Opinión
Una ley de Rentas Regionales debiera tener un fuerte control para evitar la corrupción, el despilfarro y el uso clientelar. Los recursos debieran destinarse a regiones, municipios y autonomías indígenas en porcentajes a precisar (debiera ser 50 regional, 30 municipal y 20% indígena) con consejos públicos-sociales y empresariales de asignación y auditoría de los mismos, con servicios territoriales garantizados por estándares a pactar en movilidad eléctrica, trenes, redes de agua potable y de riego agrícola sustentable, parques científico tecnológicos aplicados, logística e integración con vecinos, infraestructura verde, cuidado de la infancia y seguridad ciudadana integral.
La única salida que veo a la crisis es pactar con la Mesa de Unidad Social un proceso constitucional sin vetos elitarios (2/3 y exclusión plataformas sociales e indígenas), y realizar ahora el acuerdo de reforma social que permita pilar solidario sustantivo en lo previsional, seguro único de salud, fin deuda CAE.
Respecto de la dimensión de inequidad territoria, la Ley de Rentas Regionales aparece como la única necesidad urgente. Esto es pasar del 21% al 25% del PIB como Carga Fiscal de manera clara e incremental de aquí al 2025, en que se celebra además los 200 años del Tratado de Tapihue entre Chile (presidencia Freire) y los mapuche. Si en lugar de patentes minúsculas – como hoy existen en lo comercial, minero, acuícola, casinos-, se saltara definitivamente a royalties a las ventas por recursos naturales del 10 % se lograría dicha meta, liberando al Gobierno central del gasto subnacional para que lo destine a la reforma en pensiones y salud, y entregando, a su vez a regiones, municipios y autonomía indígenas, recursos para diversificar sus economías, contar con infraestructura verde y desarrollo social.
Lo anterior requiere coraje político y tras treinta años de transición, en que se mantiene la misma carga tributaria de la dictadura (más menos 20% del PIB), resulta indispensable hacer una ley no eludible que permita recuperar estos recursos por recursos naturales en todos los territorios, obviamente con fondo de convergencia y solidaridad ínter regional. Para aquellos se debieran tomar los sectores que recomendó unánimemente grabar por la Comisión Presidencial del 2014 y se añaden otras con altísimas ganancias como el sector bancario: forestales/celulosa, acuícola, mega pesqueras, mineras metálicas y no metálicas (desde el 3.8 actual), puertos y aeropuertos, casinos (adicional al actual regional municipal añadiendo para las comunidades indígenas del país), eléctricas, exportaciones frutícolas, bancos, sanitarias, además de terminar las grotescas exenciones del impuesto territorial de las mega plantaciones y faenas extractivas.
Probablemente, la elite duopólica volverá a la carga con que esto se elevarán los costos, se perderá competitividad y otras monsergas del neoliberalismo expoliador. Recordemos que hoy todos los autores serios del desarrollo (Gudynas, Porter, Putnam, Stigliz, Messner, Hilligrand) coinciden en que hay superar el mal del extractivismo evitando la subtaxation (bajo o nulo cobro de impuestos) para que exista renta para el desarrollo territorial, ciencia y tecnología, industrialización.
Esta ley, con gradualidad 2020-2025, debiera tener un fuerte control para evitar la corrupción, el despilfarro y el uso clientelar. Los recursos deben destinarse a regiones, municipios y autonomías indígenas en porcentajes a precisar (debiera ser 50 regional, 30 municipal y 20% indígena) con consejos públicos-sociales y empresariales de asignación y auditoría de los mismos, con servicios territoriales garantizados por estándares a pactar en movilidad eléctrica, trenes, redes de agua potable y de riego agrícola sustentable, parques científico tecnológicos aplicados (con las universidades del CRUNCH y la AUR), logística e integración con vecinos, infraestructura verde, cuidado de la infancia y seguridad ciudadana integral.
Debiera haber autonomía en gasto, con dos reglas obligatorias para tener el impacto en activación económica (no lograda desde los incentivos al empresariado rentista): al menos el 50% debe ser en inversión en infraestructuras, el 20% en lo verde contra el cambio climático y el 20% en Investigación, desarrollo y fondos de fomento productivo.
Esto se hace en un centenar de países, y desde los escandinavos a lo obrado por Bolivia. Las grandes empresas no huyen de los países cuando pagan altos royalties, y que sí eluden patentes e impuestos a la renta con planes de inversión en otros países, usureros supuestos préstamos y servicios desde sus casas matrices, compra de empresas pequeñas con pérdidas para no pagar tributos, entre otras prácticas corruptas y evasivas toleradas por el Estado chileno y el SII.
El coro de críticas y estudios contratados por el lobby oligárquico y transnacional resonarán. Pero aquí hay un camino: fortalecer a los municipios (alta aprobación ciudadana), a las regiones que elegirán gobernadores y a las autonomías indígenas, liberando al Estado central de gastos, de modo que el mismo se concentre en la seguridad social estructural que la sociedad demanda.
