Declaraciones colectivas sobre el derecho a la alimentación en Chile

“De cómo las naciones se alimentan, depende su destino”, decía en 1825 el primer gastrónomo de la historia, Jean Anthelme Brillat-Savarin en su libro Fisiología del gusto. Su consigna, que declara que la alimentación es fundamental para la estabilidad, el bienestar y el progreso social, económico y político de los pueblos, se vuelve hoy fuente de motivación para abordar los eventos que han ocurrido en Chile y los procesos que ellos anuncian. En vistas de las manifestación sociales actuales que exigen cambios estructurales en la política y la legislación, tres mujeres de la región de Valparaíso –autodenominadas “Las alimentantes”– quisimos aportar a la organización de una reflexión conjunta y al diálogo ciudadano. Nos preocupa que nuestra actual Constitución no hace referencia directa al derecho a la alimentación, lo que repercute de modo directo en las políticas públicas relativas a nuestro modo de alimentarnos, desde las áreas de producción/extracción sostenible de materias primas, como en la protección patrimonial de nuestros alimentos, la promoción cultural de nuestras cocinas, hasta la necesidad de asegurar una alimentación saludable de alcance universal.

Por esta situación, convocamos un cabildo ciudadano dedicado a la alimentación en la ciudad de Valparaíso, que tuvo lugar el pasado 3 de noviembre de 2019. El objetivo de esta reunión fue dialogar, diagnosticar y propones lineamientos fundamentales que puedan tener cabida en la nueva constitución de nuestro país. En dicho encuentro participaron activamente 72 (setenta y dos) personas, en su mayoría habitantes de la Región de Valparaíso, pero también muchos de la Región Metropolitana. La propuesta fue simple, aunque desafiante: discutir sobre las carencias de nuestras políticas públicas referidas a la alimentación, de modo de proponer derechos y garantías fundamentales que una nueva constitución pudiese contener en orden a subsanarlas. En este sentido, nos comprometimos desde el primer momento con la posibilidad real de un proceso constituyente ciudadano, pues estamos conscientes y convencidas de que los grandes déficits legales que podemos detectar en materia alimentaria tienen su fuente en la desprotección en que el Estado de Chile ha dejado a la que es quizás la práctica más fundamental para la vida humana y su bienestar: el comer.

Para lograr nuestros objetivos, era necesario contextualizar nuestra inquietud. En efecto el derecho a la alimentación existe y es una figura jurídica ampliamente reconocida tanto por organismos internacionales como por Estados-Nación alrededor del globo. Presente ya en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 como parte de lo que asegura el derecho a un nivel de vida adecuado (art. 25), fue especificado y confirmado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966. En 1996, los Jefes de los Estados y Gobiernos firmantes de dicho pacto, reunidos en la Cumbre Mundial sobre la Alimentación en Roma, reafirmaron “el derecho de toda persona a tener acceso a alimentos sanos y nutritivos, en consonancia con el derecho a una alimentación apropiada y con el derecho fundamental de toda persona a no padecer hambre”. En 1999 se le introduce una observación general que operacionaliza los conceptos utilizados en la formulación del derecho, determina obligaciones y violaciones, hace referencia a la necesidad de contar con una legislación marco, establece obligaciones internacionales, entre otras observaciones. En 2003, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) estableció un Grupo de Trabajo Intergubernamental para proponer un conjunto de líneas directrices relativas a la aplicación del derecho a la alimentación en los distintos países, que se concretó en 2004 y fue aprobado por 187 Estados Miembros del Consejo General de la FAO. Chile ha sido parte firmante de todos y cada uno de estos pactos internacionales, ratificando el que contiene explícitamente el derecho a la alimentación mediante el Decreto nº 326 del 29 de abril de 1989.

