Radiografía a una mentira del Subdere sobre elección de gobernadores

El subsecretario Felipe Salaberry traspasó las fronteras básicas de la veracidad al afirmar livianamente que el Gobierno de Michelle Bachelet puso la carreta antes de los bueyes con la elección de gobernadores regionales. “Vera” en latín significa verdad y hay que sacarla a relucir ante semejante liviandad de una autoridad gubernamental, cuyo partido –la UDI– fue el único que se opuso al proceso de fortalecimiento regional, que es mucho más que la elección de gobernadores, que veta la ley de rentas regionales y que se quedó con todo el poder para hacer los traspasos de competencias relevantes hasta el 2021, pero no lo hacen.

El discurso oficial es un caso banal de hipocresía y corrupción programática. Disfrazados de regionalistas, quienes se levantan en nombre suyo no han propuesto ni abogado por ley de rentas, al tiempo que no han instado por la profundización de los procesos. De la nueva estructura de los gobiernos regionales, aprobada recientemente, figuran tres temas pendientes: los decretos que aprueban y definen las áreas metropolitanas; la Política Nacional de Ordenamiento Territorial –que debió eliminar el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y transformarlo en un Consejo Nacional de Desarrollo Territorial, que permitiera integrar la planificación urbana y rural– y el reglamento que regula el Plan Regional de Ordenamiento Territorial.

Sin este último reglamento, los gobiernos regionales no pueden sentar las bases de su desarrollo futuro. Sin embargo, se ha planteado discursivamente que la actual ley tiene errores, pero quienes así lo afirman son los mismos que desde el año 2009 se vienen oponiendo a la descentralización del país.

Esta situación es empujada por una coalición transversal de intereses corporativos,  ya que no tiene propuestas relevantes de nuevas potestades. El Gobierno del Presidente Piñera tuvo más de un año para proponer nuevas competencias de interés regional y no competencias residuales e insignificantes de ministerios y servicios, como finalmente terminaron proponiendo.

Lo que sí es de su interés, por el contrario, es levantar inhabilidades que permitan a los consejeros ser candidatos al Congreso, y de parlamentarios en ejercicio, hacerlo a gobernador regional, incluyendo opción de postergar la elección para que a los senadores y diputados conservadores no les salgan competidores. Entonces la simultaneidad permite eliminar ese riesgo a los barones y baronesas.

De este modo, argumentarán que se necesita completar el proceso, por el que no han hecho nada y buscarán postergar las elecciones de gobernadores, en un acto grotesco, para juntarlas con las nacionales, lo que invisibiliza la esfera pública regional y el debate de propuestas y proyectos territoriales esenciales a las democracias avanzadas.

Cabe señalar que cuando el Tribunal Constitucional ya no puede abortar las leyes que no le interesan a la derecha, el Presidente resuelve innovar y establecer nuevas mesas parlamentarias con el fin de revisar las leyes que surgen legítimamente del Parlamento y, con ello, reunir a personeros de conocida oposición al proceso de descentralización para que, como caja de resonancia, puedan transmitir cuál es la nueva política de contrarreforma de este Gobierno, en este caso, contra la descentralización y el desarrollo de las regiones.

Ojalá los actores bienintencionados no se presten para un juego maquiavélico y se concentren en que el Ejecutivo implemente la ley, y no sigan boicoteando la profundización de nuestra democracia e indispensable equidad para los territorios.