Opinión
Las protestas en Hong Kong contra la ley de extradición han copado las portadas de los medios internacionales causando sorpresa y extrañeza: ¿Cómo pueden manifestarse ciudadanos hongkoneses si China es un régimen comunista? ¿Qué diferencia a Hong Kong del resto del país? ¿Qué impacto tendrán estas protestas sobre la política exterior China?
Como es sabido, Hong Kong posee un estatus especial en el ordenamiento constitucional chino como resultado de su pasado colonial. En las negociaciones en entre 1982 y 1984 entre los gobiernos de Margaret Thatcher y Deng Xiaoping, la fórmula de “un país dos sistemas” permitió la devolución de la soberanía del territorio a la República Popular de China el 1 de julio 1997. Esta fórmula en realidad fue ideada con anterioridad con el objetivo de convencer a Taiwán de que la reunificación con China se realizaría respetando el sistema capitalista y democrático de la isla. La Región Administrativa Especial de Hong Kong nació así siguiendo una lógica experimental y pragmática dando lugar a un modelo sui generis de región autónoma dentro de un Estado unitario.
Hong Kong se convirtió así en un centro financiero internacional desde donde partieron las inversiones necesarias para la industrialización de la provincia de Guangdong. Esta función de “puerto franco” sigue siendo vital para Beijing a la hora de profundizar la internacionalización de su economía. Por ello, el actual proyecto de la Greater Bay Area de Guangdong-Hong Kong-Macao es considerado por las autoridades una pieza clave en la Cinturón y Ruta de la Seda gracias a su acceso privilegiado a los mercados financieros internacionales y su industria de alta tecnología.
Desde el punto de vista económico, la fórmula de “un país dos sistemas” ha sido todo un éxito, sin embargo, desde el punto de vista político la sociedad civil hongkonesa experimenta un proceso de politización inesperado. Los ciudadanos hongkoneses gozan de derechos y libertades civiles comparables a las democracias occidentales, pero sus derechos políticos se encuentran limitados. La mayoría de los analistas coinciden en calificar Hong Kong como una semi-democracia o un autoritarismo liberal. Esto ha quedado demostrado con la ilegalización de un partido independentista el año pasado y la prohibición, en 2016, a de seis diputados electos de ocupar sus escaños en la Asamblea Legislativa por no realizar debidamente el juramento a la constitución china.
Si bien en Hong Kong la libertad de expresión y manifestación están permitidas dentro de la legalidad, sus autoridades no son designadas por elección popular. Solo la mitad de la Asamblea legislativa es elegida democráticamente. Por su lado, el jefe del ejecutivo es elegido por un colegio de grandes electores, compuesto por representantes gremiales y empresarios, siendo nombrado finalmente por el gobierno central.
Paradójicamente parece existir una relación causal entre estos límites a la democracia y la alta autonomía de la región. Dado el alto grado de autogobierno de Hong Kong, Beijing parece no querer correr el riesgo de tener que lidiar con un gobierno de ideología opuesta. Hong Kong representa así un extraño caso de región con autonomía administrativa sin autonomía política. En resumen, si bien es cierto que “Hong Kong lo gobiernan los hongkoneses”, en realidad lo hacen los “patriotas hongkoneses”, tal y como expresó gráficamente Deng Xiaoping.
Las actuales protestas no pueden ser entendidas sin tener en cuenta este modelo institucional. El gobierno hongkonés con la intención de avanzar hacía la integración de la región con el resto del país, intentó, sin éxito y por iniciativa propia, adoptar una enmienda legislativa que crearía un sistema de extradición a China continental. Más allá de las consideraciones jurídicas sobre las deficiencias de este mecanismo, la opinión pública percibió esta enmienda como una amenaza a los derechos y libertades fundamentales. Esta controversia fue de alguna manera “la gota que colmó el vaso” del hartazgo de parte de la sociedad frente al alineamiento sistemático de sus gobernantes con los intereses de Beijing.
El ejecutivo hongkonés demostró entonces ser incapaz de hacer frente a situaciones políticas complejas donde la tecnocracia administrativa debe dejar paso a la experticia negociadora y comunicacional. Esto quedó reflejado en la prontitud con la que Beijing declaró no tener nada que ver con el origen de la enmienda dejando a la jefa del ejecutivo hongkonés, Carrie Lam, “a los pies de los caballos”. Del mismo modo, durante la redacción del texto, no hubo negociación alguna con la oposición democrática pese a la controversia que se iba a crear y los precedentes de las protestas de 2003 y 2014. A mayor abundamiento, ante las recientes movilizaciones el gobierno hongkonés torpemente decidió “huir hacia adelante” y tramitar la enmienda por la vía de urgencia, lo que terminó por caldear más los ánimos.
La sociedad hongkonesa, educada en los valores de la democracia liberal y el pluralismo, no dispone de instrumentos institucionales para influir en la agenda legislativa ni en las políticas públicas. El único medio disponible para “hacer política” es la manifestación callejera. A diferencia de las festivas y coloridas protestas de los “indignados” hongkoneses de 2014, ahora observamos con preocupación como el repertorio de acción colectiva ha evolucionado desde la desobediencia civil hacia la violencia, tal y como quedó reflejado en la ocupación de la asamblea legislativa el 1 de julio.
Con todo, la fórmula de “un país dos sistemas” no parece correr peligro. Si bien es probable que la sociedad hongkonesa siga polarizándose, el conflicto político en sí mismo no debería ser motivo de alarma. Al contrario, no parece que las protestas vayan a derivar en disturbios reales o conflictos diplomáticos de calado. Hong Kong es una sociedad de clase media, intercultural y pacífica, donde las opciones rupturistas, como el independentismo, no gozan de gran apoyo popular. Sin embargo, en el largo plazo, el inevitable avance de la integración de Hong Kong con China necesitará de nuevos mecanismos de participación para evitar la repetición de nuevos impasses políticos.
