Acuerdo por la paz social y la nueva Constitución

La mayoría de los partidos políticos, en un acuerdo histórico, que podría llevar al término de la transición, han acordado efectuar un Plebiscito en el mes de abril de 2020, que debiera lograr que, por primera vez en nuestra historia, se redacte una Constitución de una forma realmente democrática, esto es con la participación del pueblo que, en el ejercicio de su calidad de Soberano, elegirá una Convención (Asamblea) Constitucional.

El acuerdo se limita, en 12 puntos, a referirse a la forma en que se deberá llevar a cabo el proceso constituyente, generando un nuevo pacto social, pero no podemos olvidar que la paz social no se logrará solo con una nueva Constitución, dejando de lado otras cuestiones fundamentales como son la verdad, justicia y reparación ante las atroces violaciones a los Derechos Humanos cometidas en estos 30 días, así como la solución a los graves problemas que aquejan a los chilenos.

La nueva Constitución.

Partiendo de la base que en el Plebiscito de entrada gane la opción de Convención Constitucional, el acuerdo presenta aspectos que podrían tener letra chica a la que estamos acostumbrados. Entendemos que el acuerdo implica cambiar totalmente la Constitución y redactar una nueva, “hoja en blanco”.

En primer término, el quorum de 2/3 establecido para la aprobación de la nueva constitución en la Convención Constituional, pese a lo elevado, puede aparecer como razonable pero no puede ser un absoluto, por lo que será vital que el trabajo que se realice en la Comisión Técnica, que será paritaria entre la oposición y el oficialismo, no se transforme en una “cocina”.

Estimamos que se debe establecer un mecanismo para resolver las discrepancias en materias que son de la esencia de una constitución, como serían el sistema político, los derechos fundamentales y las normas sobre reforma de la Constitución entre otros, que a nuestro juicio no pueden quedar al resorte de una ley.

Puede que surja la legitima discrepancia respecto de un régimen presidencial versus uno parlamentario o sobre un parlamento unicameral contra uno bicameral, sin que se logre el quorum de 2/3, o que un 34% de los miembros de la convención se niegue a considerar derechos sociales, económicos, culturales y ambientales, así como los sexuales y reproductivos. Esas son materias que en caso alguno puede quedar entregadas a la Ley, lo que ocurrirá si no hay acuerdo.

En el caso de la organización política del país, no podemos permitir que sean los parlamentarios quienes la determinen por la vía de la Ley, por estar directamente beneficiados o perjudicados por las decisiones, además de requerirse mayor estabilidad en sus normas.

De igual forma, los derechos constitucionales no pueden quedar al arbitrio del legislador, de ser así cualquier Ley podría pasar sobre estos, como aconteció en la Dictadura Cívico Militar cuando la Junta de Gobierno se arrogó las facultades constituyentes.

En consecuencia, aparece vital establecer un mecanismo para resolver dichas situaciones mediante un referéndum, para que el Soberano se pronuncie.

En segundo lugar, consideramos que el mecanismo electoral que se empleé, debe resguardar la igualdad en el acceso a los cargos de miembro de la Convención Constitucional, por partes de los independientes y miembros de la sociedad civil, el actual sistema electoral no lo permite, siendo sintomático que, en la última elección, de 155 Diputados, solo 1 fuera elegido como independiente fuera de un pacto.

Los partidos políticos deben asumir que este no es su momento, sino que él de la ciudadanía y de la sociedad civil, no entenderlo así puede dejar en ciernes un nuevo estallido social.

Dicha igualdad podría lograrse permitiendo que, en la elección de los constituyentes, las organizaciones de la sociedad civil, en su más amplio concepto, puedan presentar listas de candidatos y celebrar pactos entre ellas, como si fueran partidos políticos, o estableciendo para la elección un sistema uninominal mayoritario, en el que el votante puede elegir un único candidato de entre los que se presentan, proclamándose ganador aquel que recibe el mayor número de votos, como se existe en el Reino Unido, Canadá y EEUU, para la elección de parlamentarios.

En tercer término, la inhabilidad sobreviniente de los miembros de la convención para ser candidatos y candidatas a cargos de elección popular, por un año desde que cesen en su mandato, aparece como insuficiente, ya que los propios interesados en una futura elección estarían definiendo las condiciones de estas, lo que es inaceptable. La prohibición debiera ser de, a lo menos, 10 años, para evitar esa perversa tentación en los constituyentes. El regulado no puede crear las reglas que después se le aplicarán.

En cuarto lugar, consideramos que se deben establecer mecanismos de participación ciudadana durante el funcionamiento de la Convención Constitucional, como ocurrió en los procesos de Islandia y Ecuador.

