Opinión
Los recientes acontecimientos que ha sufrido el país, han llevado a algunos a levantar la voz señalando que ha fallado la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI). Probablemente el pasado viernes 18 de octubre será recordado como el día del primer ataque concertado y coordinado a la infraestructura crítica de Santiago, desencadenador de un estallido de movimientos sociales de distinta índole. Algo similar lo vivieron algunos países sudamericanos recientemente, por lo que se podría suponer que existía evidencia disponible que permitiera establecer una alerta estratégica nacional basada en estos indicadores.
La inteligencia junto con la contrainteligencia, son dos actividades del Estado destinadas por un lado a proveer a las autoridades en ejercicio, partiendo por el Presidente de la República, de información útil y relevante para el proceso de toma de decisiones estratégicas, más aún cuando se vea afectado el Estado de Derecho o la Paz. La contrainteligencia, también tratada en la misma Ley de Inteligencia, la 19.974 del año 2004, debe hacerse cargo de la custodia de los activos de información del Estado, como también de proteger a las personas que son claves para él, partiendo por los mismos integrantes del sistema, a los que debe controlar. Esta Ley se refiere a un “Sistema Nacional de Inteligencia”, donde la ANI es sólo una parte del él. ¿Es justo entonces criticar a un solo organismo, o se debe criticar al sistema nacional de inteligencia definido en la Ley?
Para que se pueda generar ese producto tan valioso para el Estado llamado Inteligencia, debe existir dirección estratégica. Se debe señalar precisamente que se debe buscar, y financiar los costos que eso conlleva, dado que sin esa dirección estratégica los organismos del sistema no saben que buscar. Es más, el hecho fortuito de encontrar información relevante, pese a no andar buscándola, que el mundo académico define como “serendipia” y que en el lenguaje coloquial se le llama “chiripazo”, ocurre el mínimo de las veces, por lo que basar la colaboración del sistema en el mero eufemismo de la “información residual”, no soluciona debidamente el problema. La inteligencia no es lo mismo que un buscador de google, al que se le pregunte cualquiera cosa y este responda en el acto, pero debemos reconocer que gran parte de la información hoy en día se obtiene de fuentes abiertas. Tampoco la inteligencia es necesariamente evidencia, para perseguir delitos y apoyar a los fiscales del ministerio público. Con la gran interdependencia de sistemas y actividades transnacionales la inteligencia necesariamente cruza las fronteras y requiere de la colaboración de organismos similares, lo que se hace cara a cara, por lo que el conocimiento personal es fundamental para desarrollar la confianza necesaria entre los distintos actores internacionales. Finalmente no hay ningún sistema informático que pueda reemplazar a las personas, ese clásico y notable grupo de agentes, hombres y mujeres, que de forma silenciosa y secreta logran obtener las piezas esenciales de información de fuentes cerradas, fundamentales para esta actividad de Estado. La HUMINT como se le conoce en la jerga internacional, es la capacidad más importante que un Estado debe desarrollar, con su propia escuela y doctrina.
Debemos ser capaces entonces de repensar el sistema nacional de inteligencia, tal como lo hizo Estados Unidos después del 11S donde pasó de 16 agencias de inteligencia que no colaboraban efectivamente a un sistema con una agencia adicional, la Dirección de Inteligencia Nacional (DNI) a cargo del General James Clapper o como en España lo logró el General Félix Sanz Roldán a cargo del Centro Nacional de inteligencia, que sobrevivió a múltiples gobiernos y dependencias de distintos ministerios, tanto del interior como de defensa y presidencia del gobierno.
También debemos tomar muy en serio lo que significa el desarrollo de la capacidad nacional de Inteligencia Técnica (SIGINIT, ELINT, MASINT, GEOINT, OSINT, etc) que comenzó en todos los países con la radiointerceptación y que hoy opera incluso en el espacio y en el ciberespacio, tal como lo hace el ministerio de relaciones exteriores británicos con el GCHQ, el ministerio de defensa de Estados Unidos con la NSA o Israel con su unidad 8200.
Es fundamental para el país contar con una Estrategia Nacional de Inteligencia, que cubra cada período presidencial, que sea la directriz estratégica del esfuerzo de búsqueda y que se desarrolle por cada equipo de gobierno antes de a llegar a la Moneda, pero que el respectivo Plan Nacional de Inteligencia anual, converse con la Ley de Presupuesto, de tal forma de poder alinear el esfuerzo estratégico con los recursos necesarios atendiendo a los indicadores estratégicos, dado no es lo mismo el esfuerzo en condiciones normales que cuando se generan crisis de cualquier índole. No puede ser que en el parlamento se decida dejar con un peso las partidas de gastos reservados para financiar actividades de inteligencia de las policías. Eso demuestra no comprender la importancia que tiene esta actividad. Los hechos hoy a la vista de todo el país lo demuestran.
En la actualidad prácticamente todos gestionan por riesgos y es precisamente ese mapa de riesgos y amenazas para el país el que se debe revisar contantemente, no sólo para estar de acuerdo con ellos, sino además para validar la probabilidad de ocurrencia de ellos (al menos como baja, media o alta), sino que el impacto que ellos tienen en el país, junto con los respectivos planes para mitigar estos riesgos (disminuyendo al menos el impacto), junto con la planificación asociada para hacerse cargo de cada uno de ellos. Estos escenarios siempre deben están revisándose con el supuesto de “qué pasaría si” (el conocido “What If” anglosajón). Es notable entonces que el Foro Económico Mundial todos los años evalúe los riesgos globales y en los últimos dos años se nos señale que los dos o tres riesgos más dañinos y de mayor probabilidad de ocurrencia estén asociados a desastres naturales, para los cuales tenemos a la ONEMI (y prontamente una Agencia Nacional de Emergencia) para hacerse cargo, pero para el que aparece en tercer o cuarto lugar, los Ciberataques, todavía no tengamos un organismo del Estado a cargo de gestionarlos.
Si queremos vivir en paz, debemos anticiparnos a las amenazas que nos puedan afectar y eso requiere invertir en un mejor sistema de inteligencia nacional como también en un nuevo sistema nacional de ciberseguridad. Se debe apurar el tranco en el desarrollo de las modificaciones a la Ley de Inteligencia en base a la experiencia vivida, como también el ejecutivo debe ingresar al más breve plazo la ley marco de ciberseguridad, formalizando desde ya con un cargo en el Estado, al delegado presidencial Mario Farren.
Desde el Senado, donde estamos tramitando la reforma a la Ley de Inteligencia en la comisión unida de Seguridad y Defensa, pondremos todas nuestras capacidades, de los asesores externos y expertos en la materia para sacar lo más pronto este nuevo Sistema Nacional de Inteligencia, que converse anualmente con la ley de presupuesto y esperamos que ingrese muy pronto, para ser tratada por la misma comisión unida, la ley marco de Ciberseguridad. Sin Sistemas Nacionales, con procesos definidos y estandarizados, personas competentes y entrenadas y presupuesto suficiente, es imposible garantizar al país anticiparnos o enfrentar las amenazas complejas y asimétricas que hoy afectan a la humanidad y nuestro país en particular.
