Caso Krassnoff y la anomia militar

La anomia es un estado de alienación de los miembros de un grupo, que limita o impide a sus autoridades ejercer el control sobre ellos. Surge cuando las reglas se han degradado o han desaparecido y dejan de ser respetadas, generando conductas antisociales y alejadas de lo que se considera como normal o aceptable en la estructura social existente.

La anomia es fatal en las organizaciones militares y precede por muy poco a su desintegración. Tal alienación suele tener su origen en la pérdida de legitimidad de sus autoridades, en su incapacidad técnica o en su carencia de liderazgo, que contribuyen mayormente a destruir la disciplina y la cohesión interna del grupo.

La crisis que estamos viendo en el Ejército tiene, en alto grado, este componente. Esta es una situación aparentemente cómoda para todos: el Presidente descansa en el ministro, el ministro no manda a las FF.AA. y descansa en paz; los comandantes en Jefe ganan autonomía. Hasta ahí todos felices, solo que el sistema no funciona, va generando anomia y, cuando se desata una crisis, por pequeña e irrelevante que sea –como lo ocurrido con el coronel Miguel Krassnoff hijo– se produce un desajuste general que es aprovechado por cuanto aventurero político pulula por los mentideros capitalinos y deja al desnudo la carencia de liderazgo de los mandos gubernamentales.

[cita tipo=»destaque»]La autoridad suprema de las FF.AA. es el Presidente de la República y su mano derecha es el Ministro de Defensa. Aquí nos encontramos con una primera luz roja: la diferencia entre las Constituciones de 1925 y de 1980 es clara. En la primera correspondía al Presidente mandar personalmente a las FF.AA.; en la segunda, en cambio, solo en caso de guerra le corresponde asumir su Jefatura Suprema. Esta disposición apunta a evitar que el Presidente use a las FF.AA. con fines político-partidistas (Allende), pero, a falta de otra disposición, deja a las FF.A.A sin jefatura suprema en tiempo de paz.[/cita]

Un breve resumen del estado de anomia del Ejército. Un comandante en Jefe que al salir a retiro deja expuesto su comportamiento deshonesto y que ejerció su cargo inmerso en un grupo desprestigiado: un vendedor de armas de mala fama; un político traficante de influencias y con las mejores conexiones con la autoridad; un abogado diestro e inescrupuloso y una corte de subalternos aspirantes a heredar el poder institucional. Lo reemplaza un oscuro miembro junior de su grupo, que recibe el apalancamiento del operador político que mueve los hilos; es nombrado con rapidez por un gobierno saliente, en medio de la frustración institucional.

Se inicia luego el despeje de los miembros del equipo derrotado que aspiraba al poder y que no lo alcanzó. Renuncian prestigiosos oficiales, personas de primer nivel personal y profesional que conformaban el grupo alternativo que esperaba rescatar a la institución de su postración moral y de su pérdida de prestigio, y que al ver coartadas sus posibilidades profesionales abandonan sus cargos para regocijo de los miembros del equipo ganador.

¿El gobierno actual dirimió así la pugna?, ¿se limitó a no hacer nada?, ¿o la situación solo pasó por su lado sin que la viera?

Otro antecedente crítico es el hecho de que el Ejército, mas aun que las otras instituciones armadas, es la moneda de cambio preferida de la pugna política –de ya medio siglo de duración– entre políticos de derecha e izquierda que no han tenido ni el valor, interés o voluntad de apartarlas de la escena política, siendo objeto de continuos ataques y descalificaciones que no pueden responder.

Esto explica el éxito del operador que administra la relación y benevolencia del Gobierno hacia uno u otro grupo militar, y les señala lo que deben o no decir y hacer para contar con el favor de la autoridad política, fortaleciendo de paso su propio poder.

Lo señalado y la anomia que ello lleva produciendo por años en la institución militar, es la base de la comedia de equivocaciones ocurrida recientemente en la Escuela Militar.

La autoridad suprema de las FF.AA. es el Presidente de la República y su mano derecha es el Ministro de Defensa. Aquí nos encontramos con una primera luz roja: la diferencia entre las Constituciones de 1925 y de 1980 es clara. En la primera correspondía al Presidente mandar personalmente a las FF.AA.; en la segunda, en cambio, solo en caso de guerra le corresponde asumir su Jefatura Suprema. Esta disposición apunta a evitar que el Presidente use a las FF.AA. con fines político-partidistas (Allende), pero, a falta de otra disposición, deja a las FF.A.A sin jefatura suprema en tiempo de paz.

En breve, toda esta situación es el resultado de años de inexistencia de un Ministerio de Defensa eficaz, técnica y políticamente idóneo. La eliminación de las asignaciones presupuestarias automáticas derivadas de la Ley Reservada del Cobre y su reemplazo por un mecanismo que relaciona capacidades con presupuesto, solo vendrá a incrementar la visibilidad de la incompetencia técnica y administrativa de la cartera de Defensa, de la misma manera, tan pronto como se presente una crisis internacional real que demande la puesta en ejecución de planes militares. Y la exótica organización del Estado Mayor Conjunto, dejará en evidencia que se trata solo de un esquema destinado a diluir las responsabilidades políticas sobre la defensa y a dejar a la improvisación como el recurso final y decisivo.

Las FF.AA., cuando son mandadas adecuadamente, son organizaciones fuertes, sólidas y responsables, pero ante el abandono e incompetencia de sus mandos, fuera de sus rituales y formas profesionales, son tremendamente débiles respecto de la función que les ha sido asignada.

Es hora de tomar en serio la defensa y la política militar, so pena de volver a experimentar hechos más y más incongruentes con un estado democrático en forma.