Opinión
Al parecer, para el Gobierno la muerte de Joane Florvil no fue suficiente para comprender que la migración representa un desafío, y que existen particularidades que dotan a ciertos colectivos de una mayor vulnerabilidad. Ante esto, la acción por parte del Estado no debiera ser la de tomar medidas sin fundamento con el fin de evitar que migren o devolverlos una vez que lo hacen. Más bien debería emprender acciones orientadas a integrarlos, en cumplimiento a las obligaciones internacionales que Chile ha adquirido mediante la ratificación y entrada en vigencia de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares.
A un año de la muerte de la joven madre haitiana Joane Florvil y con ocasión de la marcha convocada por las organizaciones migrantes el 30 de septiembre, se puede afirmar que la fuerza de la movilización radica no solo en la exigencia de justicia, sino también en demandas tales como el cese de las expulsiones altamente mediatizadas, la facilitación de los procesos de regularización migratoria, el reconocimiento de las necesidades de los países de origen, garantías para ejercer el derecho humano al trabajo y una política migratoria con enfoque de derechos.
Estas demandas surgen a raíz de las medidas adoptadas por el Gobierno el 9 de abril y la forma en que estas han sido implementadas. Todas tienen como foco la idea de “ordenar la casa”, aunque con nula planificación previa y un profundo desconocimiento sobre las necesidades reales de las personas y países afectados. Es por este motivo que muchas de estas políticas, si no todas, se constituyen como causales de nuevos problemas, mas no como una solución a los existentes. Tal es el caso, por ejemplo, de los efectos de una visa consular en el aumento de la irregularidad.
Si bien es cierto el Gobierno sigue la recomendación internacional relativa a promover una migración ordenada, segura y regular; el problema de ello son las formas, los métodos y las iniciativas implementadas, en las cuales, a pesar de encontrarse en el marco de dichos principios, se incurre en actos de discriminación y en medidas poco o nada planificadas.
Además de la eliminación del Consejo Consultivo Nacional de Migraciones y del cese del Consejo Técnico de Política Migratoria, el anuncio de abril marcó el inicio de la restricción de la migración haitiana hacia Chile. En particular, en esta columna se analizarán dos elementos relevantes de este anuncio: la creación de una visa consular de turismo para ciudadanos haitianos y el proceso de regularización extraordinaria, los que son parte del cuestionable paquete con el que las autoridades salieron a enfrentar el tema.
En relación con la visa de turismo, a pesar de que formalmente está dentro de los límites de un marco regulatorio que data de 1975, debe entenderse no solo como una acción discriminatoria y sin fundamentos empíricos, sino que también como una acción paternalista y proteccionista de un Gobierno que dice defender la libertad, coartando el principio de igualdad de oportunidades y de libre elección. De esta forma, el Estado termina decidiendo por la persona haitiana, quien, aparentemente, no puede hacerlo por sí misma.
[cita tipo=»destaque»]Todas estas medidas se implementaron de manera unilateral desde el Poder Ejecutivo e, incluso, muchas de ellas sin siquiera contar hasta ahora con un acto administrativo que las valide. Incluso, si este último existiese, sería porque la herencia de la dictadura lo permite. Es así como no fue necesario articular grandes transformaciones, ni hacer dialogar a los poderes del Estado. La posibilidad de plantear los “sagrados” consensos fue simplemente olvidada. Las decisiones en torno a la política migratoria se resolvieron por medio de un camino corto, sin barreras y con espacio legal para la discriminación institucional.[/cita]
En cuanto al proceso de regularización extraordinaria, resulta relevante mencionar que no otorga permiso de trabajo, al menos hasta que se obtiene la visa, la cual puede obtenerse hasta un año después de registrados. Además, la visa de 100 dólares vía proceso extraordinario a los ciudadanos haitianos les resulta más cara que la obtención de la visa mediante el proceso ordinario (25 dólares), situación que implica un contrasentido, si se parte del supuesto que fue un proceso orientado, sobre todo, a las personas de dicho país.
