Opinión
A nivel escolar, los conflictos debieran ser superados en lógica de formación y no de represión. En el nivel de la sociedad, la comunidad política debe aprender a tramitar sus conflictos o exponerse a la tragedia de conflagraciones mayores. En esta pasada, el gobierno no está mostrando aprendizaje respecto a la historia contemporánea del país ni al desarrollo reciente de las políticas de convivencia escolar, sino insistencia en las mismas prácticas que han dado forma a un país muy desigual y democráticamente vacilante. Ante la violencia la solución no es más autoritarismo, sino el fortalecimiento de la democracia como forma de convivencia.
El Proyecto de Ley Aula Segura manifiesta la intención de “fortalecer las facultades de los directores de establecimientos educacionales, permitiéndoles expulsar de manera inmediata a alumnos que se vean involucrados en hechos graves de violencia”. El proyecto, además, instruye a los directores para “aplicar un procedimiento simple e inmediato de expulsión y cancelación de matrícula” de estudiantes en caso de (a) usar o contar con de armas contempladas en las Leyes 17.798 y 20.813.
Los promotores del proyecto señalan que quienes perpetran los actos de violencia buscan causar terror en los establecimientos, atentando contra la dignidad e integridad de la comunidad escolar y la educación pública, además del derecho y la calidad de la educación. Desde este punto de vista, quienes se oponen al Proyecto apoyan a “delincuentes y violentistas disfrazados de estudiantes”. A esto se ha añadido un argumento policial: la expulsión de estudiantes busca desactivar grupos violentos organizados en los establecimientos.
El debate se ha instalado. Según algunos, los establecimientos ya cuentan con atribuciones para expulsar o cancelar matrícula en casos excepcionales, reguladas por los reglamentos de convivencia y por la Superintendencia de Educación. En este sentido, la medida podría ser considerada irrelevante. No obstante, esta promueve la realización de procesos sumarios de exclusión de estudiantes en casos específicos, lo cual arriesga la existencia del debido proceso y no debe ser subestimado.
Las críticas a las consecuencias del proyecto giran en torno a su inefectividad y a los perjuicios que sufrirán las comunidades y los individuos. En realidad, son dos aspectos indisociables de un problema abordado de manera cuestionable. Es obvio que cierta violencia, más aún si es de magnitud, atenta contra la integridad de las personas y el derecho a la educación. Pero es incongruente pensar que la integridad y el derecho puedan ser restituidos por el simple ejercicio de una violencia contraria, que también atenta contra el derecho y la integridad de individuos y comunidades. En este sentido, Aula Segura no solamente es ineficaz y perniciosa, es llanamente una idea contradictoria.
[cita tipo=»destaque»]Desde un punto de vista democrático, los establecimientos educativos deben preparar a los estudiantes para una convivencia que es conflictiva, pero donde la violencia no debe ser un medio automático y legítimo de tramitación de los antagonismos. Evidentemente, necesitamos protocolos de acción efectiva ante hechos que lesionen a personas y comunidades, pero no pueden ocupar el centro de la convivencia escolar. Las escuelas requieren herramientas para prevenir la violencia y, más aún, recursos para desplegar una convivencia democrática. En este marco, una expulsión debiera ser considerada simplemente un fracaso educacional.[/cita]
Para ilustrar la dinámica contradictoria de Aula Segura cabe recurrir a la idea de la represión, que siendo psicológica, también es política: la expulsión de elementos que representan deseos inaceptables y provocan dolor. La represión nos evita ese dolor al precio del olvido de su origen y su inevitable retorno.
Inspirándonos en un ejemplo de Freud, supongamos que un individuo impidiera el desarrollo del proceso educativo de una escuela por medio de la agresión o la amenaza. Luego de un brevísimo conflicto, el director lo expulsa violenta, pero “legítimamente”, de manera sumaria. Hemos aplicado la lógica del Aula Segura. ¿Cuál es el problema? Para el caso, lo relevante es que el individuo ha sido expulsado por lo que representa: la violencia. La escuela se ha librado de la presencia del “violento”, pero la violencia vuelve inevitablemente. Continúan las expulsiones y la comunidad escolar se conflictúa. Eventualmente se instala un clima de irracionalidad, autoritarismo o impotencia, violencia con otros ropajes. La vida escolar y el proceso educativo se hacen cada vez más difíciles. La represión se convierte en fracaso y un menoscabo no sólo para el expulsado, sino para una comunidad que se ve, a la larga, impedida de abordar eficazmente la violencia cotidiana. La acción inicial para afrontar lo intolerable, apuntaló que lo intolerable enfermase a la escuela.
