Opinión
Entendiendo que la situación de desigualdad en la que hoy están los pueblos originarios es producto de políticas públicas poco pertinentes, como la Ley de modernización de Sernapesca y la última modificación de la Ley de Pesca, y de un proceso histórico de descapitalización, entre otras cosas, se puede suponer que con la instalación del concepto de Pesca de Subsistencia solo se profundizarán las situaciones antes expresadas. Junto con continuar la histórica invisibilización de los pueblos originarios, los indicadores sólo deberían empeorar, ya que los pescadores indígenas seguirán quedando en el ámbito de la “pesca ilegal”.
Desde comienzo de los años noventa con la promulgación de la Ley General de Pesca y Acuicultura, la sociedad chilena se ha debatido entre la industria y la pesca artesanal. En un primer momento, el debate fue respecto del acceso a los recursos y, posteriormente, la discusión se ha centrado en “la distribución de las cuotas de pesca”. Lo anterior, sin duda, se profundizó con la modificación de la Ley de Pesca del año 2013, cuando además se hizo evidente la relación existente entre las empresas y algunos integrantes del Poder Legislativo, lo que ha sido latamente demostrado por la Fiscalía.
En este contexto y producto de la discusión del proyecto de ley que moderniza y fortalece el ejercicio de la función pública del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Boletín N° 10482-21), las organizaciones pertenecientes a la Identidad Territorial Lafkenche pusieron sobre la mesa la necesidad de reconocer los derechos de pesca de los pueblos originarios. Operaciones pesqueras que, si bien permiten sustentar a las familias que las practican, en la mayoría de los casos son, además, parte fundamental de los ciclos productivos, dinamizando economías locales o incluso se vinculan con mercados más alejados, y que aun así siguen manteniendo las artes y técnicas que consuetudinariamente han utilizado. Ejemplo de ello es el intercambio de recursos del mar que las comunidades lafkenche y/o williche de la costa realizan con las comunidades cordilleranas. O el de los cochayureros de Tirúa y Carahue, que venden sus productos (cerca de 1.000 kilos por viaje) en ciudades como Temuco, Curacautín o antiguamente hasta Los Ángeles.
[cita tipo=»destaque»]¿No es acaso necesario, transparentar la extracción que realizan las comunidades indígenas del borde costero?, reconociendo a los pescadores indígenas como parte de los actores del sistema pesquero nacional que aportan no solo a la economía local en términos de transacción de recursos, sino también de acceso a productos frescos del mar por parte de la ciudadanía en general. Como país ya avanzamos en el reconocimiento de derechos sobre la base del uso consuetudinario, cuando en conjunto con las comunidades lafkenche se diseñó y logró la promulgación de la Ley 20.249, sin embargo, dicho reconocimiento debe perfeccionarse. Esta recuperación de derechos sobre la base del uso consuetudinario de los recursos, permitiría que los pueblos originarios sean parte de los procesos de desarrollo, aportando miradas integrales de gestión pesquera, que hoy son transparentes a los órganos del Estado. Y, por otro lado, darían certeza jurídica para que se genere un impulso a zonas que históricamente han estado relegadas a “quedarse con la cola del pescado”.[/cita]
Como consecuencia de la discusión, solo se logró reconocer un tercer actor relevante en el borde costero del país: a las personas que realizan pesca de subsistencia, pesca entendida como la actividad extractiva que no se puede realizar con artes y aparejos masivos, y con embarcaciones de menos de 6 metros, sin motor, cuya cantidad sea la necesaria para satisfacer el consumo de la persona que la efectúa o su familia, pudiendo comercializar directamente al público o en ferias libres los excedentes.
La duda que nos cabe es: ¿las familias lafkenche y williche pueden definirse como pescadores de subsistencia?, entendiendo que el “uso consuetudinario” demuestra que los excedentes familiares se han utilizado culturalmente no solo para subsistir, sino también para dinamizar economías. En la actualidad, por ejemplo, el cochayuyo lafkenche se exporta.
Entendiendo que la situación de desigualdad en la que hoy están los pueblos originarios es producto de políticas públicas poco pertinentes, como la Ley de modernización de Sernapesca y la última modificación de la Ley de Pesca, y de un proceso histórico de descapitalización, entre otras cosas, se puede suponer que con la instalación del concepto de Pesca de Subsistencia solo se profundizarán las situaciones antes expresadas. Junto con continuar la histórica invisibilización de los pueblos originarios, los indicadores solo deberían empeorar, ya que los pescadores indígenas seguirán quedando en el ámbito de la “pesca ilegal”.
¿No es acaso necesario, transparentar la extracción que realizan las comunidades indígenas del borde costero?, reconociendo a los pescadores indígenas como parte de los actores del sistema pesquero nacional que aportan no solo a la economía local en términos de transacción de recursos, sino también de acceso a productos frescos del mar por parte de la ciudadanía en general. Como país ya avanzamos en el reconocimiento de derechos sobre la base del uso consuetudinario, cuando en conjunto con las comunidades lafkenche se diseñó y logró la promulgación de la Ley 20.249, sin embargo, dicho reconocimiento debe perfeccionarse.
Esta recuperación de derechos sobre la base del uso consuetudinario de los recursos, permitiría que los pueblos originarios sean parte de los procesos de desarrollo, aportando miradas integrales de gestión pesquera, que hoy son transparentes a los órganos del Estado. Y, por otro lado, darían certeza jurídica para que se genere un impulso a zonas que históricamente han estado relegadas a “quedarse con la cola del pescado”.
