Opinión
Chile vive hoy un complejo momento histórico. Probablemente el más difícil después de la conquista de la democracia y de otros periodos históricos. Requiere como nunca del compromiso generoso y amplio de la política -de todos los políticos democráticos y progresistas que aman a su país y al sufrido pueblo- y la unidad inteligente, innovadora y sensible de las organizaciones de la sociedad civil movilizadas pacíficamente, para superar la crisis que conmueve a la familia, a los trabajadores, a las comunidades índigenas, a los más pobres, a la clase media endeudada y, en general, a la sociedad chilena.
Hoy es el tiempo de la buena política y de las buenas prácticas sociales y culturales, de aquellas que en los momentos difíciles siempre ha estado presente en nuestra Historia para construir puentes comunicantes, dialogar y crear consensos que apunten a superar los graves problemas históricos de la múltiple e ignominiosa desigualdad estructural que afecta a la mayoría de la población chilena.
Chile, cuando transitó hacia la democracia a fines de la década de los ochenta y comienzos de los noventa, lo hizo mediante un pacto político imperfecto -en cierta medida forzado o impuesto-, un acuerdo de los antiguos partidos reorganizados con otros nuevos, creados rápidamente en el marco de las luchas contra la dictadura. El pacto político, de entonces, no fue acompañado de un pacto social ni de un cambio de las instituciones autoritarias, especialmente de la Constitución de 1980, como debió haber sido. Ocurre, lamentablemente con frecuencia, que los procesos de transición de un régimen autoritario a otro democrático, heredan instituciones y expresiones políticas del pasado que, luego, dificultan enormemente la profundización de la democracia, el respeto y reestablecimiento de las libertades y los derechos ciudadanos. Al respecto, existen muchos ejemplos históricos europeos y latinoamericanos y, Chile, es precisamente, uno de ellos.
En Chile, todos/as conocemos cómo siguió la historia: el difícil y prolongado proceso de transición, con problemas incluso hasta hoy aún pendientes (por ejemplo, una Constitución política heredada, impuesta en 1980). Los gobiernos de la Concertación por la Democracia y el de la Nueva Mayoría, impulsaron programas y cambios importantes, como por ejemplo la disminución significativa de la pobreza y la reactivación de la economía, pero sin modificar en lo esencial el modelo neoliberal, impuesto por la fuerza. El país creció económicamente y se transformó en un “ejemplo” existoso y políticamente estable, a imitar y seguir. Pero en realidad, se implementó un “modelo” neoliberal ortodoxo consumista, con enorme desigualdad social, la que se fue incrementando y penetrando por diversos ámbitos de la vida social y cultural, incluidas las relaciones de poder. La lista de desigualdades es grande y conocida: bajas remuneraciones; bajas pensiones; deterioro y privatización de la salud y de la educación públicas; precarización del trabajo; tarifas elevadas de los servicios básicos (enería, transporte, carreteras, gas, telefonía, etc.); carestía de medicamentos y de otros bienes de consumo básico; escasas oportunidades de inserción laboral y social para los jóvenes; falta de reconocimiento de los pueblos indígenas; problemas de género no resueltos; escasa o nula participación ciudadana; problemas graves de contaminación y de vulnerabilidad frente al cambio climático (zonas de sacrificio); en resumen: enorme y creciente carestía de la vida frente a un bajo poder adquisitivo de la mayoría de la población.
