El ingreso mínimo del trabajador desechable

En estos momentos se encuentra en discusión el reajuste del ingreso mínimo. El Gobierno ha presentado un proyecto proponiendo un aumento de $276.000 a $283.500, considerando a futuro reajustes según el incremento del PIB de nuestro país. Según informaciones de prensa, en el Congreso Nacional habría un acuerdo para que su monto alcance $300.000 el próximo año.

Esta discusión dice mucho acerca de nuestro país y de las políticas laborales, ayudando a comprender por qué somos uno de los 10 países con mayor desigualdad en el mundo.

En los países serios esta discusión es tema de negociación colectiva. En efecto, los sindicatos de trabajadores y las asociaciones de empleadores acuerdan montos de ingreso mínimo a nivel de rama de actividad. Estos acuerdos a veces son traducidos en una norma estatal y, otras, son acuerdos sectoriales de amplio impacto. Como se trata de ingreso mínimo, cada acuerdo sectorial es sensible a la mediana y pequeña empresa, es decir, se trata del salario base y mínimamente aceptable del sector, el cual siempre puede ser elevado por una negociación a nivel de empresa o a nivel individual en las compañías medianas y grandes. Esta forma de determinación es bastante equitativa, dado que sectores tan distintos como los servicios, la agricultura, la minería, la manufactura, el turismo, etc., tienen diferentes ganancias y, por ende, los ingresos mínimos acordados no son iguales.

Una forma menos equitativa es determinar ingreso mínimo por ley para todo el país. Resulta obvio que en este caso será el salario base exigible al empleador de la microempresa. Por tanto, los sectores más pudientes de la mediana y gran empresa tienen la opción de pagar cifras extremadamente bajas a sus trabajadores. Y es lo que ocurre en nuestro país, donde las grandes empresas pagan en promedio un poco más del mínimo con una diferencia de magros 120 mil pesos (Fundación Sol).

En nuestra realidad la primera forma, vía negociación sectorial, es en estos momentos utópica. La negociación colectiva está en extinción, ya sea por la reforma antisindical de la Nueva Mayoría (Ley 20.940) o por la interpretación de la Dirección del Trabajo (DT). La Ley 20.940 contiene normas que pugnan con los Convenios OIT de Libertad Sindical y con su reconocimiento como derecho humano universal desde la Declaración de 1948, por ejemplo, impidiendo el piquete sindical, contemplando un reemplazo permanente con nombre de servicios mínimos y buscando obstaculizar las negociaciones de los contratistas, entre otras joyas de esta ley. ¿Mala fe o ineptitud de la Nueva Mayoría, o ambas? El tiempo dirá.

Por su parte, la DT, operando como cuarta cámara (parafrasenado a Fernando Atria), en materia de grupos negociadores ha completado ilegal e inconstitucionalmente el fallo aberrante del TC y pareciera presta a interpretar en contra de los sindicatos los numerosos errores de redacción de la flamante antirreforma de Bachelet, aportando su cuota de antisindicalidad al ya deprimido panorama negociador de los trabajadores chilenos. Para ser justos, estas actuaciones del órgano administrativo son un presente griego de Chile Vamos y del presidente Piñera a los chilenos. Como vemos, la antisindicalidad cruza partidos, ya sea en el Gobierno actual de los hiperricos o en el Gobierno anterior apadrinado por la oligarquía corporativa que gobierna a Chile por la razón o la fuerza.

Y la segunda forma, determinar el ingreso mínimo por ley para todo el país, es ya un clásico del ninguneo a los trabajadores. El Gobierno de Piñera presenta el proyecto adjuntando todo un estudio “técnico” acerca de los efectos del ingreso mínimo en el mercado de trabajo, de la productividad, etc., etc., etc., intentando invisibilizar la trama de poder detrás de esta discusión.

Nuestra oligarquía corporativa, si pudiera, tendría esclavos, pero resulta más eficiente fijar un estándar irrisorio de paga por ley y mantener a los trabajadores endeudados para gastos tan básicos como los alimentos y remedios. Un verdadero país pulpería.

Y los argumentos siempre son supuestamente “técnicos”. Según estos estudios, los trabajadores chilenos son de baja productividad y, por ello, el salario mínimo no puede ser mayor. Solamente un ingenuo podría concordar con estas razones. Chile ha crecido desde 1990 a grandes pasos (aunque actualmente se encuentre estancado) y los salarios no han seguido el paso de esta prosperidad. Son muchas las preguntas incómodas: si somos tan inproductivos, ¿por qué los gerentes y la plana directiva están tan bien pagados? En efecto, según informaba Emol, en promedio sus sueldos son de 9 mil dólares americanos mensuales, es decir, más de 20 veces el ingreso mínimo –Total Remuneration Survey (TRS) 2015–. Y esta cifra puede estar sobre las 90 veces, en el caso de gerentes generales de grandes empresas.

¿Y la productividad depende del trabajador, de sus decisiones, es decir, llega a la empresa y trabaja según su propio saber y entender? Obviamente no, recibe instrucciones de sus directivos y está fuertemente subordinado. En consecuencia, la productividad depende en gran parte de la organización del trabajo, en definitiva, de estos gerentes excelentemente bien pagados.

Las conclusiones son claras: en Chile, por un extraño encantamiento (parafraseando a Don Quijote), los trabajadores son improductivos y los gerentes súper productivos…, cada empresa contiene dos realidades absolutamente distintas: los trabajadores, con sueldos vergonzosamente bajos y pésima productividad, y los gerentes, con sueldos de país escandinavo y extraordinaria productividad… y las empresas obtienen grandes ganancias producidas solo por los gerentes y no por los trabajadores que, de seguro, solo son contratados por caridad cristiana de los empleadores.

Como vemos, en toda esta telenovela hay un juego de poder que nada tiene que ver con la productividad. Los trabajadores no tienen poder de negociar sus contratos y los sindicatos están en extinción en nuestro país. Por ello, los niveles salariales son vergonzosos y la desigualdad se mantiene rampante.

En los países serios el nivel salarial se negocia con un sindicalismo fortalecido y, si se determina el ingreso mínimo por ley, se intenta que realmente alcance para lo básico. Los países ricos, cuando tenían el PIB de Chile, fijaban un ingreso mínimo un 70% promedio superior al nuestro. Croacia tiene en estos momentos el mismo PIB de Chile y su ingreso mínimo es un 50% más alto (Fundación Sol).

Por otro lado, en el caso del Uruguay, actualmente el país más desarrollado de Sudamérica, con mayor PIB per cápita que Chile y mejor índice de GINI, el salario mínimo se fija por negociacion colectiva ramal que cubre más del 90% de los trabajadores (consejos de salarios). Nuevamente nos encontramos con que la realidad nada tiene que ver con los informes “técnicos” que tanto gustan a nuestros oligarcas. Uruguay no es un caos o un país marxista, sino un país capiatalista con mejores proyecciones de crecimiento que Chile, según la Cepal, y con una clase media fortalecida y no de pobreza encubierta como la chilena.

De momento deberemos seguir viendo este debate absurdo sobre el vergonzoso ingreso mínimo de los trabajadores chilenos. Probablemente con nuevas sorpresas de Chile Vamos, como es el Estatuto del Trabajador Juvenil, que aumentará exponencialmente la precariedad de los trabajadores. Como diría nuestro Presidente, “tiempos mejores”, pero para los dueños del país.

Nuestros trabajadores tendrán que seguir con paciencia infinita esperando que haya gobernantes con calibre, que no antepongan sus intereses personales o los intereses de los poderosos a los del país.