del ex senador RN del mismo nombre.
En el portal del Ministerio de Economía que aglutina las iniciativas aparece el actual proyecto en “fase de exploración para un potencial proyecto minero de oro y plata que contemplará una inversión entre U$ 600-1400 millones”. La inversión proyectada en esta primera etapa es de 4 millones de dólares, es decir, unos $ 2.300 millones sin evaluación de impacto ambiental.
[cita tipo=»destaque»]La presentación ante los senadores se hizo a días de que el titular de Bienes Nacionales se reuniera en su despacho, el 3 de mayo, con Damien Koerber y Sergio Romero en representación de Southern Gold. En la cita le habrían señalado que sus actividades “están fuera, pero aparentemente a través de caminos habría un conflicto con los límites” de la reserva nacional Jeinimeni. Según el portal, el motivo de la audiencia fue dialogar sobre “Exploración minera en bienes fiscales (Chile Chico, región de Aysén) susceptibles de ser incorporados a la actual reserva Jeinemeni y eventual futuro Parque Nacional Patagonia”.[/cita]
La Oficina GPS, creada por decreto del 14 de mayo, busca acelerar proyectos que “sean amistosos con el medio ambiente y respetuosos con las comunidades que los acogen”. Esto en el marco de una “guerra a la burocracia excesiva, a la negligencia, a la incompetencia, que muchas veces es lo que tiene a nuestro país paralizado”, según señaló el Presidente Sebastián Piñera al anunciar por la misma fecha el proyecto de Ley Pro Inversión. Entre múltiples medidas, este faculta al “Servicio de Evaluación Ambiental para revisar (los pronunciamientos técnicos de los organismos públicos evaluadores) y omitir aquellos pronunciamientos infundados o que se refieran a asuntos fuera de la competencia del órgano respectivo” y establece “el carácter vinculante de las respuestas a las consultas de pertinencia de los interesados en presentar un proyecto a evaluación de impacto ambiental, o las modificaciones a proyectos en ejecución”.
Ese día Piñera, además, informó sobre el envió de un oficio al presidente de la Comisión Nacional de Productividad, Joseph Ramos, en el cual le mandata la realización de un estudio de “Revisión Regulatoria de Sectores Estratégicos”. En este le solicita “proponer recomendaciones de política pública con el objetivo de llevar adelante una simplificación administrativa y regulatoria de los procesos y permisos necesarios para el desarrollo de proyectos de inversión en sectores estratégicos, manteniendo los estándares adecuados para un crecimiento sostenible”.
Uno de sus objetivos es “diseñar una estrategia de simplificación regulatoria que permita revisar de forma sistemática los permisos que no cumplen los objetivos para los cuales fueron diseñados y la gestión eficiente de su tramitación. Con ello, se busca lograr un mejor nivel de coherencia y eficiencia regulatoria en el corto, mediano y largo plazo, que permita aplicar de forma eficaz y eficiente la normativa para que esta no signifique un impedimento a los proyectos de inversión”.
En jerga político-económica este propósito es conocido como “destrabar proyectos”. Una idea compleja cuando las iniciativas seleccionadas involucran el impulso de políticas públicas y leyes ad hoc, e incluso desentenderse de acciones judiciales por parte de organismos del Estado.
Fue el 8 de mayo de este año que el ministro de Bienes Nacionales, Felipe Ward, puso en conocimiento de la Comisión de Medio Ambiente del Senado ciertas irregularidades cometidas por Southern Gold. Sus palabras son refrendadas por la documento oficial alojado en el portal de la Corporación, al igual que el audio de la sesión.
En su presentación, Ward señaló que “han surgido inquietudes con respecto a las concesiones de exploración y explotación mineras dentro del parque (existen cinco concesiones de explotación y once de exploración), y la posibilidad de desarrollo de estas”. Y agregó: “Se detectó, por parte del ministerio, la realización de actividad minera ilegal en terrenos fiscales al interior de la reserva nacional Lago Jeinimeni por parte de la empresa minera Equus Mining”, ante lo cual informó que “el ministerio coordinará con el Consejo de Defensa del Estado la interposición de las acciones judiciales ambientales que correspondan”.
La presentación ante los senadores se hizo a días de que el titular de Bienes Nacionales se reuniera en su despacho, el 3 de mayo, con Damien Koerber y Sergio Romero en representación de Southern Gold. En la cita le habrían señalado que sus actividades “están fuera, pero aparentemente a través de caminos habría un conflicto con los límites” de la reserva nacional Jeinimeni. Según el portal www.infolobby.cl, el motivo de la audiencia fue dialogar sobre “exploración minera en bienes fiscales (Chile Chico, región de Aysén) susceptibles de ser incorporados a la actual reserva Jeinemeni y eventual futuro Parque Nacional Patagonia”.
