Opinión
Es imprescindible que Chile firme y ratifique lo antes posible el Convenio de Escazú y ejerza el mandato que le dieron los países de liderar esta nueva etapa y que ha dejado en pausa. La coherencia, consistencia y capacidad de nuestro país serán altamente escrutadas en vías de la COP25, donde también será necesario establecer espacios formales de participación ciudadana en asuntos ambientales con organizaciones nacionales e internacionales, por lo que el Gobierno tiene la oportunidad política de comenzar este proceso de la manera correcta.
La reciente Conferencia de la Partes sobre Cambio Climático (COP24) celebrada desde el 3 al 15 de diciembre en Katowice, Polonia, acordó que la próxima Cumbre será en Chile. Esto implica que nuestro país llevará también la presidencia de la COP25, proceso de negociación esencial para el avance del Acuerdo de París y la agenda pre-2020, que se realizará en el transcurso de un año con el apoyo de Costa Rica, país donde se realizará la reunión previa (Pre-COP) al magno evento.
Que un país sea sede de un evento como este, no solo exige disponer de la logística e infraestructura para recibir a más de 30 mil personas; se necesita, por sobre todo, capacidad técnica y política del Estado para llevar adelante los más de 50 temas que se discuten y negocian en paralelo. Hospedar y liderar la Presidencia de la COP, conlleva, además, convertirse en el foco de observación a nivel mundial por distintos actores, ya sea políticos, estatales, agencias de cooperación, empresas, sociedad civil, academia, entre otros.
Chile tiene una oportunidad única de avanzar en su política climática y mostrar un liderazgo coherente en cuanto a sus políticas públicas a nivel nacional e internacional, en materia ambiental y de derechos humanos. Asimismo, cabe tener presente que nuestro país tiene 7 de 9 características de vulnerabilidad de acuerdo a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), donde quienes tienen más riesgos de ser afectados son las personas y grupos en situación vulnerable.
Hoy por hoy, los temas ambientales relevan su importancia: los desafíos climáticos no pueden abordarse aisladamente, sino que son pilar integral del desarrollo sostenible con repercusiones esenciales en la política, la economía, la sociedad y los derechos humanos. Reconociendo dicha complejidad y el derecho de las personas de incidir en las decisiones que afectan su entorno y su calidad de vida, es que el año 2012 Chile propuso iniciar un proceso regional de fortalecimiento del acceso a la información, a la participación y a la justicia en asuntos ambientales.
Durante toda la negociación, nuestro país, junto a Costa Rica, lideró esta iniciativa que ha sido reconocida a nivel mundial como clave para el control de la corrupción, la transparencia, el diálogo incidente y los derechos esenciales de la ciudadanía. La negociación en sí fue un ejemplo inédito de democracia deliberativa, que permitió que todos los interesados contribuyeran en el proceso desde sus conocimientos y experiencias en sesiones que fueron siempre abiertas. El resultado de este camino fue el Convenio de Escazú, el primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe y el primero en el globo que protege explícitamente a los defensores del medio ambiente.
A la fecha, 16 países han suscrito el Convenio de Escazú y algunos ya han iniciado el proceso de ratificación. Con ello, han reafirmado su compromiso con la sostenibilidad y reconocido que, pese a los avances, no existe ningún país que no requiera adoptar medidas para mejorar su gobernanza ambiental. Lamentable y sorpresivamente, nuestro país aún no firma el tratado que impulsó durante más de 6 años.
Es imprescindible que Chile firme y ratifique lo antes posible el Convenio de Escazú y ejerza el mandato que le dieron los países de liderar esta nueva etapa y que ha dejado en pausa. La coherencia, consistencia y capacidad de nuestro país serán altamente escrutadas en vías de la COP25, donde también será necesario establecer espacios formales de participación ciudadana en asuntos ambientales con organizaciones nacionales e internacionales, por lo que el Gobierno tiene la oportunidad política de comenzar este proceso de la manera correcta.