Aún así, el derecho a la alimentación no tiene lugar explícito en nuestra constitución política. Se relaciona indirectamente con el derecho a la vida y la integridad física, pero no se reconoce como derecho autónomo, a diferencia de cómo lo hacen otros 14 países en América Latina y el Caribe, entre los que se cuentan Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Colombia y Cuba. Incluir explícitamente el derecho a la alimentación a nivel constitucional implicaría, para Chile, el requerimiento de una “ley marco” sobre alimentación, que tributara a dicho derecho y permitiera articular desde un cuerpo legal unitario la gran cantidad de leyes, decretos y normas administrativas que refieren directa e indirectamente a la alimentación. Hoy, estas leyes se encuentran dispersas en distintos textos sin comunicación efectiva entre ellas, además de contar flagrantes omisiones, sobre todo en materia de promoción y resguardo del patrimonio alimentario y la cultura gastronómica.

La metodología que utilizamos en este primer cabildo alimentario fue pensada para abordar específicamente el texto constitucional. Por ello, invitamos a todos los participantes a dialogar hasta llegar a la formulación más concreta y simple de lo que ellos consideraran un derecho fundamental referido a la alimentación. Los resultados fueron sorprendentes en términos de consenso, sin perjuicio de que se dio un extenso y complejo debate en torno a muchos de los temas.

En primer lugar, todos estuvimos de acuerdo en la necesidad de contar con verdadera soberanía alimentaria para Chile. En síntesis, se trata de un concepto que refiere a la posibilidad efectiva de autodeterminación en relación con nuestros sistemas alimentarios, que cuestiona las dinámicas y concentraciones del poder que pueden hallarse en diversos eslabones de la cadena de la alimentación. Si la seguridad alimentaria es el objetivo del derecho humano a la alimentación, que señala el acceso universal a alimentos adecuados, la soberanía alimentaria tendría que ser el medio: señalaría hacia la necesidad de democratizar todos los procesos que nos llevarían, como país, a decidir cómo y de qué alimentarnos. Este tema es de especial preocupación dado nuestro contexto histórico-político: la de un modelo capitalista de producción, altamente concentrado y transnacionalizado. Se discutió así la posibilidad de participación directa en decisiones sobre el tema, mediante plebiscitos, asambleas y otros procesos afines. También se consideró necesario para el concepto de soberanía alimentaria la determinación de derechos colectivos por sobre ciertos derechos individuales. En este sentido, una materia considerada urgente y directamente relacionada con la producción de alimentos, es la de remover de la Constitución actual el artículo 24 que consagra el carácter privado de las aguas, cuestión que además contradice la resolución de Naciones Unidad nº 64/292, que reconoce el acceso al agua potable como un derecho humano fundamental. Otro tema abordado en este registro, es el de la concentración de la tierra, cuestión que se ha convertido en un problema transversal en Latinoamérica, y que sin duda pone en riesgo la posibilidad de decisión sobre los modos productivos y los sistemas alimentarios que ellos sostienen.

Un segundo punto de consenso, fue la necesidad de contar con un derecho explícito a una alimentación sana, segura, sostenible y culturalmente adecuada. Notamos que para esto es clave que logremos definir correctamente qué se entiende por alimentación saludable, cuestión hoy no totalmente zanjada y muy poco discutida a nivel político. Dicha alimentación tiene que ser segura, es decir, tanto inocua como disponible para todas y todos, sin desequilibrios distributivos. Debe ser sostenible, es decir, suficiente tanto hoy como en el futuro, para lo cual es necesario cuidar que la producción de materias primas sea ecológicamente responsable –el concepto más utilizado fue el de agroecología–, socialmente justa y sustentable económicamente –mediante nociones como la de circuitos cortos. Se reconoce que para esto es necesario el resguardo de nuestros suelos, de la biodiversidad comestible y de los ecosistemas naturales y culturales en los que ella se produce y transforma. Concretamente, esto también podría traducirse en un derecho al ejercicio de sistemas productivos a escala local y sostenible, que protejan y promuevan el uso de semillas libres, la valorizar nuestro territorio, de las personas que lo habitan y de los modos tradicionales de producción de alimentos. Relacionado con el punto anterior, también se habló de un derecho de acceso al agua como sostenedor del patrimonio agroalimentario nacional.