Todos estos problemas estructurales de desigualdades múltiples, se fueron acumulando progresivamente y transformando en descontento y malestar social y, con el transcurso del tiempo se convirtieron en conflictos, latentes y visibles. Ello suele suceder en toda sociedad que no resuelve bien y oportunamente sus problemas y conflictos de fondo, que los posterga en función de principios y recetas ideológicas, como sucede con el modelo neoliberal rentista que ha dominado a Chile por décadas. Los movimientos y conflictos más visibles fueron: el movimiento de los Pingüinos del 2006, estudiantes secundarios que protestaron masiva e inteligentemente contra la mala calidad de la educación pública, que les deparaba un oscuro e incierto futuro; el movimiento estudiantil del 2011, impulsado por las federaciones universitarias, que luchó ejemplarmente a favor de la gratuitad y calidad de la educación superior, contra su privatización y el endeudamiento de los estudiantes. A comienzos de 2018 surge el Movimiento NO+AFP, impulsado por la Coordinadora Nacional de Trabajadoras y Trabajores, que perdura en el tiempo con sus movilizaciones y demandas por un cambio profundo del sistema privado de pensiones, que proporciona jubilaciones miserables. Movimientos étnicos, especialmente el mapuche, que lucha por su reconocimiento constitucional y por la recuperación de tierras ancestrales y autonomía. Surgen también en la última década los movimientos ambientales a los largo de todo el territorio, motivados por los impactos negativos de megaproyectos a los ecosistemas y a la calidad de vida de la población: ejemplar fue la lucha contra el megaproyecto HydroAysén en la Patagonia que pretendía producir energía desde el prístino río Backer y trasladarla a miles de kilómetros hacia el norte y ser usada por las explotaciones de la gran minería. La movilización ciudadana -el movimento patagones de fuerte impronta e identidad territorial-, impidió finalmente su implementación. De la misma manera, debe destacarse también durante el presente año (2019), la lucha contra la contaminación en las comunas de Quintero/Puchuncaví (región de Valparaíso) y Coronel (región del BioBio), las denominadas “zonas de sacrificio”, así como las luchas de diversas comunidades locales y productores, por el derecho y acceso al agua en tiempos de megasequias y cambio climático. En verdad, las llamadas “zonas de sacrificio”, se extienden a diversas localidades del país y generan enfermedades, malas olores, aguas contaminadas, ruidos insoportables y, en general, exposición a riesgos ante sustancias tóxicas. La mejor evidencia fue el desmayo inexplicable y frecuente de cientos de niños y niñas de escuelas de las comuna de Quintero y Puchuncaví, producto de las emanaciones de gases provenientes de la alta concentración de empresas que contaminan en dichas localidades. 2019, fue el año del movimiento feminista contra los acosos sexuales y la discriminación de género. Fue un movimiento con un gran impacto positivo en la sociedad y en las instituciones públicas y privadas. También en las universidades, donde tuvo su origen. En algunos casos, estos movimientos han logrado conquistas parciales, como los estudiantes (niveles parciales de gratuidad universitaria bajo el gobierno de Michelle Bachelet), proyectos de leyes en discusión en el Parlamento. La lista es larga, diversa y profunda. Las soluciones se dejan esperar. La política no sólo no reacciona con la debida rapidez y eficacia, sino que más bien en muchos casos muestra falta de voluntad, de empatía y de sensibilidad con los problemas reales y urgentes de la mayoría de la población chilena. A pesar de ello, las comunidades se movilizan en función de sus derechos fundamentales, contra la desigualdad y los oídos sordos de los grupos dominantes y por su calidad de vida y futuro de las nuevas generaciones.
La desigualdad es el fantasma que recorre el país de norte a sur y de la cordillera al mar. Es el fantasma que, en verdad atraviesa a muchas sociedades modernas, a la mayoria de las sociedades europeas, Estados Unidos y, desde luego, prácticamente a todos los países y regiones de América latina. No es el caso de explicar aquí en profundidad las causas de esta nueva desigualdad, que refuerza la históricamente existente. Sólo indicar que los procesos de globalización descomponen y desorganizan los sistemas sociales, precarizan el trabajo mediante la externalización, subcontratación, la desrregulación capital-trabajo, el debilitamiento de la democracia y el avance de la revolución tecnológica que destruye empleos. El capital financiero se independiza, parte importante de la economía se desterritorializa y neoliberaliza. La sociedad se individualiza y, en parte, desolidariza y, por su parte, la política subyace en el pantano del pasado, carente de nuevos paradigmas y de relatos acordes con los tiempos de incertidumbre, de cambio climático global y de las grandes trasformaciones que vivimos.
En este contexto, con toda seguridad la solución de fondo a la crisis social y política que actualmente vive el pais, pasa por la realización de un verdadero Pacto o Acuerdo Social Vinculante, como lo plantea la Carta Abierta de la sociedad civil, firmada por más de 300 organizaciones chilenas. El acuerdo social debería producirse entre representantes de la sociedad civil (trabajadores, organizaciones de mujeres, organizaciones de jóvenes, comunidades indígenas, profesionales, fundaciones e iniciativas ciudadanas relevantes, sindicatos, etcétera) y representantes de los partidos políticos, gobierno e instituciones públicas y privadas significativas (por ejemplo, asociaciones empresariales, asociaciones PYMES y pequeños productores, etcétera). Sin duda, se trata de un proceso de alta complejidad y tensiones, debido a la diversidad de intereses que representan. Por lo mismo que probablemente requerirían de una mediación que facilite el proceso de construcción del Acuerdo, que podría definir las bases para construir una paz social y política duradera y auténtica. La mediación la podría llevar a cabo por ejemplo un organismo internacional de prestigio y con la debida experiencia en conflictos de la naturaleza como el que se vive en Chile. Debería, obviamente, considerar la participación de las organizaciones de la sociedad civil que demanda cambios y, en general, de representantes de las instituciones públicas y privadas del país.
