Opinión
Sin lugar a dudas, las cifras que mayor interés concitan en la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC 2019) son las de victimización o la tasa de denuncia. Sin embargo, este instrumento permite recopilar información más amplia, la cual puede ser utilizada para analizar múltiples fenómenos asociados a la gestión de la seguridad ciudadana.
Así, la ENUSC incluye, desde el 2015, una serie de preguntas relativas a la confianza que sienten las personas respecto de las principales instituciones públicas vinculadas con dicho ámbito. En este sentido, es posible indicar que las tendencias observadas hasta el momento hablarían de un extendido escenario de desconfianza, pero que paulatinamente ha venido aminorando su magnitud, asumiendo diferentes matices dependiendo de la institución.
En este entendido, los datos muestran que el Congreso sería la institución peor evaluada, al alrededor de un 80% de las personas declara confiar “poco” o “nada” en los parlamentarios. Luego, seguirían los Tribunales de Justicia (70%), el Ministerio del Interior y el Gobierno (ambos en torno al 60%), además de la Fiscalía (56%). En tanto, poco más de la mitad de los encuestados percibe a las Municipalidades como instituciones confiables. Finalmente, las instituciones mejor evaluadas serían los cuerpos policiales, poco más del 70% de los encuestados declara tener “mucha” o “algo” de confianza en la Policía de Investigaciones, misma percepción que tendría 60% de la población respecto a Carabineros de Chile.
La encuesta también indica que, en general, la desconfianza ha venido disminuyendo desde 2016. Sin embargo, Carabineros constituiría la excepción a esta tendencia, habiendo aumentado en 8% el porcentaje de personas que declara sentir desconfianza ante dicha institución (pasando de 32% a 40% entre 2015 y 2018); siendo esto un claro indicador del efecto negativo que los escándalos de corrupción y falta de probidad ocurridos durante los últimos años han tenido sobre la imagen de la institución.
Ahora bien, a pesar de este importante revés, Carabineros aún sigue exhibiendo ‘cifras azules’ en lo que a confianza ciudadana refiere. Al respecto, la misma ENUSC aporta elementos adicionales que ayudan a levantar algunas hipótesis en torno a las opiniones expresadas por la ciudadanía.
En primer lugar, tanto las policías como los municipios son las instituciones con las que más interactúan las personas y conocen su labor. Así, mientras que 97% de los encuestados dice conocer dichas instituciones, por ejemplo, sólo un 80% estaría al tanto de las funciones del Ministerio del Interior.
En segundo lugar, las personas asignarían un rol relevante a la labor policial dentro de las causas del delitos. A nivel nacional, 16% de los encuestados considera la falta de vigilancia policial como una de las causas de la delincuencia, no obstante, tal situación es indicada como la principal causa de la criminalidad a nivel barrial (30% de las respuestas). Consistentemente con esto, uno de cada tres encuestados declara que el aumento de la dotación policial sería la mejor medida para mejorar la seguridad en su barrio.
En definitiva, si bien estos datos muestran una disminución de la confianza respecto a Carabineros, también permiten establecer una distinción entre la afectación general de la imagen institucional y la valoración que la ciudadanía otorga a las labores que desarrollan los funcionarios policiales desplegados en el plano local. En este sentido, la confianza que depositarían las personas en la institución de Carabineros se sustentaría en la centralidad que éstas otorgan a tareas como la vigilancia y el control en el marco del ‘combate contra la delincuencia’.
Constatar la adopción de esta perspectiva por parte de la ciudadanía no resulta algo novedoso, sino simplemente deja en evidencia el complejo cuadro en el que las autoridades deben desarrollar las políticas de seguridad. Por un lado, siempre está la opción de obtener créditos políticos inmediatos a través de estrategias populistas que ofrecen reducir el delito por medio del incremento del control policial, tal como es el caso del «control de identidad preventivo». Mientras que, por otro lado, está la alternativa más compleja, pero más efectiva, de desarrollar una política basada en la evidencia, que complemente múltiples estrategias de prevención con una labor policial focalizada, desarrollada bajo los principios de la eficacia y el respeto de los derechos de la ciudadanía.