Más allá de cuántos finalmente optaron por uno u otro proceso, activar una medida extraordinaria cuya hipótesis consistía en la supuesta alta irregularidad de las personas haitianas, y ofrecer como solución una alternativa más cara, denota una profunda falta de conocimiento que se refleja en el establecimiento de un precio estándar sobre la base de un promedio simple del precio de las visas, por sobre el precio de la visa de la población a la que se orienta la medida. De tal modo, ¿cuál es el sentido de facilitar los procesos de regularización bajo un precio más alto y, además, sin proveer de un permiso para trabajar, desincentivando la contratación de estas personas y dejándolas expuestas a explotación y abuso laboral?
Todas estas medidas se implementaron de manera unilateral desde el Poder Ejecutivo e, incluso, muchas de ellas sin siquiera contar hasta ahora con un acto administrativo que las valide. Incluso, si este último existiese, sería porque la herencia de la dictadura lo permite. Es así como no fue necesario articular grandes transformaciones, ni hacer dialogar a los poderes del Estado. La posibilidad de plantear los “sagrados” consensos fue simplemente olvidada. Las decisiones en torno a la política migratoria se resolvieron por medio de un camino corto, sin barreras y con espacio legal para la discriminación institucional.
Al parecer, para el Gobierno la muerte de Joane Florvil no fue suficiente para comprender que la migración representa un desafío, y que existen particularidades que dotan a ciertos colectivos de una mayor vulnerabilidad. Ante esto, la acción por parte del Estado no debiera ser el tomar medidas sin fundamento con el fin de evitar que migren o devolverlos una vez que lo hacen. Más bien debería emprender acciones orientadas a integrarlos, en cumplimiento a las obligaciones internacionales que Chile ha adquirido mediante la ratificación y entrada en vigencia de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares.
Si el Gobierno no estaba en conocimiento de los datos y principales tendencias de la migración haitiana hacia Chile, entonces se incurrió en un error. Ahora bien, si estaba en conocimiento, entonces se incurrió en acciones arbitrarias, deliberadamente discriminatorias y carentes de fundamento.
Los principales datos y tendencias, a abril de 2018, que permiten avalar la segunda tesis: según la Policía de Investigaciones (PDI) y del Departamento de Extranjería y Migración (DEM), en el caso de la migración haitiana, en promedio entre 2011 y 2017, un 78% de las personas que llegaron se quedaron en Chile. Esto da cuenta, por un lado, del carácter permanente de la migración haitiana y, por otro, de un tipo de migración de carácter humanitario susceptible de ser especialmente integrada.
Asimismo, las personas nacionales de Haití no son quienes habían llegado en mayor número en dicho período. Si se observa el saldo migratorio (ingresos menos egresos) entre 2011 y 2017, Haití posee 172.245, mientras que Venezuela 176.269. De igual forma, para el mismo período, en el caso de las visas solicitadas, Haití posee 174.894, situándose en el cuarto lugar, después de Perú (289.363), Colombia (211.669) y Venezuela (204.683). Finalmente, en lo que respecta a los contratos falsos presentados, según datos del DEM, la presentación de estos entre 2016 y 2017, disminuye solo en el caso de las personas haitianas. Entre estos dos años, Haití disminuye en 39%, mientras Venezuela aumenta en 954% y Colombia en 137%.
Como conclusión la pregunta que surge es: ante un tipo de migración humanitaria como la haitiana, ¿qué puede hacer un país como Chile? ¿Evitarlos? ¿Integrarlos? ¿Devolverlos? La integración no debe pensarse como un fin que se resuelve, por ejemplo, con una iniciativa como el “Impacta Migraciones”, destinada a solucionar problemas de “convivencia” sin abordar temáticas relevantes, llevadas por una pequeña área de un aún más pequeño departamento dentro del Estado, externalizadas en personas naturales, bajo un modelo de innovación abierta, que no apunta a diagnósticos ni soluciones reales. Esto no es política pública, ni resulta suficiente.
La integración debe promoverse como una política de Estado, generada a partir de la voluntad de las autoridades, quienes deben implementar políticas sistemáticas e integrales, con un impacto real en el bienestar de las personas, enfocada no en resolver problemas de convivencia, sino que más bien en generar las iniciativas necesarias para intentar evitarlos, lejos de todo criterio antojadizo de perjudicar a algunos más que a otros.
