Opinión
Antes de renunciar, y como condición de su renuncia, el diputado debe exigir que se apruebe una ley de ‘legitimidad política’ que objetive los cargos que se le han hecho a él y que permita demandar ante la justicia y expulsar a todos los parlamentarios y autoridades del Estado que se reúnan con criminales condenados; a todos los que siguen justificando, bajo cualquier concepto, las violaciones a los Derechos Humanos; a todos los que siguen encubriendo a actores y prácticas del terrorismo de Estado; a los que tienen discursos negacionistas y a los que han preservado un lugar en el Estado para la tortura.
Algunos personeros UDI han afirmado que el diputado Gabriel Boric, por haberse reunido con Ricardo Palma Salamanca, no tiene legitimidad para ejercer la representación parlamentaria. El argumento dice que esa reunión privada implica una forma de complicidad en el crimen de Jaime Guzmán. Otros comentaristas afirman que las críticas al legado de Guzmán no tienen otra finalidad más que avalar su asesinato.
Hay dos asuntos interesantes en estos alegatos. Primero, la introducción de criterios de legitimidad que no son vagos e inexigibles sino precisos y que implican la inhabilitación para ejercer cargos de representación política. Segundo, se establece una serie de cruces entre la criminalización de la política, la psicología de los cómplices y los discursos hiperbólicos que son verdaderas confesiones histéricas y autodestructivas. Hay una exaltación del sentimiento que hace perder el balance y ofrece el flanco a la estocada del adversario.
Hay un punto en que el realismo político de los herederos de Guzmán se topa con una emocionalidad verdadera. Cuando se trata de hacer justicia a Guzmán, sus seguidores se dejan llevar por una pasión tan auténtica como incompatible con el cálculo político que los identifica. Nadie puede negar el papel del cálculo en el pensamiento y el legado de Jaime Guzmán. El tempo de los amarres constitucionales y del blanqueo moral fue impecable. Vivimos en el ambiente creado por el desenlace del tiempo en su geometría institucional.
[cita tipo=»destaque»]La crítica menos destemplada contra Boric es la que acusa a la reunión con un prófugo de la justicia chilena como más grave que otras reuniones con criminales condenados o circulantes. Esa calificación es verdadera, pero el prófugo no está escondido sino que en un lugar jurídicamente inalcanzable para la justicia chilena. No es que Boric lo haya protegido, encubierto o justificado. Eso en cambio es lo que sustenta hasta hoy la actitud de la UDI respecto a criminales encarcelados y criminales que caminan sueltos como tapados por la niebla política. No hay inocencia en la protección que reenvía una y otra vez a la protección del pasado a los asesinos y a los cómplices activos y pasivos de torturas y desapariciones.[/cita]
Es probable que los sectores más evolucionados de la UDI no participen en el linchamiento de Boric, porque se dan cuenta de que la cuerda que están jalando aprieta su propio cuello.
Los seguidores de J. Guzmán tienen toda la razón en pedir el castigo de los asesinos de su fundador e inspirador. Es más, hacen un enorme servicio al país al poner exigencias en la vida pública que, de prosperar, permitirían excluir de la política chilena a la totalidad de los que hacen apología del crimen de Estado, a los que lo han facilitado y a los que han profitado de ellos.
Mi petición a Gabriel Boric es que acepte renunciar a la Cámara de Diputados.
Antes de renunciar, y como condición de su renuncia, el diputado debe exigir que se apruebe una ley de ‘legitimidad política’ que objetive los cargos que se le han hecho a él y que permita demandar ante la justicia y expulsar a todos los parlamentarios y autoridades del Estado que se reúnan con criminales condenados; a todos los que siguen justificando bajo cualquier concepto las violaciones a los Derechos Humanos; a todos los que siguen encubriendo actores y prácticas del terrorismo de Estado; a los que tienen discursos negacionistas y a los que han preservado un lugar en el Estado para la tortura.
El diputado Boric podrá luego apelar en tribunales para que le sean restituidos sus derechos políticos, por cuanto su actuación no reviste ninguna de las características de participación criminal que la UDI le asigna –sin verse retratada en sus acusaciones–.
Como las leyes no pueden ser retroactivas, sería necesaria, más que una ley nueva, la resucitación de una ley anterior o la dictación de una ley interpretativa de la actual Constitución. Cuando hay voluntad legislativa todo es posible y este sería una nueva forma de particularizar eso de ‘la izquierda y la derecha unidas jamás serán vencidas’.
La crítica menos destemplada contra Boric es la que acusa a la reunión con un prófugo de la justicia chilena como más grave que otras reuniones con criminales condenados o circulantes. Esa calificación es verdadera, pero el prófugo no está escondido sino que en un lugar jurídicamente inalcanzable para la justicia chilena. No es que Boric lo haya protegido, encubierto o justificado. Eso en cambio es lo que sustenta hasta hoy la actitud de la UDI respecto a criminales encarcelados y criminales que caminan sueltos como tapados por la niebla política. No hay inocencia en la protección que reenvía una y otra vez a la protección del pasado a los asesinos y a los cómplices activos y pasivos de torturas y desapariciones.
Con suerte y siguiendo su propio argumento, podríamos iluminar a la UDI con un pequeño reflejo de su propio historial de complicidad en los miles de asesinatos de la Dictadura, en las decenas de miles de casos de torturas, en los cientos de miles de exilios y los 17 años de terror que se resisten al olvido. A los comentaristas UDI estas cantidades no les dicen nada. Sería saludable que ellos multiplicaran su dolor por la muerte de Guzmán, por cada una de las víctimas de la Dictadura y, luego, que multiplicaran de nuevo los millones de chilenos agraviados por la cantidad de ofensas y daños recibidos continuamente hasta hoy.
Aquí no hay empates ni equivalencias que interesen. Lo que importa es el consenso para reglamentar la responsabilidad política.
