Aula Segura: sociedad insegura

La protección de los niños, niñas y adolescentes, de los profesores y asistentes de la educación, es una prioridad. Tal como lo he hecho cada vez desde que soy dirigente estudiantil, quisiera reiterar mi más profunda preocupación por la violencia que se da en nuestras escuelas, en las manifestaciones ciudadanas y en la sociedad en general. No queremos exponer a profesores, asistentes de la educación, apoderados, ni a niños o niñas a situaciones de riesgo. Sin embargo, luego de estudiar el proyecto “Aula Segura”, tememos que vaya a empeorar esta situación.

De partida, no hace lo que el Gobierno ha destinado tanto tiempo en criticar: no sanciona las agresiones a Carabineros, ni a “los encapuchados”, ni la violencia entre estudiantes. El proyecto, en el papel, sanciona con expulsión o cancelación de matrícula a quienes porten armas o artefactos explosivos; o a quienes lesionen a profesores, asistentes de la educación o manipuladoras de alimentos.

Pero más allá de las intenciones del Gobierno, el proyecto está mal diseñado, es reduccionista, no soluciona el problema y es inconstitucional. Así como está, no puede ser un buen proyecto, por varias razones:

En primer lugar, en vez de empoderar a los directores, este proyecto les quita poder. Por ejemplo, la iniciativa OBLIGARÍA a un director a expulsar a un niño de 1° básico que agrede a su profesor. Es decir, el proyecto no tiene por fin dejar en manos del director la posibilidad de expulsión (cosa que hoy existe), sino que excluye la posibilidad de que el equipo directivo haga uso de herramientas pedagógicas –como suspender u otras– o indague en las causas de ese comportamiento.

[cita tipo=»destaque»]En primer lugar, en vez de empoderar a los directores, este proyecto les quita poder. Por ejemplo, la iniciativa OBLIGARÍA a un director a expulsar a un niño de 1° básico que agrede a su profesor. Es decir, el proyecto no tiene por fin dejar en manos del director la posibilidad de expulsión (cosa que hoy existe), sino que excluye la posibilidad de que el equipo directivo haga uso de herramientas pedagógicas –como suspender u otras– o indague en las causas de ese comportamiento.[/cita]

En segundo lugar, como han coincidido los expertos que han expuesto en el Senado, los problemas de constitucionalidad son evidentes: no hay espacio para demostrar, antes de que se tome la decisión de expulsión, si la versión que llegó a oídos del director es cierta o no. De hecho, el proyecto elimina ciertas garantías mínimas que existen hoy para que el procedimiento sea justo, como un plazo razonable, informes psicosociales y el derecho del estudiante a ser oído.

En tercer lugar, se expulsa a los padres y apoderados del proceso, ignorando su rol en la formación de sus hijos, sin considerar lo que ellos tengan que aportar a la solución de los problemas, a la convivencia escolar, a la reparación de quienes puedan haber sido víctimas o a las relaciones de sus hijos, imponiéndoles, como consecuencia, una enorme carga familiar.

En cuarto lugar, el proyecto no contiene recursos ni planes para cambiar el comportamiento que se da en las escuelas, sino que se dedica exclusivamente a dejar a los estudiantes en la calle. La escuela opera como una alternativa a las oportunidades delictivas, y es un espacio de socialización. Cuando hay abandono escolar, los jóvenes se acercan al mundo del delito, como nos muestran las investigaciones de Anderson (2014) y Thornberry y otros (1985).

Lo que tiene más sustento para evitar la violencia por parte de jóvenes es la intervención temprana (Sherman y otros (1997), Goldblatt y Lewis (1998), especialmente para Chile: Chaux (2011); es decir, el acompañamiento preventivo de lo que ocurre fuera de la sala de clases a nivel del estudiante y su entorno cercano. Nuestros legisladores y el Gobierno dicen que les interesa la evidencia, pero nada de eso hay en este proyecto.

Pero existen propuestas alternativas a lo que propone el Gobierno: suspensiones como medidas cautelares, programas para detener la violencia temprana, apoyo y protección para las víctimas y sanciones educativas que generen cambios reales para toda la comunidad escolar. Además, hay un proyecto que revisa esta materia de manera integral y que se votará esta misma semana en la Cámara.

No puede ser que en estos tiempos la única solución para contar con aulas seguras sea dejar a los estudiantes –justamente– afuera del aula. Expulsarlos como única medida es retroceder cientos de años, a una época donde no existía debido proceso y, peor aún, a una época en la que no se concebía la educación como una forma de desarrollo y transformación de los niños, niñas y adolescentes. Aprobar el proyecto Aula Segura es pavimentar el camino hacia una Sociedad Insegura.