Opinión
En las últimas semanas, hemos visto en los medios de comunicación declaraciones de las autoridades políticas donde han renegado de la ideología y del saber experto y de la evidencia en la discusión de políticas públicas. Se ha señalado que para gobernar – esto es definir flujos de acción que afectarán la vida de todos y todas en los siguientes años- es suficiente con escuchar lo que la gente requiere, el sentido común, o las trayectorias de vida. La ideología ha sido calificada entonces como algo negativo, extremo, que tergiversa la visión de la realidad, la “verdadera esencia” de los problemas públicos. Sólo en los últimos días, PROSUR, la iniciativa recién lanzada por el gobierno de Sebastián Piñera, se autocalifica como una entidad no ideologizada, y ello se destaca como una característica positiva.
Por otro lado, en la discusión acerca de algunos proyectos de ley o iniciativas recientes -Aula Segura, Admisión Justa, Control de Identidad, por ejemplo- se ha argumentado su relevancia y pertinencia en función del sentir de la ciudadanía. Ello además en explícita oposición a los datos y a la evidencia de experiencia comparada, poniendo entonces a los expertos, académicos, investigadores, en oposición al sentido común y quitando valor a su contribución a la discusión pública.
Ambas situaciones son críticas para el diseño y discusión de las políticas públicas que el país requiere.
Por una parte, la invalidación de la ideología es engañosa, debido a que esta forma parte de la discusión necesaria en la toma de decisiones, ya que eminentemente, este proceso implica discutir valores que orientan la definición del problema y la búsqueda de la solución. De hecho, las decisiones que el gobierno ha estado tomando en los ejemplos mencionados, responde de manera muy clara a la ideología de derecha de la cual éste forma parte. En el caso del proyecto de Admisión Justa, la propuesta el gobierno pone valor al mérito, por sobre inclusión y la heterogeneidad en el aula de clases.
Por otro lado, la no consideración de los datos y de la evidencia para el diseño de iniciativas parece así responder más bien a la agenda de los medios de comunicación. En el proyecto Aula Segura, que reaccionó a incidentes aislados ocurridos en algunos establecimientos educacionales, dio relevancia de proyecto estructural en el ámbito de educación a una medida que no abordó de manera profunda la problemática de la convivencia escolar. Asimismo, el proyecto acerca del control de identidad, busca responder con una medida acotada – e ineficaz según la experiencia comparada- a una problemática multicausal y compleja como la seguridad ciudadana.
¿Qué implicancias tiene lo anterior? Por una parte, es negativo que lo ideológico sea denostado y excluido de la discusión pública. Las ideologías son parte de la política y del gobernar. Este vaciamiento de la discusión pública, que por cierto no es nuevo ni exclusivo de la realidad chilena, no es saludable ni recomendable para las democracias, y menos para aquellas que aspiran a llegar a la madurez y solidez como la nuestra. Además, seamos claros, los ejemplos aquí comentados y otros lineamientos de políticas sí responden a la posición ideológica del gobierno. Por tanto, no están exentas ni vacías de ideología, por mucho que insistan en repetirlo. ¡Y es natural al ejercicio del poder que así sea! es lo que se suele denominar “la política de las políticas públicas”.
Por otra parte, las políticas públicas que surgen como reacción a la agenda pública y de medios, y que rechazan la evidencia, poseen altas probabilidades de fallar en abordar el problema público en cuestión. Ello, con las nefastas consecuencias que implica para la vida de los ciudadanos y ciudadanas que aspiran a la solución de estos.
En consecuencia, para el fortalecimiento de nuestra democracia y para asegurar una acción gubernamental efectiva, se requiere una discusión abierta acerca de las distintas posiciones que tenemos frente a los problemas públicos y cómo ello se expresa en políticas públicas que cuenten con evidencia para su diseño e implementación. Junto con ello, requerimos de evidencia, de saber experto y de datos, así como de sentido común, de trayectorias de vida y de participación ciudadana. No son polos opuestos, ni saberes excluyentes. Las políticas públicas requieren de todo ello para asegurar su calidad, pertinencia y coherencia.
