“Reforma” irresponsable

Cenda rechaza terminantemente el proyecto de reforma previsional anunciado por el Presidente Sebastián Piñera, porque aumenta brutalmente el impuesto al trabajo sin mejorar pensiones y duplicando los excedentes apropiados a perpetuidad por los mercados financieros. El modesto incremento en el sistema solidario es de cargo fiscal, agravando la irracionalidad de endeudar al fisco, mientras se “ahorran” cotizaciones en inciertos mercados financieros. No mejorar las pensiones y agravar este abuso, es una irresponsabilidad que pone en riesgo la frágil legitimidad del régimen democrático en tiempos peligrosos.

El incremento propuesto de 4,2 por ciento de las cotizaciones obligatorias sube este impuesto desde 12,8 por ciento de los salarios imponibles en la actualidad, incluyendo comisiones AFP y seguro de invalidez, a 18 por ciento de los mismos, un crecimiento de más de 40 por ciento en el caso de los salarios formales. Para los honorarios el impuesto adicional es de 18 por ciento de los ingresos, puesto que hasta el momento no están forzados a cotizar. Ello afectará negativamente las remuneraciones y también el empleo, como han reconocido el Banco Central, el propio ministro de Hacienda, Felipe Larraín, y la unanimidad de los economistas. Es decir, lo pagarán los trabajadores aunque sea desembolsado por los empleadores.

Este brutal incremento en el impuesto al trabajo no tendrá ningún efecto, nunca, sobre las pensiones actuales, tampoco mejorará significativamente las pensiones de los futuros jubilados por mucho tiempo y, aun al cabo de tres décadas, su efecto en el cálculo de las mismas será muy inferior al incremento de las remuneraciones. De este modo, el modesto aporte autofinanciado por “ahorro” en el sistema de AFP, que a agosto del 2018 alcanzó a $143.432 por jubilado, representará una proporción de las remuneraciones imponibles aún más reducida que el mísero 18,4 por ciento de las mismas que aporta hoy.

Aunque dicho incremento no sea administrado por las AFP, será transferido íntegramente y a perpetuidad a los mercados financieros, al igual que la mayor parte de las cotizaciones actuales. En agosto del 2018, el sistema de AFP recaudó cotizaciones por 581.952 millones de pesos, de las cuales destinó solo 183.824 millones (31,6 por ciento) al pago de pensiones autofinanciado con ahorro, se embolsó 184.770 millones (31,8 por ciento) en comisiones AFP y primas netas de las compañías de seguros y transfirió 213.359 millones (37 por ciento) al fondo de pensiones.

[cita tipo=»destaque»]En Chile, al igual que en el resto del mundo, las pensiones se pagan, principalmente, con impuestos corrientes (reparto) y no con ahorro. La diferencia es que el impuesto al trabajo en Chile se desvía –en su mayor parte y a perpetuidad– a los mercados financieros, que es el verdadero motivo por el cual las pensiones son bajas y el déficit fiscal elevado. El proyecto gubernamental agravará la irracionalidad de endeudar al fisco hoy para pagar pensiones, al tiempo que se “ahorra” la mayor parte de las cotizaciones previsionales en inciertos mercados financieros, supuestamente, para solventar pensiones futuras.[/cita]

Con la reforma, el último excedente aumentará al doble, puesto que el aporte a pensiones no cambia y el 4,2 por ciento de salarios adicional habría recaudado 190.241 millones de pesos más ese mes. El fondo de pensiones no será devuelto jamás, puesto que solo se incrementa mes a mes con estos excedentes y beneficia principalmente a los gestores financieros y el gran empresariado nacional y extranjero, que lo recibe en forma de reiterados préstamos y aportes de capital accionario.

Los modestos incrementos propuestos en el pilar solidario, inicialmente de alrededor de 9 mil pesos mensuales y al final de 36 mil pesos por beneficiario, en promedio serán pagados íntegramente con cargo al presupuesto general de la nación. Este desembolsa actualmente cuatro quintas partes del gasto total en pensiones, incluyendo un tercio de las pensiones civiles contributivas, la totalidad de las pensiones civiles no contributivas, que son tantas como aquellas, además de las pensiones militares y otras prestaciones previsionales.

En Chile, al igual que en el resto del mundo, las pensiones se pagan, principalmente, con impuestos corrientes (reparto) y no con ahorro. La diferencia es que el impuesto al trabajo en Chile se desvía –en su mayor parte y a perpetuidad– a los mercados financieros, que es el verdadero motivo por el cual las pensiones son bajas y el déficit fiscal elevado. El proyecto gubernamental agravará la irracionalidad de endeudar al fisco hoy para pagar pensiones, al tiempo que se “ahorra” la mayor parte de las cotizaciones previsionales en inciertos mercados financieros, supuestamente, para solventar pensiones futuras.

Esta es la verdadera causa de las bajas pensiones y no la demografía, como se argumenta. El aumento en la esperanza de vida no es un problema, sino la mayor conquista de la humanidad. Gracias al continuo incremento de productividad, los trabajadores activos pueden –con jornadas laborales cada vez más cortas– mantener dignamente proporciones de adultos mayores muchísimo más elevadas que la chilena, como demuestran todos los países desarrollados.

Para mejorar las pensiones, el Estado debe terminar con el sistema de AFP y recuperar el impuesto al trabajo que son las cotizaciones, las que permiten duplicar hoy todas las pensiones, reducir la edad de jubilación efectiva de 70 años en la actualidad a la edad legal de 60/65 años para hombres y mujeres, la que se puede mantener hasta fines del siglo y reajustarlas al ritmo de los salarios, sin subir las cotizaciones hasta la próxima década, como demuestra la propuesta “C” de la Comisión Asesora Presidencial.

Las compañías de seguros, grandes empresarios y gobiernos nacionales y extranjeros que se han apropiado de las cotizaciones en forma de “primas únicas” de seguros, los préstamos y aportes de capital registrados en el fondo de pensiones, pretenden no devolverlos jamás y aumentar las cotizaciones para hacerlo crecer todavía más. Deben devolver íntegramente este dinero y sus ganancias a sus legítimos propietarios, en forma de aporte autofinanciado a sus pensiones. El Estado deberá mantener solo una reserva técnica razonable para períodos de recesión, en que la recaudación de cotizaciones disminuye transitoriamente, como hacen todos los países.

Terminar con la llamada “capitalización individual”, que consiste en el abuso de desviar una parte de los salarios a perpetuidad a los mercados financieros, al tiempo que se mantiene a los jubilados con pensiones miserables, es una condición esencial para que el pueblo chileno recupere la confianza en las instituciones democráticas y frenar, de ese modo, el peligrosísimo auge del fascismo en el mundo y la región.