Opinión
¿Por qué el último femicidio o los otros 42 ocurridos durante el 2018 no pudieron evitarse, aun cuando un 42% de las mujeres durante el año pasado se había acercado a denunciar a Carabineros, la PDI o el Ministerio Público? ¿Bastan las medidas cautelares que pueda determinar un tribunal para evitar una tragedia? Precisamente este es uno de los puntos claves que, como legisladores, tenemos el deber de evaluar para evitar que el sistema vuelva a fallar, perjudicando a miles de mujeres que son víctimas de violencia intrafamiliar en Chile.
En lo que va del año 2019 se registran 18 femicidios consumados y 37 femicidios frustrados. Nuevamente nuestro país se estremece al conocer el caso de Mariela Naigual en Osorno, quien fue asesinada por su conviviente, un hecho lamentable que se suma a la tragedia familiar en la Región de Los Ríos, la cual tuvo su origen en la violencia de género de un joven hacia su pareja, quien asesinó a la madre y hermana de la víctima, y dejó grave al padre y la mujer con quien mantuvo una relación de tres años.
Estas historias nos recuerdan el doble homicidio de Gabriela Alcaíno y su madre, quienes fallecieron en manos del ex pololo de la joven en junio del año pasado, dando origen al proyecto Ley Gabriela, cuyo fin es ampliar el delito de femicidio a cualquier asesinato de una mujer por motivos de odio o abuso por causa de género, sin importar la relación o cercanía del asesino con su víctima.
Este proyecto, que ya fue aprobado en la Cámara de Diputados en noviembre del año pasado, hoy se estudia en la Comisión de Mujer del Senado, donde hemos acordado darle urgencia, aumentando las sesiones mensuales para avanzar en este y otros proyectos afines.
Estos casos nos llevan a reflexionar respecto a la necesidad de modificar el Código Penal, tal y como propone la Ley Gabriela, para que así las penas a homicidas como estos sean acordes a la gravedad de los hechos, ya que por no existir convivencia con las víctimas, en el caso de Gabriela y la joven de la Región de Los Ríos, estos no serán juzgados por el delito de femicidio.
Por otra parte, ante este último femicidio en Osorno, surge la interrogante respecto a las medidas precautorias, sobre todo porque, así como en otros casos, en esta ocasión ya existía una denuncia por violencia intrafamiliar (VIF); y pese a que la mujer realizó la constancia en Carabineros, el documento no llegó a la Fiscalía sino hasta después del deceso de la víctima, es decir, el sistema nuevamente falló, esta vez por responsabilidad de un funcionario de la institución.
¿Por qué este último caso y los otros 42 femicidios ocurridos durante el 2018 no pudieron evitarse, aun cuando un 42% de las mujeres durante el año pasado se había acercado a denunciar a Carabineros, la PDI o el Ministerio Público? ¿Bastan las medidas cautelares que pueda determinar un tribunal para evitar una tragedia? Precisamente este es uno de los puntos claves que, como legisladores, tenemos el deber de evaluar para evitar que el sistema vuelva a fallar, perjudicando a miles de mujeres que son víctimas de VIF en Chile.
De acuerdo a cifras entregadas por Carabineros de Chile a la Comisión de la Mujer del Senado, en el contexto de la discusión del proyecto de ley sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, durante el año 2018 hubo un total de 28.326 medidas cautelares por VIF, y por cada 10 medidas precautorias, hay un promedio de dos detenidos por desacato.
Diversos expertos y organizaciones han advertido respecto a la poca efectividad de las medidas precautorias, esto porque, en el caso de las órdenes de alejamiento, estas solo son medidas disuasivas que no otorgan tranquilidad a la víctima cuando el agresor está dispuesto a matarla. Por tanto, si la cautelar no se acompaña de otra medida de seguridad, como un brazalete de geolocalización, será prácticamente nula para proteger a una mujer que sufre de Violencia de Género.
