Opinión
Los casos de corrupción hablan por sí mismos: en los hechos, las Fuerzas Armadas y de Orden sobrepasan a las autoridades civiles. La concentración del poder y la autonomía excesiva del mundo militar, han implosionado todas las ramas castrenses, socavando desde dentro su legitimidad, abriendo así, una ventana para democratizar las instituciones que le corresponden por derecho.
Estamos ante un diseño institucional, que de facto viola los principios democráticos de la República, por lo que es urgente que las instituciones electas por soberanía popular asuman un rol protagónico. Como en USA o Uruguay, el Senado debe tomar responsabilidades en estos asuntos.
La falta de democracia se genera desde el inicio. Nuestras Fuerzas Armadas y de Orden, son el reflejo de la estructura étnica y de clases de la sociedad chilena. Bastará con decir, que la sola etapa de postulación a la Escuela de Aviación tiene un costo aproximado de $465.000 (casi dos sueldos mínimos), a lo que se deben agregar los pagos de ingreso por aproximadamente $2.075.100, más una matrícula anual de $275.000 y un arancel de $3.000.000. A pesar de que logramos que los jóvenes puedan financiar el arancel con el CAE, los costos siguen siendo del todo inaccesibles para la mayor parte de la población, en un país donde el décimo decil comienza en los $400.000 per cápita, es decir, menos que el derecho a postural.
El Alto Mando del Ejército, definido en su totalidad por voluntad presidencial, sin participación alguna del parlamento, como sucede en democracias desarrolladas, lo componen cuarenta y seis generales, dieciocho de los cuales tienen apellidos extranjeros, ninguno indígena; el Alto Mando Naval lo componen cuarenta y cinco oficiales, dieciocho de los cuales tienen apellidos extranjeros, ninguno indígena; el Alto Mando de la Fuerza Aérea lo componen veintiocho oficiales, catorce de los cuales tiene apellidos extranjeros, ninguno indígena; el Alto Mando de Carabineros lo componen cuarenta y un generales, ocho de los cuales tienen apellidos extranjeros, ninguno indígena; y el Alto Mando de la Policía de Investigaciones está compuesto por veintisiete oficiales, de los cuales seis tiene apellidos extranjeros, nuevamente, ninguno tiene apellidos indígenas.
Cifras decidoras, que revelan la íntima relación que continúan teniendo las élites del país, con las fuerzas armadas que no son de las élites, sino de todos los chilenos.
Sin embargo, este no es el único vicio del funcionamiento institucional de las Fuerzas Armadas de Chile, pues hay otros que comprometen incluso la soberanía nacional. Desde 2006 que insistimos en que debe ser el Senado quien autorice la compra de armas para las FFAA, convicción que hemos ratificado tras conocer los detalles del contrato de compra de los F-16, de los que tanto nos hemos jactado.
Resulta ser que Chile al comprar los F-16 a los Estados Unidos firmó una Carta de Oferta y Acuerdo, que faculta al país del Norte a controlar el uso de los aviones e incluso de sus municiones, así como a aprobar el perfil de las misiones en que participan. Una cesión de soberanía indignante y deshonrosa, hecha a espalda del pueblo de Chile y de sus representantes, indigna de una república democrática que se piensa como independiente.
Estos hechos demuestran que la corrupción de las Fuerzas Armadas no está puesta solo en los hechos ilegales, ya por todos conocidos, sino que está en el funcionamiento regular de las instituciones, pues obedecen a un orden institucional y a una visión del país retrógrada y anquilosada, hecha a la medida de las élites que buscan conservar su poder a toda costa.
La lucha por una nueva Constitución, debe ser también la lucha por democratizar las Fuerzas Armadas y abrirlas al pueblo de Chile.