A principios de agosto, en una respuesta a una solicitud realizada vía Ley de Transparencia para conocer si se concretaron las acciones judiciales comprometidas ante el Senado, el Ministerio de Bienes Nacionales informó que en una flash visita del 27 de julio de 2018 “se constató que la faena minera se entiende por terminada, al no constatar maquinaria ni personal en el sector, no existiendo además ningún vestigio actual sobre los caminos nevados, respecto a movimientos y desplazamientos de maquinarias, por lo tanto no procede iniciar acciones judiciales al respecto”. Según el servicio, además, la actividad minera se estaba realizando, en realidad, “aproximadamente a 157 metros del límite de la reserva”.
Uno de los problemas de esta constatación en terreno es que solo se realizó un año después de ocurridos los hechos, dos meses luego de la aseveración del ministro Ward ante la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara Alta y 20 días posterior a la denuncia pública. Las dudas aumentan cuando, en realidad, la información que se entregó incluyó exclusivamente antecedentes generados con posterioridad al ingreso de la solicitud por Ley de Transparencia, no facilitándose lo que efectivamente se requirió: todos los antecedentes involucrados con esta situación, lo que incluye por cierto el informe original de denuncia de Conaf de junio de 2017. El resultado: recurrir ante el Consejo para la Transparencia para contar con toda la información.
En la respuesta entregan un antecedente más, no conocido. La empresa estaría preparando una declaración de impacto ambiental, probablemente para instalar más plataformas de prospección y así avanzar en certeza sobre la presencia del mineral y confeccionar el proyecto definitivo de explotación.
Pero esta no es la única situación en que el gobierno debe decidir si separa o no su voluntad política de privilegiar ciertos proyectos de inversión de su obligación constitucional de gobernar para el interés público y hacer cumplir la ley. Situación en la que se encontrarían las 212 iniciativas ya priorizadas por la Oficina de “Gestión de Proyectos Sustentables”.
De avanzar el proyecto “Los Domos” de Southern Gold más allá de la fase de exploración, deberá someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) donde será el propio gobierno el que resolverá su futuro a través de autoridades designadas en la Comisión de Evaluación Ambiental. Esto en el marco de una institucionalidad que la administración de Piñera espera modificar, eliminado las direcciones regionales del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) para aglutinarlas en macrozonas: Antofagasta, Metropolitana y Los Ríos.
Un iniciativa minera que, según diera a conocer el reportaje de El Mostrador, tiene vínculos con medios de comunicación de derecha y ex dirigentes de Renovación Nacional, cuna política del Presidente.
A esto se suma la alianza tácita entre Southern Gold y la cuestionada minera Cerro Bayo, sobre la cual pesa la desaparición de dos trabajadores durante 2017 en los túneles de la minal Delia 2 producto de una inundación. Según fuentes, la empresa de capitales australianos pretende utilizar las instalaciones ya presentes de Cerro Bayo, la cual hoy tiene en evaluación ante el SEA (mediante Declaración de Impacto Ambiental) un proyecto para rehabilitar la inundada mina Javiera, emplazada en el Sitio Prioritario para la Conservación de la Biodiversidad Estepas Jeinimeni-Lagunas de Bahía Jara y dentro del polígono de la Zona de Interés Turístico Chelenko. El proyecto pretende extraer 580 mil M3 de agua desde sus galerías y depositarlas en la laguna Salitrosa, distante a 2,3 kilómetros, con lo cual triplicaría su volumen con el eventual riesgo de contaminar los cursos hídricos aledaños, según alertara la Dirección General de Aguas.
Organizaciones, entre ellas la Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén que presido, solicitaron que se presentara estudio y no declaración por afectar un área bajo protección oficial, lo cual fue rechazado por autoridades del anterior gobierno. Hoy el tema escaló a nivel central por el recurso interpuesto, el cual aún se encuentra sin resolver. En caso de persistir la negativa, no se descarta recurrir a tribunales ambientales.
Southern Gold no tiene únicamente intereses en Chile Chico. A solo 11 kilómetros de Puerto Ingeniero Ibáñez (también en la cuenca del lago General Carrera), en el sector aledaño al cerro Pirámide y adyacente a los límites de la Zona de Interés Turístico Chelenko, la empresa está realizando requerimientos para constituir los pedimentos Diablo 1, Diablo 2, Diablo 3, Diablo 4, Diablo 5, Diablo 6 y Diablo 7 por 2.100 hectáreas.
De esta forma, el futuro de la ofensiva contra el Parque Patagonia para beneficiar al proyecto “Los Domos” que pretende operar en terrenos fiscales que pasarían a ser parte de la nueva área silvestre protegida tendría efectos, también, en la costa norte de la cuenca.
Una posibilidad que aumenta la preocupación local, luego que recientemente se conformara la agrupación “Puro Ibáñez” con vecinos de la localidad con el objetivo de hacer frente desde ya a la ofensiva minera en la cuenca del lago General Carrera y, de paso, en la región de Aysén.