El mensaje de la mencionada Coordinadora de organizaciones de la sociedad civil, que agrupa a miles de personas activas en la base social: fundaciones, ONGs, múltiples iniciativas ciudadanas, etcétera, constituye una verdadera visibilización de la riqueza y dinamismo que existe en nuestra sociedad. Algo desconocido, pero real. Algo nuevo y digno de considerar y valorar. La lista de organizaciones es larga y muy diversa. Representa la renovación de la sociedad civil desde su base. Concebida con propósitos generosos, transparentes y solidarios. La Carta Abierta convoca a impulsar un Pacto Social, que tendría que ser necesariamente vinculante. Me parece que es un camino plausible, justo y muy pertinente, como posible solución a la crisis de trasfondo de las movilizaciones que conmueven al país y llaman la atención al mundo democrático. Es una muestra de que la sociedad chilena ha cambiado y, que a pesar del estado de emergencia y la represión, que incluso ha costado vidas humanas muchísimos heridos y detenidos arbitrariamente, ella está dispuesta a cambiar el orden nefasto de la desigualdad imperante. La violencia, ejercida por los agentes del Estado y por grupos o individuos no identificados, como se ha visto en estos días, no contribuye a resolver los problemas. Por el contrario, agrava la situación y, además, desvia la atención de los problemas de fondo por los que se movilizan las organizaciones sociales. Afortunadamente existe en el país desde 2005 el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que en estos explosivos días, ha denunciado diversos actos de represión contra manifestantes y participa activamente en el resguardo de los derechos ciudadanos.
Existen muchos diagnósticos y análisis sobre el agotamiento del modelo neoliberal rentista privatizador chileno. El inesperado estallido social, ocurrido en el país, es la mejor muestra del fracaso y crisis del modelo. En verdad, la multifacética y profunda desigualdad socio-ecológica-territorial y política, es el motivo de fondo que moviliza pacificamente a millones de chilenos y chilenas. Es, por lo tanto, el gran tema y problema que debe preocuparnos a todos. Construir un orden social justo, democrático, participativo e inclusivo, constituye el desafío urgente del momento. Representa también el gran desafío de la política, la que lamentablemente no ha estado a la altura de los tiempos y de sus urgencias socioambientales.
El cambio climático, es la otra gran prioridad del momento geológico planetario, que complejiza aún más la realidad actual y global. En efecto, el impacto y la manera de enfrentar al cambio climático, es también socialmente desigual. La solución a los graves problemas sociales debe necesariamente combinarse con políticas de adaptación al cambio climático. Se requiere tranquilidad, derechos políticos y sociales: caminos verdaderos de solución a los problemas de desigualdad histórica en contextos de globalización y cambio climático.
El gobierno en Chile, con todo lo desorientado y sobrepasado como está por la realidad, necesita con urgencia formular una Agenda Social, como al parecer la estarían discutiendo. Está aún por verse, el programa social que el gobierno finalmente presentará a la opinión pública y al Parlamento para que se traduzcan en leyes y apunte a resolver los problemas de fondo. Constituye un desafío enorme para un gobierno conservador. Pero representa también un desafío para la oposición política que, hasta ahora, carece de un planteamiento claro y de una alternativa futura de gobernabilidad sustentable.
Vivimos en Chile y en muchas sociedades modernas, la urgencia del tránsito a lo social y ecológico-climático. La diferencia cualitativa con otras urgencias y movimientos del pasado, es que la actual transición proviene de la sociedad misma, de las personas, de los niños y niñas, de los jóvenes, de hombres y mujeres de diferentes edades y tendencias sexuales, de comunidades indígenas. Lo novedoso del movimiento actual es que es intrasociedad, coadyuvado por el poder de la información, los saberes locales, el conocimiento científico y las tecnologías de comunicación e interconexión. La sociedad se renueva a partir de sus propias fuerzas y anhelos, acumulados y revalorados históricamente.
El contenido de estas breves reflexiones, realizadas en medio de las tensiones propias del malestar y las movilizaciones sociales en Chile, representan sólo los albores de la incursión en la complejidad de las transformaciones que, aceleradamente invaden y perturban las sociedades estructuradas y organizadas con parámetros de la era industrial del silgo XX. Estas transformaciones, considerada como epocal por algunos pensadores, geológica por otros o de posdesarrollo, implicará cambiar las miradas y visiones ancladas en el pasado. Puede implicar un punto de inflexión en las relaciones de poder, provocando una mayor fluidez y transparencia, que obligará a la política a renovarse profundamente en medio de las tensiones e incertidumbres locales y globales. La sociedad ya no será la misma. Tampoco los individuos. Lo importante es que se salve y resignifique lo mejor de la Historia social, los derechos humanos, el valor de la vida, el valor de la democracia y la libertad, el derecho a realizarse y a ser feliz en la maravilla de la Biosfera que aún nos sustenta.