Un tercer consenso dice relación con el derecho a la educación en materia alimentaria. Este comprende, por un lado, la necesidad de fomentar la investigación científica y, por otro, garantizar información certera, clara y transparente respecto de nuestros alimentos. Coincidimos en que los verdadero cambios profundos respecto de nuestros modos de alimentarnos y de los sistemas que los sostienen deben darse desde la sociedad misma, a partir de una adecuada y sistemática educación en temas de alimentación, que comience desde la primera infancia. Necesitamos una formación integral que nos ayude a comprender que comer es un acto específico relacionado con una serie de otras prácticas culturales: desde el cuidado y uso de nuestras semillas y nuestra especies animales endémicas, pasando por las transformaciones que dichas materias primas sufren gracias a la técnica y a la cocina, hasta el consumo mismo de dichos alimentos. Y que involucra también a las personas que participan en dicha cadena: pescadores, agricultores, transformadores primarios, cocineros, educadores, comunidades, familias, entre muchos otros.

Mientras no tengamos una estrategia educativa que nos permita conocer en profundidad nuestra relación con los alimentos, no podremos tomar conciencia de su importancia y de la necesidad de su resguardo, para nuestra salud, nuestra vida en comunidad y para la viabilidad y bienestar de las futuras generaciones de chilenas y chilenos.

Estimamos que el verdadero valor de estos acuerdos, más allá de si son rigurosos y completos, es que fueron construidos colectivamente, por personas que se encontraron y conocieron motivadas por hacer de Chile un país mejor. Esperamos que este documento sirva de insumo tanto para otras iniciativas de participación ciudadana, como para lograr un consenso a nivel de las exigencias que nuestro país tiene para su nueva constitución política.

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* Participantes del primer cabildo por la alimentación del nuevo Chile:
1. Fabiola Leiva Cañete, 2. Enrique Schadenberg, 3. José Luis Bahamondes, 4. Martina Knittel, 5. Isadora Toledo Guerrero, 6. Braulio Tapia Alvear, 7. Betzabe Herrera Durán, 8. Amelia Hernández Moris, 9. Priscilla Luna Vial, 10. Obryan Tapia, 11. Catalina Olmos, 12. Francisca Fuentes Aguilera, 13. Gabriela Estrella, 14. Carolina Quezada, 15. Marlene Rodríguez, 16. Andrés Muñoz Ortíz, 17. Claudia Catalán, 18. Fabiola X., 19. Ismael Carvajal G., 20. Paulina Ríos Ramirez, 21. Mauricio Muñoz, 22. Ester Chavarría, 23. María Teresa Martinez, 24. Alejandra Cancino, 25. Carolina Díaz Pinto, 26. Valentina Ramírez P., 27. Pedro Musalem, 28. Alejandra Serey-Weldt, 29. Elisa Rojas Videla, 30. Francisca Rioseco Castillo, 31. Beatrice David, 32. Maria Paz Muñoz Bravo, 33. María Carolina Alvarado A., 34. Carmen Eva Guzmán, 35. Pablo Saravia Ramos, 36. Milca Roco Serey, 37. Macarena Alvarado, 38. Alejandra Valencia, 39. Rodrigo Córdova A., 40. Pablo Mujica Alvarez
41. María Contesse, 42. María José Valenzuela R., 43. Oscar Barrera M., 44. Robinson O. Cortés, 45. Nelly Zuñiga Pino, 46. Gabriela Gambetta Olivares, 47. Daniel Gómez Rodriguez, 48. Alda Marquez, 49. Rodrigo Gorigoitia, 50. Vanessa Domínguez, 51. Isabella Tarantola, 52. Carlos Reyes, 53. Fee Schaarschmidt, 54. Daniela Aravena C., 55. Pablo Díaz, 56. Josef Dobraszczyk, 57. Andrés Tampe, 58. Vania Fica, 59. Ma. Eugenia Llanos, 60. Fernanda Medina, 61. Daniela Morales, 62. Jorge Rosenthal, 63. Robinson Ortega C., 64. Eduardo Muñoz Álamos, 65. Camilla Villagran
66. Marcela Alvarado Leiva, 67. Francisco Saldaño, 68. Lientur Osorio, 69. Ariel Gómez, 70. Javiera Luco, 71. Valeria Campos, 72. Ma. Alejandra Carrillo