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Subpesca supera por lejos el millonario desfalco patrimonial ocasionado al país por fraude en Carabineros Opinión

Subpesca supera por lejos el millonario desfalco patrimonial ocasionado al país por fraude en Carabineros

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Chile fue convertido en un país sin peces. Subpesca acaba de reconocer en el Estado de Situación de las Pesquerías 2018 publicado el 31 de marzo del presente año, que la sobreexplotación de las pesquerías siguieron la tendencia de años anteriores y hoy más del 70% de ellas se encuentran agotadas o sobreexplotadas, informe que ha desatado la ira de SONAPESCA quienes han salido a desinformar su origen, vale recordarle a la anterior que si bien «el principal problema de la pesca a nivel mundial es el ejercicio ilegal de esta actividad» en Chile es la corrupción que compromete a los negocios de las 7 Familias con la sobreexplotación de las pesquerías.

Con este reconocimiento de SUBPESCA lo que se habría probado en estos 6 años de vigencia de la Ley Longueira, es que los corruptos que la idearon y mandataron aprobarla por el Congreso no tan solo lo hicieron con la intención de hacerse de la propiedad de los recursos pesqueros por 20 años renovable, sino que también para imponer una administración pesquera que le diera continuidad a la corrupción y seguir enriqueciéndose a costa de la sobreexplotación de los últimos stock pesqueros.

«Si se hubiera seguido la hebra…»: Por el mismo tiempo que el Contralor calcula debería haberse investigado el fraude a Carabineros para que ese no se convirtiera en el escándalo de hoy, hace siete años ocurría lo mismo en el sector pesquero. El 2012 el Contralor de ese entonces Ramiro Mendoza sancionó que las pescas de investigación falsas eran actuaciones por fuera de la ley de responsabilidad de los Subsecretarios de Pesca, -las que favorecían el enriquecimiento de las 7 Familias con la sobreexplotación de las pesquerías-, pero decidió no derivarlo a la Justicia y se arregló que el gobierno de Piñera se preocuparía que lo anterior no volviera a ocurrir, con la Ley Longueira.

Según sus autores la Ley Longueira pondría fin al actuar por fuera de la ley que acompañaba la sobreexplotación que ocurría hasta el año 2012, pero nunca en el entendido que a partir del año 2013 la sobreexplotación se convertiría en legal con la complicidad de la instituciones de Estado que desde esa fecha o se dedican a tergiversar la verdad o permanecen ciegas, sordas y mudas.

Modus Operandis: Al momento de nombrar a los integrantes de los Comité Científicos las 7 familias consiguieron que la Subsecretaría de Pesca tuviera especial cuidado de elegir a los «pseudo científicos» instalados en Subpesca y el IFOP que les habían validado las pescas de investigación falsas – no había impedimento ya que los autores de esas quedaron en la impunidad-. Los resultados de los Comité Científicos durante el período 2013-2018 están a la vista y está probado que se han dedicado a entregar cuotas de pesca sobre pesquerías Agotadas y sobreexplotadas, justificándose en que se hace como parte de la ley. Sus consecuencias son catastróficas ya que el porcentaje de la caída de los desembarques por sobreexplotación aumentó al doble de lo que ocurría antes del 2013, en el período sin Ley Longueira.

Los «expertos» de los Comité Científicos se han justificado que no han tenido otra alternativa que seguir sobreexplotando ya que «son escasos o nulos los antecedentes a nivel mundial respecto a herramientas asimilables a programas de recuperación, …» de nuestras pesquerías, lo que No es cierto.

Sector pesquero anticipa el país de extrema pobreza y de multimillonarios que resulta del actual modelo extractivista. La sustentabilidad de los recursos naturales renovables -pesquerías- eran el desafío que se tenía por delante y donde el modelo económico chileno tenía que mostrar sus cualidades de credibilidad de largo plazo y su compromiso con el desarrollo del país. También para descartar que el discurso del empleo y del crecimiento fueran una excusa de las élites empresariales para amasar fortunas multimillonarias a costa del desastre medioambiental del país.

Sin embargo los resultados del sector pesquero dejan al desnudo que las elites empresariales y políticas nos han lavado el cerebro sobre el espejismo del crecimiento y el empleo durante las últimas décadas, ya que aunque es cierto que nuestras exportaciones y el empleo crecieron mientras teníamos peces que capturar, hoy nuestro país quedó sin peces y tiene como Balance final por el lado de las víctimas a miles de familias sin empleo, otros miles con pensiones de miseria, y generaciones futuras sin posibilidad alguna de empleo y de aportar al desarrollo del país en el sector pesquero.

Mientras que por el lado de los que hicieron fortunas multimillonarias con la sobreexplotación, estos gozan de inversiones fabulosas en nuevos sectores económicos (celulosa en caso Angellini, mega acuicultura de salmones y mejillones en caso de las 7 Familias, independiente de las fortunas llevadas a paraísos fiscales desde donde invierten en países vecinos o especulan con sus fortunas en los mercados globales). En sus nuevas mega inversiones en Celulosa, Salmones y mega acuicultura han trasladado los mismos modos de amasar fortuna, insistiendo en forma majadera que la destrucción medioambiental en la que incurren sus negocios debe ser respaldada por el Estado y que lo que le debe importar a la ciudadanía es el espejismo del crecimiento y el empleo.

Chile ha llegado al fin de la historia y se encamina en unos pocos años más a ser un país con mar pero sin Peces, lo que habría ocurrido con la complicidad de funcionarios públicos que estaban mandatados por ley para proteger el patrimonio pesquero del país pero que no lo han hecho.

Comisión Investigadora Cámara Diputados, por desfalco pesquero. Los funcionarios públicos que tenían y tienen la obligación por ley de administrar la riqueza pesquera país en forma sustentable y no lo hicieron, tienen una responsabilidad que no debería ser muy distinta a la de los generales y oficiales que desde puestos de mando en Carabineros defraudaron el patrimonio público, de allí que amerita que los actuales diputados tengan la obligación de investigar estos hechos y luego derivarlos a la Justicia, con mayor razón si la sobreexplotación ha llegado a límites demenciales ( devastaron el 70-80% de las pesquerías que poseía el país en un par de décadas) que están significando el cierre de numerosas industrias y que justificado en ello los dueños de las empresas que se enriquecieron a costa de la devastación ahora están llevando al desempleo a miles de personas, dejando en el desamparo económico a miles de hogares en la VIII Región y otras regiones.

  • El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.
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