En último término, consideramos que deben establecerse cuotas de cargos para las mujeres, pueblos originarios y personas con discapacidad, como se ha hechos en otros procesos constituyentes. No basta con que se establezca solo un porcentaje de candidaturas.

Si seguimos con la forma de hacer política que ha imperado desde la recuperación de la democracia, no se aprovechará la enorme oportunidad que nos ha brindado la protesta social por la dignidad, porque este no es logro de la clase política que, con mayor o menor razón, está ampliamente desprestigiada, lo que se releja en la última encuesta Pulso Ciudadano que arroja que un 63,5% de los encuestados aseguró que optará por una Convención Constitucional (solo ciudadanos) para confeccionar el texto.

Acuerdo Por la Paz Social.

Si bien un nuevo Pacto contribuye a la Paz Social, cuando es verdadero y refleja a nuestra sociedad, extrañamos en el acuerdo otros aspectos, como es la solución a los principales problemas que aquejan a los habitantes de nuestro país, esto es reducir la desigualdad, mejorar la salud, la educación y las pensiones, entre otros.

El país que hemos construido desde la dictadura está marcado por la aporofobia, que se cruza con el racismo y la xenofobia. La fobia a los pobres ha provocado que los erradicáramos, los sacáramos de sus hogares y los enviamos a verdaderos guetos en la periferia de nuestras ciudades, lejos de sus trabajos, con extenuantes jornadas laborales y con cuatro horas diarias de desplazamiento solo para ir a laborar y volver, les negamos el derecho al ocio y a la vida familiar. Un Ministro de Estado, absolutamente desconectado de la realidad, le dice a la gente que para ahorrarse $30 se levanten más temprano. Esa fue la gota que colmó el vaso, no quisimos ver las anteriores que fueron mayores y más evidentes.

La enorme desigualdad ha provocado una creciente delincuencia y no hemos hecho nada por resolverla de verdad, hemos copiado un modelo fracasado que se basa en la represión y cárcel.

Hemos cometido crímenes horrendos con nuestros niños, niñas y adolescente, los abandonamos al SENAME, que fue tomado como botín político, sin atender a quienes debían. Son crímenes de lesa humanidad.

Como nos señaló Martin Luther King, Jr. “este no es el momento de tener el lujo de enfriarse o de tomar tranquilizantes de gradualismo. Ahora es el momento de hacer realidad las promesas de democracia.” (Tengo un sueño, Discurso en Washington, D.C. 28 de agosto de 1963)

Chile cuenta con recursos para resolver los problemas que nos aquejan, nuestros viejos no pueden esperar para pensiones dignas, morirán antes fruto de la pésima salud pública que reciben, con un Estado que se niega a invertir lo que debe.

Nuestros ancianos, ancianas, niños, niñas y adolescentes no pueden esperar gradualidad, las soluciones deben ser inmediatas.

Durante este estallido social se están cometiendo por los Agentes del Estado de un modo grave, sistemático y generalizado violaciones a los Derechos Humanos. Las policías han torturado, violado, mutilado y matado desatadamente, con la complicidad del Gobierno. Lo que no veíamos desde la dictadura y, desde hace años, en el Wallmapu. La situación sería más grave si el Poder Judicial y el Contralor General de la República no hubieren actuado a la altura de las circunstancias

Es de extrema gravedad que, en la Audiencia Celebrada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el 11 de noviembre de 2019, en Ecuador, el Comisionado Luis Ernesto Vargas Silva, relator de Derechos Humanos para Chile, manifestó que desde febrero de 2018 está pidiendo concurrir a revisar el portafolio de Derechos Humanos en Chile, sin recibir respuesta del Estado chileno. ¿Por qué el Gobierno se ha negado?

Para lograr la paz social se requiere el inmediato cese de las violaciones a los Derechos Humanos y la brutal represión que hemos sufrido, así como la verdad, justicia y reparación a las víctimas.

Terminamos recordando, nuevamente, a Martin Luther King, Jr. en el ya citado discurso, que es plenamente aplicable a nuestro país, “Estados Unidos ha dado a los negros un cheque sin fondos; un cheque que ha sido devuelto con el sello de «fondos insuficientes». Pero nos rehusamos a creer que el Banco de la Justicia haya quebrado. Rehusamos creer que no haya suficientes fondos en las grandes bóvedas de la oportunidad de este país. Por eso hemos venido a cobrar este cheque; el cheque que nos colmará de las riquezas de la libertad y de la seguridad de justicia.”