Opinión
El Superintendente de Salud, Ignacio García-Huidobro, argumentó en una entrevista en Cooperativa, que unas de las razones que justifican el alza de las isapres sería la “judicialización de los planes de salud”. En palabras del Superintendente: “: “Hoy tenemos alrededor de 250 mil, 300 mil casos judicializados al año y eso tiene costos para el sistema que se traspasan a los usuarios.”
Siguiendo sus palabras, las isapres estarían en su derecho de traspasar a los clientes el costo económico que implica la condenación en costas que reciben de parte de los Tribunales de Justicia por seguir promoviendo alzas que desde hace más de siete años la Justicia ha venido declarando arbitrarias e ilegales. Sus palabras siguen la línea de la argumentación que tres isapres llevaron ante el Tribunal Constitucional pretendiendo que se les considere como gasto necesario para producir la renta las costas de los juicios, y que el Tribunal Constitucional descartó, siguiendo lo razonado previamente por el SII.
Adicionalmente, la cifra es totalmente falsa, el año 2018 en la Corte de Apelaciones de Santiago se ingresaron alrededor de 91.500 causas en total, esto es incluyendo todo tipo de recursos. Si un 80% de esas causas se debió a causas de protección por alzas de isapre, el número alcanza alrededor de 73.000 recursos. Y si agregamos las demás Cortes de Apelaciones, el número rondaría los 100.000 casos. Por supuesto que el número es alto, pero dista mucho de los 300.000 casos judicializados año que señala el Superintendente.
Resulta lamentable que la entidad que debe velar por los derechos de los afiliados haya tomado una posición totalmente en favor de las isapres. Pero esto no es nuevo, recordemos que en noviembre del año pasado la misma Superintendencia ordenó suspender el oficio que ordenaba aplicar la reducción del precio por cambio de factor etario tras las reclamaciones efectuadas por las isapres. Y aún más atrás, en la administración anterior del Presidente Piñera. cuando se intentó poner término a las demandas a través de la creación de un IPC de la salud que pretendía dar una fuente normativa a las isapres para aplicar alzas, lo que finalmente no fue considerado por los Tribunales de Justicia.
Durante estos años se han llevado alrededor de medio millón de sentencias sobre este tema a nuestros Tribunales y salvo contadas excepciones, la gran mayoría han sido acogidas. Transformándose este proceso en una revolución judicial que ha acercado la justicia real a un número de personas que nunca antes se había visto en nuestro país. A pesar de estos miles de sentencias, ni el Ejecutivo, ni el Legislador, de todos los sectores políticos se han atrevido a promover un real proyecto de ley sobre este tema. Limitándose a repetir el discurso de las isapres, intentando hacer creer que la “judicialización” es algo que afecta a los usuarios y que los principales responsables serían los abogados detrás de estos procesos. En una lógica que raya en lo absurdo, pues es como si culpáramos a Carabineros de que existan tantas infracciones por manejar a exceso de velocidad.
Hasta ahora, las palabras y el historial de la Superintendencia de Salud parecen estar muy lejos del lema de la entidad: “Tus derechos, nuestra prioridad”. O bien estoy equivocado en mi interpretación y la frase hace referencia a los derechos de las isapres, y no de los afiliados.
