Opinión
Chile, en comparación con los países de la OCDE, es de los más centralizados en materia fiscal. Al observar la participación de los gobiernos subnacionales en el total de ingresos y gastos del Gobierno general, en los países unitarios el gasto de los gobiernos subnacionales representa en promedio casi un 25% de aquel del Gobierno general, y para Chile esta cifra corresponde al 16,5%. Dado este contexto, y considerando nuestra tradición centralista, se puede esperar una consolidación del modelo actual de financiamiento regional, es decir, mediante transferencias altamente condicionadas al nivel central.
La dimensión con menos avance en el proceso de reformas a la descentralización, sin duda es la de Rentas Regionales. Al revisar la realidad de otros países unitarios en esta materia, se puede constatar que no existe un único camino para avanzar en descentralización fiscal. Un aspecto determinante ha sido el rol que históricamente ha jugado cada nivel de Gobierno en cuanto a recaudación o cobro de impuestos. Ello en gran medida determina la estructura de financiamiento posterior a las reformas políticas que está enfrentando Chile.
En términos generales, los ingresos de los gobiernos subnacionales en América Latina provienen principalmente de dos fuentes: impuestos (ya sean propios o compartidos con otros niveles de Gobierno) y transferencias intergubernamentales. Por ejemplo, en el caso de Colombia, se puede identificar un sistema de repartición o coparticipación de regalías sobre un sistema de impuesto predominantemente local y nacional. Salvo que en dicho país existen algunos impuestos regionales, como, por ejemplo, el impuesto a la cerveza.
Este sistema se ha venido forjando durante los últimos 50 años y se ha consolidado durante los 90 y comienzos del 2000. Anteriormente Colombia tuvo un sistema fiscal centralizado, de forma que el Gobierno nacional era el principal recaudador de los impuestos y el que asumía la mayor parte de los gastos. El tránsito de un sistema fiscal centralizado a uno descentralizado ha sido lento, gradual y más intenso después de las reformas políticas.
Para el caso peruano, se observa un diseño institucional similar. Desde el año 2002, el Gobierno nacional ha transferido importantes funciones y recursos fiscales a los gobiernos regionales, a la vez que ha reforzado ostensiblemente los ingresos de los gobiernos municipales. Ambos niveles de Gobierno han duplicado sus presupuestos en los años posteriores a las reformas de comienzos del 2000.
La modalidad principal de financiamiento de las regiones es mediante las transferencias del gobierno nacional y no tanto con recursos tributarios propios. El tradicional sistema fiscal centralista de Perú comenzó a cambiar rápidamente a partir de la Ley de Canon en el año 2001, la Ley de Bases de la Descentralización en julio de 2002 y la subsiguiente creación o ampliación de diversos fondos para el financiamiento de los gobiernos subnacionales en el país. Estas y otras normas han permitido una importante transferencia de recursos fiscales del Gobierno central hacia los gobiernos regionales y locales, que, según ciertos indicadores, actualmente situarían a Perú entre los países de mayor grado de descentralización fiscal en América Latina.
Al observar la experiencia de Colombia y Perú, se puede constatar que con posterioridad a las reformas políticas, más que crear nuevos impuestos, se consolidan procesos orientados a profundizar y reformular los mecanismos tradicionales de transferencias de recursos desde el gobierno central, ya que siempre representarán una parte mayoritaria de los recursos regionales, y un control relativo por parte del nivel central de Gobierno.
Chile, en comparación con los países de la OCDE, es de los más centralizados en materia fiscal. Al observar la participación de los gobiernos subnacionales en el total de ingresos y gastos del Gobierno general, en los países unitarios el gasto de los gobiernos subnacionales representa en promedio casi un 25% de aquel del Gobierno general, y para Chile esta cifra corresponde al 16,5%.
Dado este contexto, y considerando nuestra tradición centralista, se puede esperar una consolidación del modelo actual de financiamiento regional, es decir, mediante transferencias altamente condicionadas al nivel central.
Presumiblemente, se fortalecerá el Fondo Nacional de Desarrollo Regional o se creará algún otro fondo o instrumento que implique aumentar el nivel de transferencias gubernamentales a nivel regional, muy poco probable sería que se opte por una modalidad de impuestos regionales. No obstante y tal como se ha visto en Colombia y Perú, todo esto se puede ver dinamizado con la articulación de los futuros gobernadores(as) regionales, quienes serán actores fundamentales para que esta dimensión del proceso de descentralización se profundice.