Siguiendo este razonamiento, por cierto, es un error señalar que Aula Segura es ineficaz porque le entrega el problema a otro establecimiento que tendrá que recibir al estudiante “violento”. El ejemplo deja claro que cada estudiante violento no es más que un chivo expiatorio, un mensajero de la violencia que forma parte de la vida de las organizaciones. Una persona puede tener o no inclinaciones violentas, por supuesto, pero para el caso lo relevante es que la violencia es una forma de interacción social. La violencia desatada e irracional es sólo una posibilidad. En otras palabras, el problema de la violencia no debiera conducir simplemente al tratamiento de los “estudiantes violentos”, sino al desarrollo de las estructuras y procesos que conocemos como convivencia escolar.
¿Cómo encontrar, entonces, un desenlace mejor que el que ofrece la represión o desalojo? Tres ideas generales, basadas en las planteadas por Freud para el proceso terapéutico, pueden ayudar a pensar cómo superar el escenario represivo: en primer lugar, el apaciguamiento, obtener garantías de mejor comportamiento por parte de los actores de la violencia y a la vez desactivar el desalojo, para pausar el proceso ascendente de violencia. En segundo lugar, explorar los caminos que llevaron al escenario actual, para identificar los conflictos que se quisieron evitar inicialmente y buscar soluciones más funcionales. En tercer lugar, asumir que el abordaje de la violencia es una apuesta política de final abierto: están en juego múltiples fuerzas y deseos coexistentes y mediar entre ellas es un esfuerzo cuyos resultados, potencialmente múltiples, no están asegurados.
Lo anterior es congruente con la implementación de estrategias formativas, sistemáticas y relacionales para abordar la violencia escolar y dejar de lado modelos de simple disuasión represiva. Evidentemente, Aula Segura se alinea con este segundo tipo de abordajes. Sin embargo, los abordajes relacionales están disponibles, son promovidos e implementados por diferentes instancias del mundo educativo y, de hecho, desde agosto se tramita en el Congreso el Proyecto de Ley “Escuelas sin violencia”, coherente con un tratamiento de la violencia a la vez protector de las personas y promotor de las capacidades de las comunidades escolar.
Algunos promotores de la línea represiva aducen que un modelo relacional es promocionado desde la comodidad. Sin embargo, es lo opuesto: un abordaje represivo tiene sentido cuando se busca eliminar rápidamente el sufrimiento y conservar el orden. Un abordaje relacional, por el contrario, implica un trabajoso y prolongado proceso de cambios que, a la larga, promete mejores frutos.
La contraposición entre posturas represivas y relacionales se puede comprender como la expresión de dos grandes lógicas en conflicto en la sociedad chilena: el autoritarismo y la democracia. Ambas forman parte del intrincado proceso de construcción de la sociedad chilena y se hacen presente el día de hoy, por ejemplo, cuando en un contexto formalmente democrático muchos opinan que una dictadura puede ser una vía legítima para proteger la armonía social o la economía.
Promover modelos represivos es coherente con una mirada autoritaria, para la cual la violencia es un medio legítimo de resolución de conflictos, en la medida que esta provenga de una autoridad que no debe rendir cuentas públicas de su actuar. La idea de que los directores de establecimientos públicos puedan emular las capacidades de acción de los directores de colegios particulares va en esta dirección: atacar la violencia ilegítima fortaleciendo la discrecionalidad de los directores para admitir y expulsar miembros de la comunidad escolar. En esto, la mirada de mercado en educación converge con el autoritarismo. Por cierto, con esta lógica, los primeros candidatos a la penalización son quienes ya sufren, de hecho, la violencia que genera el orden social actual.
Desde un punto de vista democrático, los establecimientos educativos deben preparar a los estudiantes para una convivencia que es conflictiva, pero donde la violencia no debe ser un medio automático y legítimo de tramitación de los antagonismos. Evidentemente, necesitamos protocolos de acción efectiva ante hechos que lesionen a personas y comunidades, pero no pueden ocupar el centro de la convivencia escolar. Las escuelas requieren herramientas para prevenir la violencia y, más aún, recursos para desplegar una convivencia democrática. En este marco, una expulsión debiera ser considerada simplemente un fracaso educacional.
A nivel escolar, los conflictos debieran ser superados en lógica de formación y no de represión. En el nivel de la sociedad, la comunidad política debe aprender a tramitar sus conflictos o exponerse a la tragedia de conflagraciones mayores. En esta pasada, el gobierno no está mostrando aprendizaje respecto a la historia contemporánea del país ni al desarrollo reciente de las políticas de convivencia escolar, sino insistencia en las mismas prácticas que han dado forma a un país muy desigual y democráticamente vacilante. Ante la violencia la solución no es más autoritarismo, sino el fortalecimiento de la democracia como forma de convivencia.
